Los socialistas asumen que Jorge Rodríguez, detenido por corrupción en junio, será su candidato en Ontinyent
La candidatura del expresidente de la Diputación de Valencia genera discrepancias entre las direcciones autonómica y federal
El PSPV-PSOE ha asumido que Jorge Rodríguez se convertirá oficialmente este martes en su candidato a las elecciones locales de 2019 en Ontinyent, un municipio valenciano de 35.000 habitantes del que ya es alcalde. Rodríguez abandonó la presidencia de la Diputación de Valencia en junio tras ser detenido por la policía. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye delitos de prevaricación y malversación por enchufar presuntamente como altos cargos a siete militantes de su partido y de Compromís en una empresa de la Diputación. La causa continúa bajo secreto.
Su candidatura genera discrepancias entre la dirección valenciana, partidaria de permitirla, y la del PSOE, reacia, aunque ambas consideran el caso complejo. Entre los elementos que han inclinado al PSPV-PSOE a permitirla se halla, de un lado, la opinión de que los hechos que se atribuyen a Rodríguez, a la espera de que levante el secreto de sumario y a pesar de la envergadura de los delitos, no son tan graves como los de los grandes escándalos de corrupción, sino que revisten más bien carácter "administrativo". Del otro lado, en el PSPV temen que si Rodríguez, que en 2015 ganó en Ontinyent con el 62% de los votos, se presenta como independiente, algo que ya ha sugerido, los socialistas perderán la alcaldía y probablemente la presidencia de la Diputación, la única de las tres Corporaciones provinciales valencianas que gobiernan.
La dirección valenciana sostiene, para justificar la decisión, que los estatutos del partido no impiden a un militante presentarse a un proceso de primarias salvo que se le haya abierto juicio oral, y Rodríguez solo está suspendido. En teoría, cabría que en estas últimas horas —el plazo concluye este martes— un rival interno reuniera los avales necesarios y pugnara por ser el candidato en Ontinyent, pero los apoyos con los que cuenta Rodríguez en su pueblo descartan ese escenario.
Los estatutos del PSOE sí contemplan la posibilidad de que un candidato oficial sea fulminado "cuando las circunstancias políticas lo aconsejen o el interés general del partido lo exija". Pero el PSPV no tiene intención de hacerlo, salvo que cuando se levante el secreto de sumario se descubra que a Rodríguez se le atribuyen otras actividades criminales aparte de las contrataciones realizadas presuntamente "apartándose de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", como describe la única resolución que el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha entregado hasta el momento al alcalde y sus cinco colaboradores detenidos.
"Quien decide la presentación o no de un candidato en el Partido Socialista no son los jueces, sino la ética. Si hay un problema ético, al margen de lo que digan los jueces, se tomarán decisiones como las hemos tomado en otros casos", ha dicho el presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig. En la dirección federal, que ha puesto el listón de la exigencia de responsabilidades muy alto en los últimos meses, creen que hubera sido mejor retrasar las primarias de Ontinyen, como ha sucedido en Alicante, para que diera a tiempo a conocer exactamente de qué se acusa a Rodríguez antes de convertirlo en candidato.
Hasta que pasó 32 horas detenidos y su vivienda y sus despachos en Ontinyent y Valencia fueron registrados por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Rodríguez, de 39 años, parecía tener un largo recorrido político por delante. En 2017 apoyó a Puig en las primarias del PSPV frente al candidato impulsado por los partidarios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Tras ser detenido fue presionado para renunciar a la presidencia de la Diputación y fue destituido como portavoz de los socialistas valencianos, pero se negó a dejar la alcaldía de Ontinyent, y solo delegó las funciones unas semanas. Fuentes cercanas a Rodríguez afirman que, si finalmente no le permiten presentarse como alcalde, lo hará como independiente, y que en ese camino lo seguirían líderes y militantes de una decena de municipios de su comarca, La Vall d'Albaida.
Operación policial
El alcalde y el resto de detenidos en la llamada Operación Alquería sostienen que la actuación policial fue desproporcionada, una impresión extendida en el partido. Y hacen hincapié en que la Fiscalía no solicitó medidas cautelares contra ellos. Poco después, varios de ellos pudieron irse de vacaciones al extranjero. Rodríguez estuvo en Rumanía y otro de los arrestados, en Egipto. Los imputados defienden que las contrataciones de los siete altos cargos en Divalterra se hizo con tres informes jurídicos a favor y dos en contra, y no con una decena de dictámenes contrarios como figura en la denuncia que dio pie a la investigación. Y que las personas fueron elegidas directamente porque eran cargos de confianza, cuyos contratos preveían su cese automático cuando lo hiciera el gerente.
Fuentes de la investigación mantienen, en cambio, que la operación policial fue necesaria para recabar la documentación perseguida, básicamente correos electrónicos, que probarían que se infringieron las normas de contratación del sector público y que el reparto de puestos entre cargos del PSPV y Compromís, que gobiernan la Diputación, constituyó una práctica clientelar. Una de las conductas delictivas, añaden las fuentes, que Anticorrupción atribuye al anterior presidente de la Diputación, Alfonso Rus, del PP
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