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Las defensas del ‘caso ERE’ piden la absolución de los procesados por las acusaciones “imprecisas”

El abogado de Zarrías denuncia que no hay "pruebas, siquiera indicios", que le vinculen a las ayudas

Los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, junto a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en el juicio. JOSÉ MANUEL VIDAL (EFE) / VIDEO: Alfonso Martínez del hoyo, abogado del exconsejero Fernández en la Audiencia de Sevilla (EFE)

Las defensas de los 21 acusados en el juicio de la rama política del caso ERE han pedido este miércoles la absolución de los ex altos cargos de la Junta andaluza por la "vaguedad", "imprecisión" y "falta de concreción" de los hechos que se les imputa, según los abogados, que han elevado a definitivas sus conclusiones tras el turno de las acusaciones. Son “acusaciones genéricas y con conductas delictivas sin individualizar", lo cual genera "indefensión", han protestado los letrados ante el tribunal. La Fiscalía Anticorrupción, el PP y Manos Limpias ratificaron este lunes la mayoría de las penas solicitadas, y tras las defensas de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, este miércoles ha sido el turno del resto de abogados.

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El juicio, en el que las acusaciones solicitan inhabilitación para Chaves y seis años de cárcel e inhabilitación para Griñán, está en su recta final y acabará previsiblemente antes de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.

"Déficit de concreción, insuficiencia, vaguedad, inconcreción o generalidades" han sido términos usados por los abogados, que han recordado al tribunal de la Audiencia de Sevilla ciertas declaraciones de testigos y peritos que han desacreditado las acusaciones de la fiscalía. Entre ellos Víctor Moreno Catena, abogado defensor de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que estima que dicha vaguedad "impide la defensa" de su clienta.

En paralelo, el abogado del exvicepresidente Gaspar Zarrías ha pedido su libre absolución porque no existe vínculo entre Zarrías y las subvenciones del fondo de los ERE, dotado con 741 millones entre 2001 y 2010: "La ausencia de cualquier prueba, siquiera indicios, de que el señor Zarrías haya intervenido o influido en ningún expediente de concesión de ayudas". El letrado ha esgrimido en paralelo la vulneración del derecho al juez natural predeterminado por la ley, en referencia a la actuación del juez de refuerzo Álvaro Martín, que remitió a juicio la causa. Esta cuestión ya fue rechazada por la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, en fase de cuestiones previas, informa Europa Press. Este letrado ha impugnado la prueba pericial conjunta expuesta en la vista oral durante 26 sesiones, por considerarla "nula de pleno derecho".

El letrado José Manuel Herrera, que defiende al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, ha insistido al criticar los escritos de las acusaciones por su "falta de concreción, insuficiencia y vaguedad de los hechos imputados en los escritos de conclusiones de la Fiscalía y las acusaciones". "De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y penal, esa insuficiencia genera indefensión y vulnera el derecho de defensa recogido en la Constitución Española", ha afirmado. Este abogado ha defendido que la fiscalía, al mantener la acusación por malversación para ciertos acusados —muchos incursos en las piezas separadas abiertas para investigar cada ayuda concreta otorgada siguiendo el llamado "procedimiento específico" que se juzga en esta pieza política— vulnera el principio del "doble enjuiciamiento" a una misma persona por los mismos hechos.

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