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El Gobierno elevará la inversión en Cataluña sin cumplir con el Estatut

El Gobierno del PP calculó una inversión este año del 13,3% en la comunidad autónoma. En los presupuestos de 2019 podría recibir hasta un punto más, todavía por debajo de su peso en el PIB (19,2%) del conjunto del Estado

El Gobierno aumentará la inversión destinada a infraestructuras en Cataluña en los Presupuestos Generales de 2019 dentro de su política de distensión con los independentistas. La relevancia del gesto del Ejecutivo con una de las principales reclamaciones de la Generalitat no bastará para cumplir con los niveles inversores que, según el Estatut de 2008, tendrían que equipararse al peso del PIB catalán en el Estado. El Gobierno del PP calculó una inversión este año del 13,3% para Cataluña. Ahora podría ser hasta un punto más. Esta comunidad autónoma aportó el 19,2% del PIB -y el 16% de la población- en 2017.

Reunión entre miembros de la Generalitat y Meritxell Batet, ministra de Política Territorial.
Reunión entre miembros de la Generalitat y Meritxell Batet, ministra de Política Territorial.

La voluntad de diálogo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha transmitido al Govern de Quim Torra a lo largo de los últimos cinco meses se concretará en las próximas semanas con un incremento en las inversiones en la red de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos catalanes. Según los cálculos que manejan fuentes de alto rango del Ejecutivo, podría ser de hasta un punto porcentual sobre el total de las inversiones.

La intención del Gobierno es presentar los Presupuestos en el Congreso en diciembre, después de las elecciones andaluzas del día 2 y de los actos de celebración del 40º aniversario de la Constitución. Fomento sostiene que el plan presupuestario está todavía en una fase embrionaria —y a la espera de los pactos con los nacionalistas—, pero las fuentes consultadas aseguran que el gesto político de elevar las inversiones se apreciará en las cuentas públicas de 2019. “El importe definitivo, además de la voluntad política, depende de la madurez de los proyectos de inversión y de la capacidad de ejecución”, señalan las mismas fuentes.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, esbozó esta semana cuáles serán los próximos movimientos del Gobierno. “En la serie histórica Cataluña siempre ha abanderado el nivel de inversiones, aunque también es cierto que no lo ha hecho en la medida de su peso poblacional ni de su aportación a la riqueza nacional”, señaló.

Correcciones

“También hemos detectado que el nivel de ejecución no se ha correspondido con lo presupuestado y esto, efectivamente, es un hecho que hay que corregir”, afirmó Ábalos en el Senado.

Cataluña fue la segunda comunidad a la que el Ejecutivo del PP designó las mayores inversiones en los Presupuestos de 2018: 1.350 millones que suponen una mejora del 17,3% respecto a 2017. Aun así, esa cifra se quedó seis puntos por debajo del PIB catalán. Andalucía, que representa al 13,3% del PIB español, fue la destinataria de 1.478 millones, el 14,6% de la inversión que se asigna a una comunidad autónoma u otra.

Si los planes del Gobierno no se tuercen se podría producir un empate técnico entre Cataluña y Andalucía, la región más extensa, poblada y la que suele captar más proyectos de obra pública. En el Ejecutivo socialista entienden que el mensaje político que se trasladaría sería difícil de contrarrestar por el independentismo y la diferencia de trato que achaca respecto a otras regiones. El aumento de las inversiones estatales repercutiría en los 7,4 millones de habitantes de Cataluña, que equivalen al 16% de los 46,5 millones en España, cifras solo superadas por Andalucía con 8,4 millones (18%).

La decena de reuniones de relevancia que el Gobierno del PSOE y la Generalitat han mantenido desde el éxito de la moción de censura contra Rajoy el pasado 1 de junio parecen haber encauzado algunas de las principales reivindicaciones que afectan a la red de transportes de Cataluña. La cuestión más espinosa entre ambas Administraciones parece resuelta a la espera de que se formalice su pago. El 25 de septiembre se celebró la reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, que llevaba siete años sin reunirse, en la que el Gobierno reconoció el pago pendiente de 1.400 millones.

