Sánchez e Iglesias sellan un pacto para agotar la legislatura
Ambos líderes pretenden dar un claro giro social, con varias medidas que acaban con una era de austeridad, pero Bruselas desconfía
Una fotografía dio paso ayer a un nuevo tiempo político en España, dominado ahora por el pacto PSOE-Unidos Podemos. Esa especie de cogobierno quedó sellado con el apretón de manos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras firmar el pacto de Presupuestos. Ambos líderes pretenden agotar la legislatura y dar un claro giro social, con la mayor subida del salario mínimo en 40 años y varias medidas que acaban definitivamente con una era de austeridad. Pero quedan dudas por el lado de los ingresos: Bruselas desconfía. Y ni siquiera está claro si se suman los independentistas catalanes, imprescindibles para sacar adelante las cuentas.
La política española ha cambiado mucho desde la moción de censura del 1 de junio. Solo faltaba una gran decisión económica para subrayar ese giro del centro derecha que dominó la escena desde 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, al espacio de centro izquierda controlado por el PSOE y Unidos Podemos. Ese hueco se rellenó ayer con un pacto de Presupuestos que incluye medidas de gran calado político y marca un giro hacia posiciones progresistas, con un claro aumento del gasto que ahora habrá que negociar con la Comisión Europea.
Desde el punto de vista político, y aunque no garantice la aprobación de los Presupuestos —aún faltan muchos votos— el acuerdo apuntala la legislatura y aleja, al menos de momento, el fantasma de las elecciones anticipadas. Y además refuerza el eje de centro izquierda, que podría aumentar su poder en las próximas elecciones autonómicas y municipales si se mantiene esta alianza PSOE-Unidos Podemos. En una conversación con este diario, Iglesias reforzó esa idea: “El acuerdo es un punto de inicio a nueva etapa en la política económica española, que creo que terminará con un Gobierno de coalición”, con la vista puesta en la próxima legislatura. Pero eso no garantiza el apoyo incondicional de Podemos en las próximas votaciones: no se trata de un pacto de legislatura propiamente dicho, según Iglesias.
La medida más impactante es la mayor subida del salario mínimo en cuatro décadas, un 22%, hasta los 900 euros en 2019. Aún no está claro cuándo entrará en vigor —no se prevé que los Presupuestos estén aprobados antes de febrero de 2019 y el Gobierno no se compromete de momento a subir el salario a esos 900 euros a final de año pase lo que pase— pero sí es evidente que su impacto será muy fuerte. La patronal salió en tromba contra la subida: la CEOE señaló que “cuestiona el diálogo social” y tendrá “efectos negativos” en la negociación colectiva, en el resto de sueldos y en la economía. Está por ver si esa subida del salario mínimo puede tener consecuencias negativas sobre el empleo, en un país con una tasa de paro del 15% y con una mano de obra en general poco cualificada: en EE UU tuvo un impacto neutro, con pérdidas de puestos de trabajo compensadas por un aumento del consumo que generó empleo.
La historia de la foto del cogobierno
Llevaban un mes preparando este momento. La escenificación fue medida y negociada hasta el último minuto. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa desde Mallorca el miércoles a las 17.30, y poco después estaba allí Pablo Iglesias. Ambos negociaron hasta las 21.00 y después le dejaron el remate a María Jesús Montero y Pablo Echenique, que discutieron los detalles casi hasta las dos de la madrugada. El equipo de comunicación de Podemos llegó a primera hora del jueves a La Moncloa. Más tarde lo hizo su líder. Se buscó una sala pequeña, y una ventana abierta, casi una costumbre ya en el Gobierno Sánchez, y nada casual. Se improvisó una mesa alta para firmar y finalmente entraron las cámaras para registrar el final del largo enfrentamiento entre PSOE y Podemos.
Junto con el salario mínimo, las medidas más impactantes pasan por el aumento de las pensiones (que costará más de 1.000 millones de euros), apoyo a la educación y ciencia (más de 1.300), medidas para desempleo y dependencia (850), vivienda (más de 600) y subida del permiso de paternidad (300). La suma de todos estos gastos previstos es superior a 5.000 millones, tras una década de Gran Recesión que ha dejado niveles de paro, pobreza y desigualdad lacerantes. Bruselas recibirá el proyecto de presupuestos el próximo lunes, pero las fuentes consultadas en el Ejecutivo comunitario criticaban anoche “un paquete de medidas sociales seguramente válidas y necesarias, pero sin medios para financiarlas”. “Un Gobierno responsable y que quiera gobernar no puede firmar una subida del salario mínimo de más del 20% con un 15% de paro y empleo de baja cualificación en general; y las medidas que afectan a las empresas no parecen ir en la buena dirección”, explicó una alta fuente europea.
El principal problema de España es un desempleo casi sin igual en el Atlántico Norte. El segundo es una frágil posición fiscal y un abultado endeudamiento, con el mayor déficit de Europa, una deuda pública que roza el 100% del PIB y una deuda privada y exterior aún más elevada. Ante la previsible subida del petróleo, de los tipos de interés y la volatilidad procedente de Italia, la oposición concluyó que las cuentas no salen: habrá más déficit. Pero el Gobierno lo niega. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que los nuevos ingresos por subidas de impuestos y el crecimiento económico compensan con creces al aumento de gasto. Según sus cálculos, que no se detallan en el documento oficial, los ingresos extra derivados de la reforma fiscal serán de 5.678 millones, una cantidad importante que no parece corresponder con una limitada subida de impuestos concentrada sobre todo en las grandes empresas. Las estimaciones de Podemos elevan las cifras de los ingresos extra por encima de 7.000 millones.
La presión de Calviño
Los detalles llegarán el lunes, cuando un Consejo de Ministros extraordinario analice bien todas las cuentas para enviar a Bruselas un documento con las líneas generales de los Presupuestos. El Gobierno ha tenido en todo momento la presión de la UE, y ha sido la ministra de Economía, Nadia Calviño, la encargada de recordar la obligación de no excederse en el déficit. Montero ha tenido en todo momento encima a Calviño, y el lunes las dos comparecerán juntas. Pero la ortodoxia de Bruselas no es el único escollo al pacto. Al Gobierno no le bastan los votos del partido de Iglesias: juntos suman, en el mejor de los casos —con Compromís y los dos grupos canarios— 156 diputados. El Ejecutivo da por seguro el respaldo del PNV, con lo que serían 161. Pero necesita superar los 166 que suman PP y Ciudadanos, y para ello requiere del apoyo de uno de los dos partidos independentistas catalanes y la abstención del otro Esquerra Republicana y PDeCAT Pero aunque la aprobación de los Presupuestos no esté garantizada, el PSOE y Podemos han dado un importante salto político para lanzar la idea de que no es Sánchez el único que quiere agotar la legislatura: también su socio principal le acompaña.
