Becas universitarias, una propuesta de mejora

A finales de julio, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que fija los requisitos de las becas y ayudas al estudio para el próximo curso académico. El presupuesto es el más cuantioso de la historia (1.420,3 millones de euros, un 25% más que en 2012). Siendo una noticia positiva, la efectividad de un sistema se mide por la calidad de sus resultados y no por la cantidad de recursos invertidos, y el español aún tiene muchos aspectos que mejorar.

Aunque el acceso a la educación superior se ha incrementado del 37% al 59% entre 1995 y 2014 en los países de la OCDE, los estudiantes con padres no universitarios muestran unas tasas de graduación muy inferiores. Mientras que el 67% de alumnos con padres universitarios logró un título, solo el 23% de los estudiantes con padres sin formación universitaria lo alcanzó. Las diferencias en el éxito académico entre estos estudiantes y sus compañeros se explican por dos causas fundamentales: las dificultades que sufren para acceder a la universidad (debido a las barreras financieras) y las diferencias significativas en el rendimiento académico.

A pesar del amplio presupuesto, el sistema nacional dista mucho de la perfección

Con el objetivo de promover el acceso a la universidad, el Estado dispone becas que se conceden condicionadas a las necesidades económicas de las familias y a cumplir un mínimo rendimiento académico exigido. Estas ayudas subvencionan el pago de la matrícula (la media de una primera inscripción es de 1.100 euros, mientras que el coste medio es de 6.480 euros), más unas cantidades adicionales para cubrir los costes de vida si el estudiante se traslada de ciudad, para compensar los bajos ingresos familiares, etcétera. Destacan como ayudas de este tipo a nivel internacional la Pell Grant en EE UU o la Bourses sur Critères Sociaux en Francia, que benefician a un tercio de los alumnos universitarios en estos países, y alrededor de un cuarto en España (unos 300.000 estudiantes de grado, de 1,26 millones matriculados en el curso 2014-2015). La investigación internacional concluye que estos apoyos financieros mejoran significativamente el acceso a la universidad, la continuidad en la carrera, la graduación, y en consecuencia, los futuros ingresos de los estudiantes más desfavorecidos.

En los últimos años, el sistema nacional se ha modificado sustancialmente. En 2012 se incrementaron los mínimos académicos exigidos, y en 2013 se endurecieron aun más, cambiando conjuntamente la estructura de la ayuda (con una parte fija y otra variable) y las cuantías otorgadas.

A pesar del amplio presupuesto, el sistema nacional dista mucho de la perfección y, persisten tres problemas graves que es preciso resolver:

1. Cambiar el calendario de solicitud y concesión. El plazo para solicitar beca comienza a mediados de agosto y termina a mitad de octubre. Los estudiantes pueden conocer el resultado de la solicitud en cualquier momento del año académico. Este procedimiento es perjudicial para los estudiantes más desfavorecidos, y ya ha sido denunciado por el Consejo Escolar del Estado. Si un estudiante de escasos recursos depende de la beca para acceder a la universidad, no puede recibir la información y la cuantía con el curso ya empezado, ya que implica estar matriculado y seguirlo sin la misma. Esto disuade de matricularse al grupo más vulnerable, o bien, a simultanear trabajo y estudio, con lo que, en general, el rendimiento de estos estudiantes será inferior por razones puramente económicas y no académicas. Este problema se resolvería si todas las solicitudes finalizaran antes del inicio del curso (como ocurre en Francia).

Si España quiere acercarse a los países más desarrollados del mundo, es imprescindible que se tome en serio la evaluación rigurosa de sus políticas públicas

2. La cuantía debería variar en función de la comunidad autónoma o municipio. Aunque el importe no depende del lugar en el que está ubicada la universidad, los costes de vida son diferentes a lo largo del territorio nacional. Con el sistema actual, los estudiantes están relativamente más cubiertos si estudian en regiones donde el coste es relativamente inferior, un contrasentido. Una solución sería que las cuantías dependan de los costes de vida del lugar donde se estudia, y se incrementen para cubrir la totalidad del coste real que soportan los estudiantes.

3. La cuantía variable debería percibirse al comienzo del curso y depender del rendimiento del curso anterior. Esta ayuda depende del ingreso y rendimiento académico en el curso en el que se solicita, y se percibe al final del año académico (en junio). Aunque es favorable que una parte dependa del rendimiento para incentivar una mejora académica, esta no se recibe hasta que el curso se ha cerrado. Estos incentivos se orientan más hacia una recompensa final que hacia la necesidad inicial. Una posible solución es que esta cuantía dependa del rendimiento académico del curso anterior. La ayuda se percibiría a principio de curso (cumpliéndose el objetivo de necesidad) y los becados seguirían teniendo incentivos para rendir al máximo para obtener una cantidad superior el curso siguiente.

El nuevo reto que se debe imponer la Administración –hasta la fecha ningún gobierno de cualquier color político ha asumido- es evaluar la eficiencia y equidad del sistema. El ministerio no proporciona datos administrativos a los investigadores para evaluar el rendimiento de las becas, escudándose en la “protección a la que están sometidos los ficheros por la Agencia Española de Protección de Datos”. Si España quiere acercarse a los países más desarrollados del mundo, resulta imprescindible que se tome en serio la evaluación rigurosa de sus políticas públicas. Para ello, es fundamental la transparencia, además de hacer partícipes, junto a los funcionarios, a investigadores y consultores externos en el proceso de análisis.

José Montalbán Castilla es doctorando en Paris School of Economics.