ERC consigue que el Gobierno anule los juicios del franquismo

El resultado de cómo quedará la Ley de Memoria Histórica está por determinar pero lo que no se consiguió en 2007 puede ser una realidad en 2019: La nulidad de los juicios del franquismo. Este objetivo se lo propone ERC y tiene muchas posibilidades de consegurilo o aproximarse al mismo tras negociaciones y conversaciones de los políticos republicanos con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. “Se declaran ilegales los tribunales de las Auditorías de guerra que actuaron desde 1936 a 1978, fuera del territorio de Cataluña, por ser contrarios a la ley y vulnear las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”, señala una de las enmiendas de ERC a la Ley de Memoria Histórica cuyo plazo termina el próximo martes en el Congreso de los Diputados.

En distintas negociaciones y conversaciones tanto con la vicepresidenta como con la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Adriana Lastra, con el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, la filosofía de los cambios ha quedado clara. “Se deduce de lo anterior la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los Consejos de Guerra dictadas por causas políticas por el régimen franquista fuera del territorio de Cataluña”.

Esta exclusión en las enmiendas de ERC a la represión en Cataluña viene dada por la reivindicación que nacionalistas e independentistas hacen de su propia ley sobre reparación jurídica de las víctimas del franquismo aprobada por el Parlamento de Cataluña en 2017. Este será un punto en el que habrá controversia ya que la anulación de los juicios y la legalidad de los tribunales franquistas será para toda España.

Listas de víctimas

Sí serán atendidas las enmiendas de ERC en lo sustancial. “Se declaran ilegales los tribunales de Represión de la Masonería y el Comunismo en base a la Ley de 1 de Marzo de 1940 hasta su disolución en 1963, así como los tribunales de Responsabilidades Políticas y el Tribunal de Orden Público”. Todas las sentencias que esos tribunales especiales dictaron serán anuladas.

Una de las peticiones demandadas por asociaciones republicanas y de la Memoria ha sido la publicación de los nombres de quienes sufrieron procesos y condenas. En el plazo de un año una vez cambiada la ley, el Gobierno “procederá al inventario de todas las causas de los tribunales objeto de esta ley, indicando los nombres, lugar de residencias y condenas de las víctimas con su publicación en el BOE”. A petición de cualquier persona o entidad el Ministerio de Justicia emitirá “certificación de las causas declaradas nulas”. Familiares de víctimas de la dictadura anhelan tener este certificado