Polémica por la lista para elegir el consejo de RTVE
La inclusión de un exsenador del PP que incumple los requisitos provoca críticas
El concurso público para la elección del consejo de administración de RTVE avanza a un ritmo lento y envuelto en polémica. El BOE publicó el pasado martes la lista de los 92 admitidos y los 11 excluidos. Entre estos últimos figuraba el exdiputado y exsenador del PP José Manuel Peñalosa, que al no ser titulado universitario incumplía uno de los requisitos exigidos en el reglamento del concurso. Pese a todo, impugnó su exclusión y su reclamación ha sido atendida.
Esta decisión ha generado malestar en algunos miembros del comité de expertos que evalúa las candidaturas e indignación entre el resto de los aspirantes. El colectivo MujeresRTVE, que impulsó las protestas de los viernes negros, ha exigido que no haya “trampas” y que el proceso sea “limpio”.
En la documentación que acompañaba su candidatura, Peñalosa no acreditó estar en posesión del título de doctor, licenciado, grado o título equivalente. Para defender su solicitud expuso una relación de méritos, que se circunscriben a una dilatada trayectoria política en las filas del PP desde 1980, cuando ejercía de secretario técnico y gerente provincial en Zamora. Más tarde fue concejal del Ayuntamiento de esa capital y posteriormente, senador, diputado, asesor del consejo de RTVE y miembro de este organismo entre 2012 y 2018. Siempre avalado por el PP.
La exclusión y posterior admisión de Peñalosa ha provocado una quiebra en el seno del comité de expertos que tiene encomendado el examen de las solicitudes y su calificación. Diez de los 17 miembros han remitido una carta a la Mesa del Congreso y del Senado y a la Comisión de RTVE en la que expresan su “disconformidad” con la aprobación de los recursos que no cumplen las normas aprobadas por esas mismas Mesas. “Entendemos”, dice el escrito, “que esta exigencia se ajusta estrictamente a las normas establecidas por la ley de reforma de 2006 y la de 2017. Y que su ausencia no puede ser compensada por ningún otro mérito alegado”.
La queja motivada, que no ha sido firmada por los expertos propuestos por PP y Ciudadanos, sostiene que pasar por alto en un caso concreto la exigencia de un requisito es “un agravio comparativo” respecto a otros potenciales candidatos. Creen también que esta situación propicia “recursos e impugnaciones” y contribuye a desprestigiar su propia labor.
De momento, la Mesa de la Comisión de RTVE, que se reunió el jueves, no ha ejecutado la decisión adoptada por las Mesas del Congreso y del Senado de dar por buena la candidatura de Peñalosa. Por el mismo motivo fueron excluidos el productor Miguel María Delgado y el empresario Óscar Pierre, que hasta junio formaba parte del consejo de la corporación a propuesta de CiU.
Algunos candidatos que sí cumplen los requisitos académicos sostienen que admitirlos vulneraría el derecho de muchas de personas no tituladas que podrían igualmente haberse presentado. Además, critican que los “méritos” de Peñalosa están vinculados a un partido político e inciden en que se ha menoscabado el derecho a la igualdad de oportunidad.
Se amplía el plazo para presentar el proyecto de gestión
El presidente del comité de expertos, Diego Carcedo, considera que la decisión de admitir o excluir a Peñalosa del concurso “es una cuestión que afecta exclusivamente a la comisión parlamentaria de RTVE”. “El comité respeta lo que decida. Si recibimos el expediente evaluaremos el currículo y el proyecto como todos los demás”. Carcedo califica de “ímprobo” el trabajo de examinar la documentación de los más de 90 candidatos y lamenta la falta de medios técnicos con los que están afrontando esta tarea.
La voluminosa documentación ha llevado a ampliar el periodo de evaluación de currículos hasta el 17 de octubre. Además, a los candidatos se les ha concedido una semana más para que puedan presentar “modificaciones, sustituciones, o reformulaciones” en el proyecto de gestión de RTVE y ajustarse a los baremos. Estos se hicieron públicos después de que terminara el plazo para registrarlo. Los siete días extra se justifican por el extravío del proyecto de un candidato, al que se le dio la oportunidad de volver a presentarlo.
