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Interior gasta 6,2 millones en mejorar su sistema de escuchas

El ministerio adquiere software para reforzar el Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (Sitel) y poder descifrar mensajes encriptados

Óscar López-Fonseca
Fernando Grande-Marlaska, tras firmar este lunes un acuerdo con el ministro del Interior francés, Christophe Castaner.
Fernando Grande-Marlaska, tras firmar este lunes un acuerdo con el ministro del Interior francés, Christophe Castaner.JAVIER SORIANO (AFP)

El Ministerio del Interior aprobó el 9 de octubre el desembolso de 6,2 millones de euros para reforzar el Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (conocido por sus siglas Sitel) que permite a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y los Mossos intervenir bajo control judicial miles de llamadas y mensajes de sospechosos, y obtener información en el acto sobre quién realiza la llamada y quién la recibe, el contenido de la conversación, los mensajes de texto, dónde están quienes hablan. Todo ello queda registrado automáticamente en un disco duro de la policía, que posteriormente manda su contenido al juez que autorizó el pinchazo telefónico en un CD para utilizarlo como prueba en la investigación que lo motivó.

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Con este millonario desembolso, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska adquirirá “el equipamiento y el software necesarios para dotar de capacidades avanzadas” a una de las herramientas del sistema, la llamada “subplataforma SILC”, creada en 2008 para que la monitorización de las comunicaciones incluyeran no solo las tradicionales llamadas de voz. Entre estas comunicaciones están las que se realizan mediante aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp, Telegram o Signal.

El gasto ha sido incluido por Interior dentro del Plan Estratégico de la Secretaría de Estado de Seguridad para el trienio 2018-2020, según detallan fuentes de Interior. Estas añaden que con la inversión se pretende “poder mitigar el efecto del cifrado en las comunicaciones de internet legalmente interceptadas” a la vista de las nuevas tecnologías utilizadas por delincuentes y terroristas para encriptarlas y burlar la vigilancia policial. Interior también pretende con la actualización adecuar Sitel a los requisitos que para las investigaciones mediante programas informáticos impuso la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta modificación legal fijó entonces las garantías procesales para la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase realizadas mediante el teléfono u otro medio de comunicación telemática, e impuso un sistema de sellado o firma electrónica que garantizase la autenticidad e integridad de la información recabada cuando se pusiera a disposición de un juez.

Concurso sin publicidad

El nuevo contrato ha sido adjudicado a la empresa madrileña Dars Telecom SL, única firma invitada a participar en la licitación al amparo de la ley que regula los contratos relacionados con la seguridad nacional mediante un procedimiento “negociado sin publicidad y sin concurrencia”. Esta ingeniería, especializada en ciberseguridad, ya se hizo en 2015 con un contrato para mejorar Sitel, aunque entonces la cuantía fue inferior al millón de euros.

Los más de 6 millones que ahora destina Interior son, de hecho, una de las mayores inversiones realizadas en los 14 años de vida del sistema de interceptación de las comunicaciones cuya creación ya costó entonces 9,8 millones de euros a los gobiernos de José María Aznar. En 2014 y 2015, el equipo del entonces ministro Jorge Fernández Díaz aprobó sendos desembolsos de 10,6 y 11,4 millones de euros también para “la ampliación y actualización” de Sitel y algunas de sus herramientas tras estallar el llamado caso Snowden, en referencia a Edward Snowden, el antiguo empleado de la CIA que destapó las escuchas masivas de EE UU a otros países.

Creado en 2001 por Rajoy, criticado por el PP en ‘Gürtel’

Sitel, el sofisticado sistema informático que arrumbó los clásicos pinchazos telefónicos grabados en cintas magnetofónicas, fue contratado en 2001 por Mariano Rajoy, entonces ministro del Interior. Los 9,8 millones de euros que costó fueron pagados a la adjudicataria, la empresa danesa ETI, en 2003 por la en aquel momento era subsecretaria de Interior María Dolores de Cospedal. Y en febrero de 2004, con Ángel Acebes al frente del ministerio, se estrenó en una operación antidroga en Pontevedra. Sitel ayudó en marzo de ese año a localizar la célula yihadista que cometió los atentados del 11-M. Pese a ello, en 2009 —tras el estallido del caso Gürtelel PP tildó de "ilegal e inconstitucional" el sistema y acusó al Gobierno de Rodríguez Zapatero de utilizarlo para tener "a la sociedad vigilada e interceptada". En 2008, el Tribunal Supremo zanjó la polémica y avaló su uso.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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