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Historia del gran alijo de cigalas que no llegó a la Navidad

El mayor golpe al comercio ilegal de marisco en España se salda con un empresario investigado por un delito contra la salud pública y 200 toneladas inmovilizadas por la Guardia Civil porque se desconoce su origen

Un agente del Servicio Marítimo precinta una de las partidas de cigalas intervenidas en la Operación Pinza Roja.
Santiago de Compostela

Doscientas toneladas de cigalas duermen el sueño de los justos en naves congeladoras de A Coruña sin posibilidad de llegar a ningún plato en estas fiestas, y posiblemente jamás. Son cigalas 'sin papeles' y sin garantías sanitarias, principales testigos de un caso de la Guardia Civil, la Operación Pinza Roja, que ha acabado convirtiéndose en el mayor golpe que ha habido en España contra su comercio ilegal. Después de una primera fase que estalló en julio y una segunda en noviembre que reveló a los investigadores que estaban ante una "verdadera macrooperación", la cifra de marisco incautada multiplica por cuatro la cantidad total (46 toneladas) que se permitió capturar en todo el Cantábrico durante 2016, el último año de extracción antes de que la Comisión Europea decretase una veda, en principio hasta 2020, para la recuperación biológica de la especie.

Estos días la Operación Pinza Roja, que empezó con un rosario de infracciones administrativas por parte de mayoristas y minoristas del sector, ha acabado llegando a los juzgados con la imputación de un distribuidor por un supuesto delito contra la salud pública. Según la Guardia Civil, los análisis de cinco muestras del marisco hallado en su almacén, listo para despachar, han dado valores de conservante muy superiores a las permitidas por la ley. Son sulfitos, o derivados del azufre, utilizados normalmente por la industria alimentaria, y en particular para la congelación de mariscos, que actúan como antioxidantes y sirven para blanquear esas partes que, como las cabezas de cigalas y langostinos, tienden a ennegrecerse con el paso del tiempo.

"En febrero la investigación cumplirá un año. Fue cuando tuvimos noticia de que en el ámbito del puerto de A Coruña, en pasillos y zonas de carga pero siempre fuera de la sala de subastas de la lonja, se estaba vendiendo cigala fresca del Cantábrico" comenta Antonio Fuentes, segundo responsable del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en A Coruña. "Estaba vedada pero se comercializaba", explica el teniente, "y lo que empezó como una actuación pequeñita se ha convertido en una pelota de nieve que no para de crecer y no sabemos adónde nos llevará". "Es probable que vuelva a rodar", avisa. "En cuanto tuvimos los primeros datos confirmados, decidimos hacer una pequeña operación, y el 4 de julio incautamos 333 kilos de cigala fresca", recuerda. Vendedores y compradores se organizaban a través de grupos de WhatsApp. Abiertamente, sin códigos ni palabras clave, se avisaba a todos de la llegada de cigala fresca y se convocaban las pujas clandestinas del suculento crustáceo.

Guardias Civiles e inspectores veterinarios de la Xunta, durante uno de los registros.
Guardias Civiles e inspectores veterinarios de la Xunta, durante uno de los registros.

Pero aquella pista llevó a los agentes del Servicio Marítimo y a los inspectores veterinarios de la Xunta a una "conocida empresa congeladora de marisco a las afueras de la ciudad" donde se hallaron 45 toneladas de cigala "sin identificar y sin poderle hacer ningún tipo de seguimiento". Esa cantidad ya superaba cualquier otra remesa clandestina decomisada jamás en España. Podía proceder "del Cantábrico o del norte de Europa", apunta Fuentes, pero salvo una serie de "pequeñas partidas" que la Xunta autorizó comercializar porque "el propietario pudo acreditar el origen", el resto del género sigue indocumentado e inmovilizado medio año después.

"La palabra fundamental de esta operación es la trazabilidad", resume el guardia civil que estuvo al mando de la Pinza Roja. "No se sabe ni dónde se pescó ni qué barco lo hizo y va a ser difícil que esta información aparezca". "Por la gran cantidad, imaginamos que del norte de Europa, de países como Irlanda o Islandia", concluye, "a diferencia de aquellos primeros kilos de cigala fresca" incautados en la zona portuaria, que probablemente venían "del norte de A Coruña y Lugo".

