Un juez militar investiga el cobro de dietas por maniobras ficticias en la Legión

El juzgado togado militar territorial número 23, con sede en Almería, ha abierto diligencias previas para investigar un presunto fraude a gran escala en la Legión, consistente en el cobro de dietas por maniobras ficticias, destapado por una dama legionaria. Un portavoz del Ejército ha confirmado la denuncia, pero no ha querido ofrecer detalles alegando que “el caso está sub iudice”.

Los hechos fueron revelados en octubre pasado por la dama legionaria ante el fiscal togado militar quien, tras tomarle declaración, dio credibilidad a su testimonio y presentó la correspondiente denuncia. Según el escrito de la militar, “desde hace años” se hacen “maniobras ficticias” en la VII Bandera, con base en Viator (Almería), “a las cuales no asiste la unidad, pero si las cobran” sus miembros.

La denuncia asegura que los legionarios cobran las dietas, pero tienen que devolver el dinero a los auxiliares de las compañías, quienes amenazan con dejar sin permisos a quienes no lo hagan. “Si alguien se queja se le trata de mal compañero, mal legionario o incluso lo cambian de compañía”, concluye el escrito.

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Fuentes de la Legión aseguran que este sistema fraudulento vendría funcionando desde hace al menos seis años. Inicialmente, solo participarían en el mismo quienes por algún motivo tenían que quedarse en la base y no acudían a las maniobras, pese a lo cual cobraban las dietas, pero luego degeneró hasta llegar a la completa simulación de maniobras inexistentes.

En unos ejercicios ordinarios, la dieta podía representar entre 60 y 90 euros por militar, según las fuentes consultadas. Cada bandera de la Legión cuenta con unos 500 efectivos. Para algunos soldados, este sistema representaba un problema, pues a efectos fiscales figuraba que habían percibido un dinero que en realidad no se quedaba en sus bolsillos sino que iba a engrosar una caja B administrada por los mandos.

De confirmarse los hechos denunciados, sus responsables podrían haber cometido un delito contra el patrimonio militar en el que incurre quien “simulando necesidades para el servicio o derechos económicos a favor del personal, solicitare la asignación de crédito presupuestario para atención supuesta”. La pena prevista es de tres meses a dos años de cárcel, pero puede incrementarse hasta diez años si se quedase el dinero para su propio beneficio.

La dama legionaria, a su vez, se enfrenta al riesgo de ser acusada de un delito de deslealtad, castigado por el Código Penal Militar con cuatro años de prisión y la expulsión del Ejército, si los hechos que ha denunciado no fueran probados por el juez.