El Gobierno aprobará una inversión de 85 millones para la conservación y explotación de carreteras en Cataluña

Las inversiones en infraestructuras son uno de los pilares de la política de distensión del Gobierno en la crisis de Cataluña. El primer Consejo de Ministros autorizará este viernes la celebración de cuatro contratos de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras estatales por un valor de 85,31 millones de euros, según avanzan fuentes gubernamentales a EL PAÍS. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya anunció esta medida a principios de diciembre. La provincia de Lleida será la más beneficiada con una partida para la mejora de la red viaria de 25,7 millones, seguida de Barcelona (24,71 millones), Girona (20,7 millones) y Tarragona (14,2 millones). En septiembre ya se aprobaron varios contratos de conservación integral de carreteras por un importe de 50 millones en Barcelona y Lleida.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez también aprobará, dentro de la política de guiños diseñada para el primer Consejo de Ministros en Barcelona desde la restauración de la democracia, la licitación del contrato de obras para acondicionar el trazado de la N-II entre Tordera (Barcelona) y Maçanet de la Selva (Girona) por un importe de 27,5 millones y que afecta a un tramo de 7,3 kilómetros. Su intervención es una reivindicación pendiente desde hace años. También se dará luz verde al modificado del contrato de las obras del enlace entre la autovía del Baix Llobregat y la autopista AP-7 en Castellbisbal (Barcelona). Las obras consistirán en la ejecución de un nuevo enlace que permitirá la comunicación entre la A-2 y la AP-7/B-30. También se acometerán mejoras en la autovía de Tarragona-Montblanc (A-27).

El Gobierno también se compromete a acometer más inversiones en la red ferroviaria. El Consejo de Adif ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro y transporte de carril para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo, una infraestructura marcada de simbolismo. La inversión prevista es de 15 millones. Los tramos afectados son el comprendido entre Castellsbisbal y Martorell y el de Sant Vicenç de Calders–Vilaseca (dos lotes). El Gobierno ha autorizado en los últimos siete meses contratos por valor de más de 180 millones para la implantación del ancho estándar en el Corredor en los tramos situados en Cataluña.

Ábalos afirmó la semana pasada en el Senado que la mejora de Rodalies era una de las prioridades del Ejecutivo, que ha anunciado un plan de inversiones de 3.900 millones hasta 2025 en el que destacan las integraciones urbanas de las vías del ferrocarril en Sant Feliu, Montcada i Reixach y L’Hospitalet de Llobregat.

En cuanto a la alta velocidad, al cierre de 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy había invertido en el tramo entre Tarragona y Castellón algo más de la mitad de lo previsto, según una auditoría que realizó el Gobierno actual. La tendencia empeoró en los primeros cinco meses de este año, periodo en el que se ejecutó el 20% de las inversiones previstas. Fomento procedió en agosto a reactivar el tramo entre Castellón y Vandellós con la aprobación de la primera licitación de suministro de balasto por un importe de 6,6 millones.