"Tirando del hilo", relata el portavoz del operativo, "en los siguientes meses" los agentes detectaron nuevos movimientos entre comercializadores de marisco. "Sospechábamos que también otras empresas de la zona podían estar distribuyendo cigala" al margen de los cauces legales, una mercancía más barata para ellos que les reportaría al llegar al mercado mayores beneficios. Y el 13 de noviembre, siempre "con el apoyo de los equipos de la Xunta", registraron otra nave donde hallaron "más de dos toneladas dispuestas para su venta" además de 165 sacos de antioxidante para marisco. "Esta era una cantidad mucho mayor a la que se necesitaba, así que en esta ocasión pensamos que además de la infracción administrativa por la venta de un producto sin trazabilidad ni garantías sanitarias estábamos ante un delito del ámbito penal", explica Fuentes. "Las cinco muestras analizadas" por el Laboratorio de Salud Pública de Galicia "han dado positivo en sulfito en cantidad muy superior a lo autorizado" y el caso ha recalado en el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad.

Los sulfitos disfrazan los crustáceos, los rejuvenecen. Si el marisco es más atractivo, se puede vender más caro, por lo que esta práctica, explica la Guardia Civil, no deja de ser una "estafa" al consumidor además de implicar trastornos de salud en personas sensibles, como cefaleas o insuficiencia respiratoria en el caso de los asmáticos. Los sulfitos son conservantes y fijadores del color que se emplean en una variedad casi infinita de alimentos desde hace mucho tiempo y que acabaron por sustituir al ácido bórico cuando este se consideró cancerígeno. "En la cantidad adecuada están permitidos porque no entrañan peligro", pero "pueden causar serios problemas en personas alérgicas", advierte el teniente. El método usual de aplicar sulfitos en los crustáceos, espolvoreando o por inmersión, convierte en poco precisa la dosis y propicia los excesos.

Partidas inmovilizadas en un almacén coruñés en noviembre.
Partidas inmovilizadas en un almacén coruñés en noviembre.

De aquellas dos toneladas, una parte estaba a punto de salir del almacén rumbo a un gran centro comercial de A Coruña. Allí "compraban tanto particulares como grandes superficies de toda España", asegura Fuentes. La Guardia Civil estudia ahora la documentación intervenida, de la que "no se descarta que salgan nuevas imputaciones". Y de momento también es una incógnita si entre los particulares figuran propietarios de restaurantes.

El marisco del distribuidor que guardaba los sacos de sulfito procedía de otra nave mayor en la que en noviembre se descubrieron 153,5 toneladas, también inmovilizadas porque no se puede demostrar su origen ni el camino que siguió por el mundo hasta entrar en la cámara frigorífica. Revisar tal cantidad de cigalas, con un valor estimado de 4,5 millones de euros en el mercado, "fue la parte más dura del trabajo". Los guardias del Servicio Marítimo entraban "por turnos, de dos en dos" en instalaciones a 22 grados bajo cero, "con una sensación térmica de -40". Tardaron tres días enteros en ver todo lo que allí había.

Barcos con matrícula falsa para burlar a los vigías del mar

S. R. P.

La última semana del año la Guardia Civil de Pontevedra desarticuló un grupo organizado de al menos siete personas que se dedicaban a extraer almeja en bancos marisqueros de Vigo y Pontevedra. Utilizaban embarcaciones con matrícula falsa y en 2017 ya habían sido denunciados 132 veces por furtivismo. Según los investigadores, hubo días en los que se les incautaron hasta 306 kilos de bivalvo, cuando la media permitida para los mariscadores autorizados está en 8,75 kilos por jornada.

"Aunque no es nuestro principal cometido, el Servicio Marítimo lleva a cabo estas operaciones porque no puede mirar para otro lado" cuando descubre un caso, comenta el teniente del departamento en A Coruña, que cubre la costa de toda la provincia, desde el norte de la ría de Arousa hasta Cabo Ortegal. Aparte de ellos, la lucha contra el furtivismo recae sobre todo en los guardacostas de la Xunta y los guardapescas de las cofradías. En 2018, solo en A Coruña y solo a cargo de la Guardia Civil, fueron denunciados 35 furtivos "puros y duros" y 28 pescadores con embarcaciones. A los primeros se les incautaron más de 335 kilos de almeja, berberecho, nécora, pulpo, navaja y vieira por valor de 4.830 kilos. A los segundos, 16.593 kilos de pescados como merluza, jurel o sardina, además de nécoras, cigalas o berberechos, con un precio de mercado de 135.696 euros.

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