El PSOE empieza a ejercer la oposición en Andalucía

Poco después de que PP y Ciudadanos dieran a conocer en la tarde del domingo la primera parte del acuerdo programático en materia de regeneración que sus líderes territoriales anunciaron el pasado viernes, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, esta mañana, y varios representantes socialistas y consejeros en funciones de la Junta de Andalucía, utilizaron anoche Twitter para denunciar las consecuencias de algunas de las medidas de lo que ellos denominan “el pacto de la vergüenza”. El PSOE sostiene que el punto 4.5 del acuerdo que hace referencia al establecimiento “de unas tablas salariales que ordenen y racionalicen las retribuciones de los altos cargos y directivos de la Junta de Andalucía”, implica es una subida de hasta el 50% del sueldo de los cargos políticos de la Junta. En concreto donde se especifica que “todos ellos cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la Nación, sin que puedan superar las que se prevén para estos últimos”.

Desde el PP advierten de que la propuesta a la que hacen alusión los dirigentes socialistas no está pensada para aplicársela a los miembros del Gobierno andaluz, sino para impedir que otros altos cargos, en concreto directores generales y altos directivos de las agencias públicas de los entes instrumentales y agencias que dependen de la Junta “cobren más que el presidente de la Junta a través de artificios y trampas”.

Díaz ha criticado durante una entrevista en la cadena Ser que "la primera medida en el acuerdo de regeneración democrática" de PP y Ciudadanos haya sido una posible subida de salarios. "Creen que aquí se cobra poco y quieren cobrar más", ha sostenido, ironizando sobre si le habían pedido permiso al líder de Vox para adoptar esa decisión, recordando que el pacto "no vale" hasta que no lo vote el partido de la extrema derecha.

Uno de los primeros dirigentes en reaccionar fue el actual consejero de Economía y Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, que en su tuit incluía una comparativa con los salarios que percibe el presidente del Gobierno, un ministro, un subsecretario y un director general y lo que cobran el presidente de la Junta, un consejero, un viceconsejero y un director general en Andalucía. “Al equipararse con las retribuciones del Gobierno de España, el PP y Cs proponen subir el sueldo de los Altos Cargos de la Junta de Andalucía, en algunos casos cerca del 100%. Además, ya son de carácter exclusivo e incompatible”, señala en su cuenta.

Otros miembros del Gobierno andaluz y dirigentes del PSOE de la comunidad se hicieron eco del tuit de Ramírez de Arellano o compartieron reflexiones similares, casi al unísono, como el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, el de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, o la de Educación, Sonia Gaya. Especialmente dura se mostró la responsable de Conocimiento, Innovación y Universidad en funciones, la independiente Lina Gálvez: “Hay muchas partidas del presupuesto de la Junta de Andalucía que todavía necesitan recuperarse de la crisis y de las políticas de austeridad (impuestas por el gobierno central del PP), antes que los sueldos de los altos cargos. Ya se ve cuales son las preferencias de PP-Cs-VOX”, señaló en un tuit. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en funciones, José Fiscal, consideró la medida “un despropósito sin paliativos”; y el actual consejero de Empleo, Empresa y Comercio en funciones, Javier Carnero, recordó que mientras “PP y Ciudadanos se oponen a la subida del Salario Mínimo a 900 euros para los tod@s español@s y ahora la primera medida que quieren tomar en Andalucía, es subirse sus sueldos en un 50 %”.

Ramírez de Arellano en otro tuit también advirtió del coste que supone “la reducción del sector instrumental”, que también incluyen en su pacto populares y Ciudadanos, en referencia al desmantelamiento de la “Administración paralela”. “Hablar de ‘reducción del sector instrumental’ ligándolo al ‘ahorro’ requiere aclarar: El coste del cierre de esos entes. ‘Cerrar’ una empresa o agencia no es gratis. Cómo se va a pagar?; Quién va a realizar las funciones de los entes cerrados o si se deja dar el servicio”, se pregunta el consejero en funciones.

La reacción del PSOE de Andalucía, que está siendo especialmente severo estos días recordando que el pacto necesita los votos de Vox para materializarse, avanza la dureza que emplearán en el caso de que pasen a la oposición. La propia Susana Díaz ha señalado en varias ocasiones que el apoyo de la extrema derecha no va a ser coyuntural y que su apoyo va a ser determinante para que PP y Ciudadanos saquen adelante la legislatura.

Respecto a la dimensión de esa “Administración paralela”, fuentes populares y de Ciudadanos coinciden en afirmar que ignoran cuántos organismos la conforman. “En todo caso cerrar un ente nunca puede ser más caro que mantenerlo, sobre todo si no es operativo”, reflexionan. Por ello es tan necesaria, dicen, la auditoría que se incluye en el bloque de medidas regeneradoras. Una auditoría que aún no se ha determinado cómo se va a llevar a cabo, cuánto tiempo puede durar, cuánto vaya a costar o qué estamento vaya a encargarse de la misma, reconocen.