Villarejo clausuró en 2016 sus sociedades panameñas mientras le investigaban

El comisario jubilado José Villarejo se sentía desprotegido y bajo el radar judicial desde mediados de 2016. Un año y medio antes de entrar en prisión por dirigir una presunta red de tráfico de información. Y, como cautela, desmontó parte de su entramado societario en Panamá, según fuentes judiciales.

El juez del caso Tándem ha acreditado a través de una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial entre Estados) que Villarejo usó el país centroamericano para cobrar 1,2 millones de euros a un cliente que le encargó la búsqueda de trapos sucios a golpe de talonario.

La telaraña de empresas de Villarejo se extendió por Panamá, Uruguay, Reino Unido y EE. UU. Y se diseñó para ocultar los cobros de las campañas de intoxicación por las que el comisario solicitaba hasta cinco millones de euros.

El nerviosismo de Villarejo por desarmar su tinglado empresarial —46 sociedades con un patrimonio de 14 millones de euros, según reveló EL PAÍS— se disparó después de su jubilación, en junio de 2016, según fuentes judiciales.

Dos sociedades panameñas vinculadas a Villarejo fueron entonces disueltas. El expolicía quiso así desmarcarse de estas firmas con las que, según las pesquisas, facturó 1,2 millones de euros al abogado en España de la petrolera de Guinea Ecuatorial Gepetrol. El servicio prestado por Villarejo al letrado consistió en elaborar un documento para desacreditar a Gabriel Mbaga Embaga Obiang Lima, uno de los hijos del presidente africano.

Madeja mercantil internacional

La red de Villarejo diseñó un esquema mercantil y bancario para repatriar sus fondos a España desde Panamá. La estructura pasaba por Reino Unido, según las comisiones rogatorias que maneja el juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Tándem, Diego de Egea.

La investigación de esta compleja causa —cinco piezas bajo secreto— no ha acreditado todavía la fortuna oculta de Villarejo en España. “Hemos detectado una parte del dinero, pero no las cifras millonarias que sospechamos que cobró a través de paraísos fiscales”, confiesan fuentes próximas al caso de este comisario que llegó a pedir 30 millones de euros a ocho empresarios entre 2013 y 2017.

La maquinaria judicial arrancó en abril de 2017 después de una denuncia anónima a la Fiscalía Anticorrupción. Las pesquisas tienen desde entonces en la colaboración judicial internacional su obstáculo principal.

El magistrado De Egea no ha recibido respuesta a la comisión rogatoria que envió a Uruguay. Y viajará a partir de septiembre a Montevideo para reclamar a las autoridades de ese país que le ayuden a desenmarañar el alambicado esquema societario del cabecilla del caso Tándem, según fuentes próximas al caso.

La caída en desgracia de Villarejo ante los responsables del Ministerio del Interior del PP se agudizó tras el fuego cruzado de acusaciones y denuncias entre el comisario jubilado y el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán. “Villarejo pidió adelantar su jubilación. Y, en pleno trámite, quiso dar marcha atrás. Ya no pudo. Estaba en el ojo del huracán”, reconoce un alto cargo del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (2011-2016). El exagente solicitó, también, que le concedieran la condición de comisario honorario. Interior denegó la petición porque no cumplía la antigüedad.

Pero antes de su enfrentamiento con el jefe de los espías, Villarejo se había convertido ya en una incómoda máquina de titulares para el Gobierno, según la misma fuente. La aparición de un hijo del excomisario entre los investigados en la Operación Emperador —blanqueo de capitales del empresario Gao Ping— agudizó la mala imagen de este agente vinculado con la denominada policía patriótica. Una controvertida camarilla amparada por el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, cuyos trabajos contemplaron campañas de intoxicación como el informe PISA (Pablo Iglesias SA) o la divulgación de las falsas cuentas en Suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trias.