De ellos, 759 millones son específicamente para inversiones en infraestructuras en Cataluña en cumplimiento del Estatut. En concreto de su disposición adicional tercera, en la que se establece que durante siete años la inversión de la Administración Central debía equipararse al impacto del PIB de Cataluña en el conjunto de la economía española. Un porcentaje que nunca se ha alcanzado. “Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas”, añadía el precepto del Estatut.

La Audiencia Nacional sentenció en 2015 que el Estado no estaba obligado a abonar a la Generalitat los 759 millones, pero dos años después el Tribunal Supremo falló lo contrario. Este importe, pendiente de desembolsar todavía después de diez años, se debe recoger en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado de los próximos cuatro años. Se comenzará con 200 millones en las cuentas de 2019.

Conexión con El Prat

La Subcomisión Bilateral de Infraestructuras y Equipamientos Estado-Generalitat del 15 de octubre, que hasta entonces solo se había reunido una vez en abril de 2007, también ha dejado avances. El Gobierno reconoció como “prioritarias” las inversiones en la red de cercanías o rodalies, “con especial incidencia en el acceso ferroviario al aeropuerto de El Prat” incluida la conexión con la nueva terminal, según ha señalado Ábalos en las últimas semanas. El desdoblamiento de la R3 y los estudios y proyectos del nuevo acceso viario y ferroviario al puerto de Barcelona son otros de los proyectos que se vienen demorando, en algunos casos incluso desde la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

La reactivación del corredor mediterráneo y la revolución que serviría para el tráfico de mercancías es otro de los retos que tiene que acometer el Gobierno actual y que no solo afectan a Cataluña sino que se trata de un proyecto cuya finalización reclaman desde hace años Gobiernos autonómicos de distinto signo como los de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Frente a los guiños y proyectos de futuro del Gobierno, la posición del independentismo está muy clara. “No dudamos de su predisposición”, valoró el martes Bernat Picornell, senador de ERC, al ministro de Fomento, al que reiteró cómo “Cataluña está infradotada a nivel de infraestructuras”. Una afirmación que Ábalos comparte: “Existe una falta de inversión del Estado en Cataluña, tanto en infraestructuras y servicios como en vivienda”.

Bonificaciones en dos autopistas desde septiembre

El Gobierno esgrime que no ha cumplido cinco meses y ha tenido muy poco margen de maniobra. A eso añaden que el Congreso aprobó el presupuesto para 2018 del anterior Gobierno a finales de mayo y entró en vigor en julio. Pese a la premura de los plazos y las estrecheces presupuestarias, el Ejecutivo de Sánchez resalta medidas concretas que ya están vigentes en Cataluña. La principal es la entrada en vigor el pasado 2 de septiembre de las bonificaciones que estaban en tramitación en las autopistas AP-7 y AP-2. Con un coste anual de unos 14 millones, están financiados íntegramente por el Estado.

Dentro del área metropolitana de Barcelona están en fase de obras la conexión en Castellbisbal entre la A-2 y la AP-7 (74,5 millones); o la ampliación de la autovía del Baix Llobregat en su conexión entre la Ronda Litoral y la C-32 (57,3 millones). El 85% del presupuesto previsto por Adif en Cataluña se concentrará en la provincia de Barcelona, donde desde junio se han renovado varias subestaciones eléctricas.

Enaire, el gestor de navegación aérea de España, tiene previsto invertir cerca de nueve millones este año en la modernización de sus estructuras para dar soporte a la actividad prevista en los aeropuertos y espacio aéreo de Cataluña. En materia de vivienda se han adelantado 21 millones de los 200 millones con los que se dotará a Cataluña en el periodo 2018-2021.

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