Marlaska acusa al PP de “inyectar odio” con “falacias” sobre los presos de ETA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles en la Comisión de Interior del Congreso que el Gobierno de Pedro Sánchez  "continuará" con el acercamiento de modo individualizado a prisiones del País Vasco y Navarra o próximas a ambas comunidades de los reclusos de ETA dentro del "estricto cumplimiento de la ley". Marlaska —que ha evitado dar datos y plazos sobre futuros movimientos— recordó al PP que cuando ellos gobernaban también hubo acercamientos y entonces ningún partido lo utilizó como arma política. El ministro acusó a los populares de utilizar "falacias" para atacar al ejecutivo. "Flaco favor hacen ustedes a España inyectando odio", les espetó antes de reclamarles "coherencia, responsabilidad y lealtad". Marlaska ha detallado que, en la actualidad, hay en cárceles españolas 233 presos etarras (205 hombres y 28 mujeres), y que 203 de ellos están en primer grado penitenciario (el más duro), 28 en segundo grado y solo 2 en régimen de semilibertad.

Marlaska ha comparecido a petición propia tras las duras críticas que el PP lanzó por el traslado a la cárcel de Basauri (Bizkaia) de dos reclusos de ETA arrepentidos, Olga Sanz y Javier Merino. El ministro insistió en que aquel movimiento fue fruto de la progresión a tercer grado penitenciario de ambos presos, desligados de la banda terrorista desde hace años e incluidos en la llamada Vía Nanclares de reinserción, y recordó que la primera aproximación de ambos al País Vasco la había hecho, precisamente el Gobierno de Mariano Rajoy hace años cuando los llevó desde un centro penitenciario de Madrid a la prisión de Asturias, desde la que ahora han sido enviados a Euskadi.

Marlaska admitió que la dispersión de los presos de ETA fue "exitosa" y ayudó en la lucha contra la organización terrorista, pero insistió en que una vez disuelta ya "no tiene sentido". También ha recalcado que cada caso será tratado de manera "individualizada" y recordó que están utilizando los parámetros para tomar la decisión que ya fijo el PP el pasado mes de febrero, cuando envió un correo electrónico a las cárceles para recabar datos de aquellos reclusos de la organización terrorista dispuesto a la reinserción.

El titular de la cartera de Interior se reafirmó en su compromiso de hablar con las asociaciones de víctimas antes de realizar cualquier nuevo acercamiento de presos de ETA que, añadió, son decididas por los técnicos de Instituciones Penitenciarias y no por el ministerio. "Los acercamientos continuarán", dijo, antes de añadir que se hará siempre con "transparencia". Marlaska también recalcó que para que los presos de la banda terrorista sean progresados de grado y se les apliquen beneficios penitenciarios como permisos o el régimen de semilibertad, se les exigirá el cumplimiento de los requisitos que marca la ley y que enumeró: pago de las responsabilidades, civiles a las que fueron condenados, el abandono de los fines y los medios terroristas, la petición de perdón a las víctimas y la colaboración con la justicia.

Las explicaciones de Marlaska no han satisfecho al PP, cuya diputada Marí Mar Blanco, ha cargado duramente contra el ministro. Blanco, que admitió que el acercamiento de los presos de ETA es una medida "legal", insistió en que "no es obligatoria" y exigió al ministro que no siguiera adelante para no "humillar" a las víctimas. La diputada popular -hermana del concejal Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda- aseguró que el cambio de la política penitenciaria puesta en marcha es una "imposición de [Pedro] Sánchez" como "pago a los votos nacionalistas" que le dieron la presidencia del Gobierno. Durante su intervención, Blanco echó en cara a Marlaska que durante su etapa como juez de la Audiencia Nacional rechazó en un auto el traslado de los presos por "el debido respeto a las víctimas" y, ahora, apoye dicha medida.

También muy crítico se mostró Ciudadanos, cuyo portavoz en la comisión, Miguel Ángel Gutiérrez, utilizó el mismo argumento esgrimido por el PP: el cambio de la política penitenciaria es el supuesto pago de "los peajes a los independentistas, proetarras y batasunos". Gutiérrez acusó a Marlaska y al Ejecutivo socialista de estar "más preocupado por los derechos de los terroristas de ETA que por los de sus víctimas". En el lado opuesto del debate se colocaron los representantes del EH-Bildu y el PNV, Marian Beitialarrangoitia y Mikel Lejarda, que acusaron de incumplir la ley. Beitialarrangoitia aseguró que de hacerse más de cien presos etarras [actualmente hay 231 en cárceles españolas] deberían haber sido ya excarcelados. Legarda insistió en que "la reubicación de un recluso en el lugar más cercano a su anclaje familiar es un derecho" y, por tanto, no está justificado poner condicionantes a aproximarlos al País Vasco y Navarra.