Adiós a los rectores educativos, más becas al estudio y de materiales

El Gobierno aprobó hace un mes un anteproyecto de ley que pretende revertir los recortes educativos impuestos por José Ignacio Wert (PP) en 2012. Se deja en manos de las comunidades la opción de rebajar desde el próximo curso la carga lectiva de los docentes, que subió a un mínimo de 25 horas semanales en infantil y primaria, y de 20 horas en secundaria. De esta manera los docentes contarían más tiempo para formarse o dar un trato más individualizado a los alumnos, una de sus mayores reivindicaciones.

Además, en 2019/2020 bajan las ratios máximas de alumnos por aula, que subieron un 20% en 2012. El  PP ya anunció en 2015 su intención de bajarlos y de facto las comunidades no han llegado a matricular desde entonces al máximo de alumnos por aula .

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Y la tercera medida contra los recortes ya ha entrado en vigor: no hay que esperar 10 días lectivos para nombrar a interinos que sustituyan a profesores titulares de baja. El acuerdo entre el PSOE y Podemos dispone que se abrirá, además, una partida de 50 millones de euros para material escolar gratuito para alumnos de primaria, secundaria y FP. 

En el apartado de universidades se acuerda reformar el intrincado sistema de becas de Wert, decretado en 2012, que cambió el baremo, dejando sin ayuda al 30% de los estudiantes, lo que según los expertos agrandó la brecha de equidad. Con el nuevo modelo se endurecieron los requisitos económicos y académicos para conseguir y mantener la beca y el ministro quiso premiar la excelencia frente a los medios familiares. A la partida para becas y ayudas al estudio en 2018, que alcanzó este año los 1.575 millones de euros, se sumarán 536 millones.

Antes de 2012 no había tope económico, recibía la beca todo el que cumpliese los requisitos, y con la reforma de Wert se estableció un monto total, lo que hace fluctuar la ayuda dependiendo del número de becarios. Un informe de la conferencia de rectores CRUE calcula que de media los alumnos han perdido 483 euros de ayuda cada año.

Los partidos han pactado también "reducir las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis", aunque en realidad son las comunidades autónomas quienes fijan los precios públicos dentro de una horquilla establecida por Educación. En 2012 Wert obligó a los gobiernos regionales a subir las tasas entre un 15% y un 25% (hasta 540 euros) en primera matrícula y algunos fueron más allá. Madrid subió los precios hasta un 62% y, como otras regiones, los ha suavizado sin volver a 2012. El pasado marzo el ministro Íñigo Méndez de Vigo  (PP)  ya había anunciado que las tasas serían "más asequibles", estableciéndose que los alumnos pagaran entre un 0% y un 25% de la primera matrícula.