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La Diputación de Valencia cerrará la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa

Los trabajadores, más de 700, han anunciado acciones legales para defender sus empleos

En el centro, Jorge Rodríguez, y a su derecha María Josep Amigó, ahora presidenta en funciones de la Diputación. Ampliar foto
En el centro, Jorge Rodríguez, y a su derecha María Josep Amigó, ahora presidenta en funciones de la Diputación.

El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia, presidido en funciones por Maria Josep Amigó, de Compromís, tras la dimisión del socialista Jorge Rodríguez, investigado en la operación Alquería, cerrará la empresa pública Divalterra. Mientras se pone fin a la sociedad, el diputado socialista Toni Gaspar, será el nuevo presidente de la institución provincial. Ambas decisiones han sido adoptadas este lunes por el equipo de gobierno que manda en la Corporación, formado por socialistas, Compromís, EUPV y València en Comú.  

La empresa pública Divalterra, antes conocida como Imelsa (Impulso Económico Local Sociedad Anónima), que tuvo un papel central en el caso Taula, supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, vinculada al PP valenciano cuando gobernaba en la Diputación de Valencia, ha vuelto a la actualidad judicial. Esta vez ha sido con la Operación Alqueríadurante el mandato del socialista Jorge Rodríguez. Seis altos cargos de la empresa pública fueron detenidos el pasado mes por prevaricación y malversación en la contratación de personal directivo de la antigua Imelsa. Los cambios de Gobierno en la corporación provincial no han logrado que ésta salga de la sombra del escándalo y la corrupción.

Amigó ha explicado que se quitarán, de forma progresiva, las competencias a Divalterra y se trasladarán a la corporación provincial u otras administraciones, como la Generalitat. Una resolución que el equipo de gobierno ya tenía marcada, ha aclarado. "Ir vaciando de contenido esta empresa pública estaba en nuestra hoja de ruta desde hace tiempo. No es una cuestión nueva", ha declarado la presidenta en funciones. 

Sobre el futuro de los trabajadores de Divalterra, Amigó ha señalado que se tendrá que contar con un estudio jurídico y técnico para ver de qué forma se lleva a cabo el traspaso de los empleados. "Por eso hablamos de un cierre ordenado. Estamos hablando de muchas personas, no solo brigadistas, y es necesario estudiar cómo se puede hacer", ha añadido.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este lunes movilizaciones contra el cierre de la empresa pública y acciones legales para defender los puestos de trabajo de los más de 700 empleados. El sindicato, mayoritario en el comité de empresa de la antigua Imelsa, ha indicado en un comunicado que "la incompetencia, negligencia y presuntas actuaciones delictivas" por parte de algunos dirigentes políticos no pueden perjudicar la estabilidad laboral de las familias que dependen de la empresa pública. Para CSIF, los empleados no son los culpables de la situación de la compañía pública, y propone que si los partidos que gobiernan en la Diputación no disponen de personas "capaces, que sepan, quieran y puedan gestionar con honestidad y eficacia la empresa", que convoquen un concurso público y transparente para cubrir los puestos directivos.

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Valencia, Mamen Perís, ha calificado de "improvisación" la decisión de "cierre ordenado" de la empresa pública Divalterra . "Demuestra que el gobierno no tiene proyecto provincial ya que actúa dando bandazos contradictorios y sin sentido", ha señalado. 

El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha indicado que no bastaba cambiar el nombre a Imelsa. "Hacía falta cerrar el epicentro de la trama Taula y nos alegramos de la decisión aunque llegue tarde". Estañ ha apuntado que su formación pedirá que las diputaciones pierdan el poder que ostentan actualmente. "Es por una cuestión de transparencia y eficacia, y no solo como reacción ante casos de corrupción a los que no se debería haber llegado nunca", ha destacado. 

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