El modelo Wert empobrece a los becados

Los estragos del cambio en el modelo para obtener una beca universitaria en España que impuso el ministro José Ignacio Wert (PP) en 2012, muy contestado en las calles por los estudiantes y los profesores, se notan ahora en el informe anual de la conferencia de rectores (CRUE), que se presentó ayer. Los alumnos pasaron de percibir 2.331 euros en 2011 a 1.748 euros en 2015, un 23,4% menos (483 euros). Y el gasto total en cada becado —sumando la matrícula gratuita— se redujo de 3.256 a 2.562 euros.

 Además los estudiantes no solo recibieron menos cantidad, sino que están obligados a aprobar todo u obtener una buena media —los requisitos oscilan según la rama de conocimiento— para mantener la ayuda al estudio o no pagar matrícula. En este lustro los beneficiarios, sin embargo, han crecido conforme al empobrecimiento de los hogares.

Antes de la reforma de Wert, bastaba un 5 de media en la nota de acceso para que el nuevo alumno sin recursos fuese becado. En la actualidad, este necesita un 5,5 para estar exento de pagar tasas académicas y un 6,5 para poder percibir dinero destinado a libros, transporte o alojamiento en la ciudad. Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y José Antonio Pérez (Politécnica de Valencia) calculan en el estudio de la CRUE que 70.000 potenciales beneficiarios de la ayuda incumplen los requisitos académicos impuestos por el ministro Wert. Porque el 7% de los 220.000 nuevos estudiantes llega a las aulas con menos de un 5,5% en el expediente y un 15% no alcanza el 6,5 de nota de acceso, la frontera entre que el Estado compense o no la mala situación económica que padece el universitario,

“El sistema excluyente de becas implantado en 2012 ha provocado que, a pesar de haberse incrementado del 19% al 23% el número de becarios, las ayudas complementarias adicionales a la matrícula gratuita —las verdaderamente responsables de garantizar la equidad— se hayan reducido un 23%”, denunció ayer Segundo Píriz, el rector extremeño que vive sus últimos días como presidente de la conferencia. Previsiblemente le relevará el rector de Lleida, Roberto Fernández Díaz, único candidato al puesto.

Píriz recriminó ayer en su intervención al Gobierno del PP que “el esfuerzo presupuestario en becas se ha reducido un 11% adicional, respecto a una magnitud que ya era menos de la mitad de la media de la OCDE. Incomprensible e injusto”. Hernández Armenteros y Pérez calculan en su informe que el Estado se ahorra unos 70 millones de euros cada curso.

Para frenar el éxodo de estudiantes sin medios ni beca, los campus públicos reservan una partida cada año que auxilia a muchos de ellos. Píriz sacó pecho del esfuerzo de las universidades: “Han sido capaces de destinar más de 100 millones de euros anuales a paliar los efectos regresivos del sistema”. En el pasado curso bajó la cuantía de la beca en 13 de las 14 comunidades, según una respuesta del Ministerio de Educación a la pregunta parlamentaria del grupo socialista.

El endurecimiento de los requisitos para obtener o mantener una beca ha tenido un efecto positivo. El rendimiento de los alumnos (se mide por el porcentaje de créditos que se han aprobado) ha crecido un 23% en los campus públicos entre 2008 y 2016. Un periodo en el que también se ha implantado en España el plan Bolonia, que fomenta el trabajo en equipo y las prácticas frente a los exámenes.

Los rectores reprochan al Gobierno que no solo las becas son “insuficientes”, sino que las tasas que pagan los alumnos (1.110 euros en grado y 1.991 en máster) están entre las más altas de Europa. Solo hay cuatro países por delante: Irlanda, Reino Unido (Escocia), Holanda e Italia. Y en seis países, la mayoría escandinavos, es gratuito.

Aunque la situación en España no es homogénea. Wert forzó en 2012 a las comunidades a subir las tasas entre un 10% y un 25% en el marco de las “medidas para la racionalización del gasto público” y esta decisión terminó de fracturar el panorama. De modo que estudiar en Madrid pasó a costar el triple que en Galicia. Las diferencias entre regiones se están suavizando, porque muchos Gobiernos autonómicos están recortando las tasas en lugares con precios disparados. En tres años se ha achicado la brecha del 182% al 118%. Aunque la desigualdad es notable: 757 euros cuesta matricularse de media en una universidad andaluza frente a los 1.509 euros de la catalana.

Una grieta en los precios públicos que no es proporcional a la riqueza de los habitantes. De modo que el esfuerzo que hace una familia castellanomanchega para que su hijo estudie es casi el triple que el de una gallega. En Castilla-La Mancha representa el 6,23% de la renta per cápita, frente al 2,75% de Galicia. Ante este escenario los rectores demandan corregir “estas diferencias que ponen en cuestión el principio de igualdad de oportunidades, al tiempo que encubren ineficiencias institucionales”.

El pasado julio, una veintena de estudiantes protagonizó un encierro de tres días en el Consejo Escolar del Estado, que abandonaron porque Educación se comprometió, entre otras cosas, a crear una comisión con alumnos y rectores para revisar el decreto de becas para el curso 2018-2019.

Los rectores se suman a la petición estudiantil: “Resulta preocupante que, cuando la crisis económica da signos de agotamiento, las autoridades ministeriales no consideren necesario cambiar ninguno de los parámetros que establecieron para las becas”.