El blindado en el que murió un soldado en Malí suspendió la ITV por “defectos graves”
Un informe de la Guardia Civil dice que no consta que se reparasen los fallos antes del accidente
El blindado Lince en el que murió el infante de Marina Antonio Carrero Jiménez, de 27 años, el pasado 18 de mayo en Malí, había suspendido la ITV a la que se sometió el 7 de septiembre de 2017 en Asturias por “defectos graves” que le inhabilitaban para circular por vías públicas. Así lo recoge un informe que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha remitido a la juez togado que investiga el accidente, en el que subraya que no hay constancia de que estos fallos fueran subsanados antes del envío del vehículo a Malí.
A la vista del informe, la titular del Juzgado Militar Territorial número 12, la comandante Patricia Moncada, ha decidido elevar las diligencias previas a sumario e investigar la posible existencia de un delito contra la eficacia del servicio (equivalente al homicidio imprudente), según un auto dictado el pasado día 7.
La muerte de Antonio Carrero Jiménez, la última de un soldado español en misión internacional, se produjo a las 8.55 del pasado 18 de mayo, cuando volcó el vehículo MLV Lince en el que viajaba cerca de la localidad de Somadougou, en Malí.
El blindado se salió de la carretera y se metió en una zanja al esquivar a un autobús local que invadió su carril. Carrero, que iba en la torreta a cargo de la ametralladora, perdió la vida, mientras que los otros tres ocupantes del vehículo resultaron heridos. Todos ellos formaban parte de la misión de formación del Ejército maliense por la Unión Europea (EUTM Mali).
Aunque es pronto para concluir si el estado del vehículo pudo influir en el desenlace del siniestro, el informe del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil arroja sombras sobre el mismo.
El informe señala que el Lince, con una década de antigüedad, se sometió el 2 de mayo del año pasado a una ITV realizada en Valladolid por el Ejército de Tierra con resultado favorable. Cuatro meses después, el 7 de septiembre, fue sometido a una nueva inspección técnica, esta vez en una estación propiedad de una empresa privada en Asturias, con resultado opuesto: “desfavorable por defecto grave”. En concreto, se detectaron deficiencias en frenos, dirección, ejes, ruedas, neumáticos y suspensión. Los defectos hallados fueron tan graves que el Lince quedó “inhabilitado para circular por las vías públicas, excepto para su traslado al taller y vuelta a la estación ITV para una nueva inspección”.
Según el informe de la Guardia Civil, “no consta que este vehículo se llevara nuevamente a [la] estación de la ITV después del 7 de septiembre” y tampoco “que se hubieran llevado a cabo las reparaciones en relación a las deficiencias señaladas con anterioridad” a su envío a zona de operaciones, en diciembre pasado.
Los militares se quedan sin su observatorio
El Observatorio de la Vida Militar, el órgano dependiente de las Cortes para asesorarlas sobre las condiciones de vida de los soldados, ha dejado de existir. A finales de noviembre, los actuales miembros del observatorio cesaron en sus funciones, al haber concluido su mandato de cinco años, no haberse elegido a sus sucesores y no estar legalmente previsto que sigan en funciones. El presidente del organismo, Víctor Torre de Silva, remitió sendas cartas a los presidentes del Congreso y el Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero, en las que les advertía con antelación de que se acercaba su fecha de caducidad, pero el Parlamento no ha hecho sus deberes: consensuar los nombres de nueve personalidades de reconocido prestigio (cinco por el Congreso y cuatro por el Senado) que deben ser elegidos por mayoría absoluta con el apoyo de tres grupos parlamentarios. Durante estos años, el observatorio ha realizado numerosos informes (el último se presentó el pasado 17 de octubre en el Senado), pero tiene pendientes estudios sobre la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas o la conciliación de la vida familiar y militar.
Un portavoz del Ejército de Tierra reconoció este lunes que el Lince pasó una ITV en la que se detectaron “problemas graves” pero agregó que “todos los vehículos son sometidos a una revisión exhaustiva antes de incorporarse a zona”. Estos extremos, agregó, han sido comunicados al juzgado que investiga el caso.
En la respuesta remitida por el Ejército al juzgado consta que el vehículo fue ingresado en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda (PCMVR1) de Torrejón de Ardoz (Madrid) entre el 31 de octubre y el 21 de diciembre “para las revisiones previas al despliegue”. Lo que no consta en ningún documento es si se comprobaron y corrigieron los graves defectos detectados por la estación de ITV de Asturias.
En el trasfondo está la polémica sobre si los vehículos militares deben o no pasar la ITV. La juez comprobó que el Lince no había pasado las inspecciones previstas y por eso preguntó a la Guardia Civil “si los vehículos blindados están exentos” de pasar la ITV, por sus características o por estar fuera de territorio nacional; si el Ejército les somete a inspecciones en sus instalaciones, y si estas cumplen los requerimientos de seguridad de la ITV normal.
La respuesta de la Guardia Civil es categórica: no hay base legal por la que el Lince no debiera someterse a la ITV, al margen del mantenimiento programado.
Fuentes militares sostienen, sin embargo, que los vehículos del Ejército, por sus características, no deben pasar la ITV, sino que se someten a una RTV (Revisión Técnica de Vehículos) en la que, además de los parámetros de los vehículos civiles, se analizan otros específicos militares. De hecho, en la tarjeta de ITV remitida por el Ejército al juzgado no figuraba su visita a la estación asturiana, presentada como “voluntaria”.
La cuestión es delicada pues muchos vehículos militares circulan por vías públicas por lo que sus condiciones afectan a la seguridad del tráfico en general. El informe no aclara quién homologa al personal militar que inspecciona estos vehículos y qué protocolos aplica.
Fernando Osuna, abogado de los padres de Carrero, asegura que las dudas sobre el estado del vehículo afianzan su demanda de indemnización por el mal funcionamiento de la Administración, además de la pensión por muerte en acto de servicio, la que corresponda abonar a la UE y el seguro de accidente.
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