Euskadi tendrá en octubre la norma sobre abusos policiales

El relanzamiento de la ley de abusos policiales es el primer acuerdo alcanzado por el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Urkullu. Y se aprobará en octubre por el Parlamento vasco. Es un relanzamiento porque la ley fue aprobada por la Cámara vasca, a iniciativa del Gobierno PNV-PSE, en octubre de 2016, y bloqueada por el  Tribunal Constitucional al ser recurrida por el Ejecutivo de Rajoy. Sánchez y Urkullu pactaron la retirada del recurso en su primer encuentro, el 25 de junio, y el Consejo de Ministros del 3 de agosto lo materializó.

Los negociadores —Jonan Fernández, secretario de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno vasco, y Jesús Loza, delegado del Gobierno en Euskadi— conceden especial importancia a este primer acuerdo porque “mientras las víctimas del terrorismo y las del franquismo tienen una ley de reconocimiento y reparación, no sucede lo mismo con las de abusos policiales, numerosas durante la Transición y primeros años de la democracia”. “Muertos y heridos en manifestaciones, en controles policiales o casos conocidos y sentenciados como los de Joxi Lasa y José Ignacio Zabala, presuntos etarras jóvenes torturados, muertos y hechos desaparecer por miembros de las fuerzas de seguridad en 1983 o el de Mikel Zabalza, fallecido en 1985 en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián), cuyo cuerpo fue arrojado a un río para aparentar una muerte accidental, no están reconocidos como víctimas ni sus familias han sido reparadas. Están en tierra de nadie al no ser víctimas de una organización terrorista sino de extralimitaciones de miembros de instituciones policiales”, explica Fernández. El Gobierno vasco calcula entre 315 y 450 casos de abusos policiales en el período de 1978 a 1999 —incluidos entre 35 y 45 fallecidos—, pendientes de reconocimiento y reparación.

La negociación de Fernández y Loza pretendía “salvar las suspicacias” de algunas asociaciones policiales y de víctimas del terrorismo, especialmente Covite, temerosas de que la ley equiparara el comportamiento de las Fuerzas de Seguridad con el de los etarras y de que se aprovechara para investigar actuaciones policiales.

Se retocaron seis artículos de la ley y una disposición adicional. “Hubo abusos policiales, sobre todo en la Transición y primeros años de la democracia, y hay que reconocerlos. Conviene hacerlo porque aclara que solo algunos policías los cometieron y no el conjunto, cuya labor fue clave para terminar con el terrorismo. Hay que admitir que el daño injusto sufrido es el mismo para todas las víctimas. Les diferencian las causas. Igualar a las víctimas no significa fortalecer la teoría abertzale del conflicto. Al contrario, mejora la convivencia”, señala el delegado del Gobierno en Euskadi.

El retoque más importante a la ley ha afectado a la Comisión de Valoración de los abusos policiales, constituida por expertos, cuya misión es decidir sobre la procedencia o no de las denuncias de las víctimas siguiendo pautas similares a los casos de violencia de género o de terrorismo. Bastan pruebas fehacientes. “Siempre pensamos que el papel de la Comisión era valorar las denuncias de las víctimas, pero no la identificación de culpables supliendo a un tribunal de justicia. Hemos retocado el texto para ofrecer mayores garantías en ese sentido”, señala Loza. Otro retoque garantiza “el derecho al honor, la presunción de inocencia y la protección de datos”.

El presupuesto estimado de las indemnizaciones a las víctimas —predominantemente heridos o muertos en controles policiales, manifestaciones— del Gobierno vasco es cercano a los 12 millones de euros. Sus cuantías son muy inferiores a las de las víctimas del terrorismo. Estas compensaciones serán compatibles con otras anteriores por los mismos hechos.

La ley de abusos policiales la aprobará el Parlamento vasco en octubre. Tiene el apoyo del PNV y PSE y contará con el respaldo de Podemos. Bildu, crítica con la ley al considerarla insuficiente, se abstendrá mientras el PP está en el rechazo.