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El Supremo considera “inaceptable” el ‘whatsapp’ de Cosidó sobre la elección de Marchena para el Poder Judicial

La sala del 61 señala que el mensaje "retrata" al portavoz del PP en el Senado

El presidente del Supremo, Carlos Lesmes (izquierda), Manuel Marchena (centro) y Luis María Díez-Picazo (derecha).
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes (izquierda), Manuel Marchena (centro) y Luis María Díez-Picazo (derecha).

El Tribunal Supremo considera “inaceptable” la opinión expresada por el portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó en el whatsapp que envió a los senadores de su partido para jactarse de que la elección de Manuel Marchena para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permitiría al partido controlar “desde atrás” la Sala Segunda. Según el Supremo, ese mensaje “retrata” a su autor, pero “no es extensible a nadie más”.

El alto tribunal carga contra el portavoz del PP en el Senado en el auto en el que argumenta la decisión adoptada el pasado día 5 de diciembre de no apartar a Manuel Marchena y a los otros seis magistrados del tribunal que juzgará el procés. La Sala del 61, de la que forma parte el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, los presidentes de todas las salas y los magistrados más veteranos y más nuevos de cada una, considera que Cosidó realizó afirmaciones “sobre lo que desconoce por completo (el funcionamiento de la Administración de Justicia) y demuestra una inaptitud de raíz para conocerla (por falta de los elementos más básicos de la separación de poderes)”. “El político se justifica a sí mismo y usa en su defensa cualquier argumento que le parece adecuado. Pero algo que debe interpretarse como una opinión –inaceptable- realizada en el ámbito político, no es trasladable, sin más, al ámbito jurisdiccional”, afirman los magistrados.

Según el Supremo, el punto de partida para rechazar la petición de recusación es que esa solicitud no atribuye a Marchena “ninguno de los actos materiales en que se basa”. “Difícilmente cabe sospechar de la imparcialidad de un magistrado por sus actos u opiniones si ni siquiera los ha realizado o las ha emitido. La recusación se tiene que basar en una actuación propia del magistrado no en aquella que un tercero le atribuya: de acoger la pretensión de las partes recusantes, bastaría con emitir mensajes u opiniones falaces sobre, por ejemplo, la persona o ideología de un magistrado para solicitar su recusación de manera inmediata”, señala el auto, del que ha sido ponente Borja de Quiroga López, magistrado de la Sala de lo Militar.

Es la segunda vez en la que esta sala especial del alto tribunal (formada por los presidentes de todas las salas y los magistrados más antiguos y más nuevos de cada una) se reúne para deliberar sobre las peticiones que han planteado los líderes independentistas que están en prisión preventiva para que se aparte a los miembros del tribunal. La anterior petición fue rechazada por el Supremo en septiembre pasado. En esta ocasión, los integrantes de la Sala deliberaron sobre las solicitudes de recusación que ocho acusados presentaron contra el presidente de la Sala de lo Penal. Entre sus alegaciones figuraba la filtración del mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado.

El alto tribunal había acumulado en un único expediente los ocho incidentes de recusación, que se dirigían contra los magistrados Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo. Los procesados denunciaron los supuestos vínculos de Marchena -que renunció al cargo tras la difusión de dicho mensaje- con el PP, y estimaron que en caso de mantenerse la composición del tribunal no se podría garantizar su imparcialidad. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también extendió la solicitud de recusación a los otros seis magistrados porque, según alegó, "las dudas de imparcialidad" sobre Marchena "se extienden" a sus compañeros.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox se han opuesto a las recusaciones mientras que los magistrados afectados han alegado que no hay motivos para ser apartados del juicio.

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