Córdoba, un paraíso sin papeles
La ciudad está rodeada por 10.000 casas ilegales. Ningún grupo político ha sido capaz de solucionar el problema
Hace más de 40 años que Córdoba juega una partida de ajedrez que siempre acaba en tablas. Desde que, coincidiendo más o menos con el cambio de régimen, cientos de cordobeses empezaron a construir sus viviendas en terrenos rústicos no urbanizables, el Ayuntamiento trata de conseguir sin éxito que cumplan la ley. El fracaso, que se pueden repartir todos los partidos políticos, porque todos han pasado por la alcaldía desde las primeras elecciones democráticas de 1979, es del 100%. En la actualidad, más de 10.000 parcelas rústicas albergan edificaciones ilegales, muchas de ellas sin agua, luz ni alcantarillado, abasteciéndose de pozos muy lesivos para los acuíferos y, en algunos casos, ocupando las inmediaciones del yacimiento arqueológico de Medina Azahara, declarado el pasado mes de junio Patrimonio Mundial de la Unesco.
"El PGOU de 1986", explica el socialista Emilio Aumente, teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad Ciudadana, "fue el primer plan serio de ordenación urbana que se hizo en Córdoba. Pues bien, desde entonces hasta ahora no se ha conseguido legalizar ni una parcela. Nunca. Ninguna. Se trata de una historia frustrante para la administración y frustrante para los vecinos". Que se lo digan a Manuel del Pino, que lleva más de una década intentando poner en orden los papeles de su casa de El Alamillo. “Hay que reconocer que aquí todos somos culpables”, admite Del Pino, “nosotros cometimos un fraude, pero también contribuyeron a esta situación los sucesivos gobiernos municipales, que al principio hicieron la vista gorda y luego nos pusieron por delante un sinfín de requisitos, prácticamente imposibles de cumplir, para obtener la legalización”. El más conflictivo de los requisitos es el importante desembolso económico que, de forma solidaria, tienen que asumir los colonos para contribuir a la reurbanización —calles, saneamiento, alumbrado…— de las zonas ahora ilegales.
Emilio Aumente y Manuel del Pino, cada uno por su lado, se remontan a la génesis del problema. El concejal explica que, a mediados de los 70, cuando se produce el éxodo del campo a la ciudad, “Córdoba empieza a recibir a personas de la provincia con una tradición de campo que se encuentran a disgusto en los pisos pequeños y caros que la ciudad les ofrece”. A ese flujo, añade el propietario, se suman los que escapan de la ciudad asustados por los altos precios de la vivienda: “Un piso en el centro de Córdoba te costaba como mínimo 140.000 euros y aquí por ese precio te podías hacer una casa completa en un terreno de 2.500 metros cuadrados”. Esa fuerte demanda de viviendas rústicas se encontró además con tres factores que abonaron el problema. El primero, una gran oferta. “En los años 80”, explica Manuel del Pino, “la comunidad económica europea pagaba a los agricultores para que no sembraran. Y muchos de aquellos que tenían aquí las fincas baldías y a la vez cobraban las subvenciones decidieron venderlas. Fue un pelotazo. Si el metro rústico valía a peseta, a ti te lo vendían a mil. Hacía negocio él y hacías negocio tú”. El segundo factor que favoreció el boom de las construcciones ilegales fue los mensajes confusos, cuando no contradictorios, que emitían los políticos, en especial Julio Anguita, que gobernó Córdoba desde 1979 hasta 1986 –los años claves de la parcelación ilegal— y jamás plantó cara al problema. El tercer factor, que todavía subsiste, es una burocracia endiablada. “Cuando en 1986 se intenta por primera vez abordar de forma seria la cuestión”, explica Emilio Aumente, “ya era muy complicado porque existían una gran cantidad de parcelaciones. La consecuencia es que se siguió construyendo sin que además existieran equipos capaces de controlar el desarrollo urbanístico anárquico”.
La situación actual es tan grave que Pedro García, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, llega a reconocer que, a pesar de los planes sucesivos, “el desorden urbanístico en Córdoba es tan complejo que en 40 años no se ha llegado a arreglar todavía la situación de ninguna parcela ilegal”. Y añade: “No se sabe a ciencia ciertas cuántas son en realidad. Usted puede estar tres días sin parar en el coche viendo casas ilegales. Algunas son auténticos palacios”.
No es difícil encontrarlos. Algunos de ellos situados enfrente de chabolas con pretensiones. En La Gorgoja, Madeleine, una holandesa que llegó hace 20 años desde Mallorca, dice que la relación con el Ayuntamiento es “un cachondeo” porque, según dice, paga el IBI aunque su urbanización no esté legalizada y, por tanto, no dispongan ni de alumbrado público. En la casa de enfrente, una asociación evangélica trata de rehabilitar a toxicómanos y, en la de al lado, un hombre que se cayó de un andamio y se quedó parapléjico dormita al sol en un chalé lleno de esculturas de piedra. Los propietarios de parcelas ilegales exhiben en general una extraordinaria paciencia labrada por años de promesas rotas y leyes inextricables, pero en Las Pitas —un conglomerado de casas a dos kilómetros de Medina Azahara— no está el horno para bollos. “Le pido por favor”, dice Rafael Muñoz, “que ponga bien claro que no son parcelas ilegales, sino parcelas legales con casas ilegales dentro. Es importante. ¿Lo ha puesto bien? Todo el mundo sabe que no derribarán la casa, pero también que nunca nos darán luz ni agua. ¿Hay derecho a eso?”.
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