Trump no quiere llevarse la tierra radiactiva de Palomares

El presidente estadounidense Donald Trump no está dispuesto a llevarse la tierra contaminada por el accidente nuclear que hace 52 años sufrió la pedanía almeriense de Palomares. Así lo reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria en la que revela que la Administración republicana “ha dado a entender que no se considera vinculada” por el acuerdo al que el Gobierno español llegó con la Administración Obama y que “no tiene intención de iniciar conversaciones bilaterales” con este fin.

A preguntas del diputado de Ciudadanos Diego Clemente, el Gobierno ha reconocido ahora lo que era un secreto a voces: que el acuerdo alcanzado en octubre de 2015 entre el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y su homólogo estadounidense, John Kerry, ha quedado en papel mojado.

La Declaración de Intenciones para la Rehabilitación del Entorno de Palomares preveía que el material contaminado remanente del accidente —50.000 metros cúbicos de tierra que tres meses antes de la firma se redujeron a solo 28.000— se trasladaría y almacenaría definitivamente en el desierto de Nevada (EE UU).

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Pero esta declaración no era jurídicamente vinculante y debía plasmarse en un acuerdo internacional que estaba previsto firmar antes de que acabara 2015. Faltaba por negociar quién se hacía cargo del coste de la operación, estimado en 640 millones de euros; de los que 140 correspondían al compactado y empaquetado de la tierra radiactiva y su traslado al puerto de Cartagena, para embarcarse con destino a Estados Unidos.

La convocatoria de elecciones generales en España para el 20 de diciembre de 2015 y el largo periodo de Gobierno en funciones paralizaron la negociación. Cuando España tuvo finalmente Gobierno, en noviembre de 2016, EE UU celebró sus propios comicios presidenciales, en los que la demócrata Hillary Clinton fue derrotada inesperadamente por el magnate Donald Trump.

En febrero pasado, el entonces secretario de Estado de Exteriores, Ildefonso Castro, viajó a Washington y planteó a su homólogo, John J. Sullivan, los asuntos pendientes; incluida la limpieza de Palomares. Su interlotutor tomó nota y la respuesta del Departamento de Estado, que llegó algún tiempo después, fue un jarro de agua fría: la actual Administración no se siente vinculada por los compromisos políticos de la anterior.

El acuerdo, aclara el Gobierno en su respuesta al diputado de Ciudadanos, “sigue en vigor para España”,  pero se ha guardado en un cajón hasta que “se den las circunstancias adecuadas y existan visos serios de poder concluir con éxito esa negociación pendiente”.

El Gobierno reconoce, además, que la tierra contaminada en Palomares, como consecuencia de la caída de cuatro bombas termonucleares al colisionar un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-130 de la Fuerza Aérea estadounidense, “representa una amenaza para la seguridad de la zona y un impedimento a la hora de lograr su desarrollo económico y de impulsar el turismo”.

El caso de Palomares ha vuelto a saltar a la palestra después de que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) haya reconocido que, en mayo de 2016, devolvió a Palomares 1,5 toneladas de muestras de tierras y sedimientos contaminados que habían sido recogidas en diferentes sondeos para realizar estudios. La Junta de Andalucía ha pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que le informe sobre el resultado de estos análisis y ha lamentado que "un asunto de esta envergadura, con las suspicacias que despierta, se hiciera sin informar a nadie".

Por su parte, la Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre el recurso planteado por Ecologistas en Acción para que se ponga fecha a la ejecución del plan de limpieza de Palomares. según el Abogado del Estado, España no puede ejecutar dicho plan sin el apoyo de EE UU, al carecer de instalaciones "para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio".