Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Tres altos cargos de la URJC fueron profesores del máster de Casado, pero no recuerdan nada

La universidad aún no ha aclarado después de tres meses si hubo o no trato de favor con el líder del PP y todos los docentes vinculados al curso guardan silencio

Álvarez Conde sale de los juzgados de plaza de Castilla tras declarar ante el juez el pasado 26 de junio.
Álvarez Conde sale de los juzgados de plaza de Castilla tras declarar ante el juez el pasado 26 de junio.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) aún no ha aclarado, tres meses después de las primeras informaciones de EL PAÍS, si Pablo Casado recibió o no un trato de favor en su máster. Portavoces de la universidad alegan que el asunto está bajo investigación judicial, pero además justifican el silencio en que no es fácil encontrar la documentación ni averiguar qué pasó exactamente. Pero para aclarar si Casado recibió un trato de favor basta responder una pregunta: ¿qué se pidió a los demás alumnos? El nuevo presidente del PP ya respondió en su primera rueda de prensa: “No lo sé”. Porque no pisó las clases y ni les conoció. En realidad el rector, Javier Ramos, tiene cerca quien podría responder. EL PAÍS ha comprobado que tres profesores que figuran en los horarios de aquel máster son miembros del actual equipo de gobierno. Pero no recuerdan nada o guardan silencio. Como todos los docentes del máster.

Una es Pilar Charro, la secretaria general, la persona que denunció el robo de su portátil el día que eldiario.es publicó la primera información sobre Cristina Cifuentes. Otro es Pablo Benlloch, vicedecano de Ciencias Jurídicas. A través de la oficina de prensa, ambos responden que impartieron una asignatura optativa, Casado no fue alumno suyo, no estuvieron en ningún tribunal y las reglas del máster eran competencia del director. Pero no contestan sobre cuáles fueron los requisitos para el resto de alumnos. El tercer docente es el vicerrector David Ortega: en su caso, niega haber participado en el máster, aunque figura en los horarios de clase. “A lo mejor Álvarez Conde metió mi nombre, o me lo comentó, no lo recuerdo, pero nunca fui, es un dato erróneo”, afirma.

El PP ataca a la juez que lleva el caso

El dirigente del PP Javier Maroto, miembro del equipo de Pablo Casado, atacó la noche del lunes a la juez que instruye el caso del máster, Carmen Rodríguez-Medel, y le recriminó las últimas providencias que buscan recabar más información sobre el líder del partido conservador: “Yo ya no sé si hay alguna razón además de la judicial para que erre que erre esté preguntando sobre un tema sobre el que no tiene jurisdicción (...) ¿Cuál es el motivo por el que hace preguntas sobre un tema del que no puede siquiera emitir opinión y juicio?”.

Maroto hacía referencia a que Casado, como diputado, es aforado y solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo, previa autorización del Congreso. La juez del caso ya solicitó a la cámara baja la confirmación oficial de que el líder del PP ocupa un escaño, para valorar después si eleva el caso al alto tribunal, y ya ha recibido la respuesta. Según fuentes judiciales, la intención de la magistrada es recabar toda la información posible sobre el máster de Casado para decidir si archiva el caso o, por el contrario, ve indicios de delito que le obliguen a inhibirse y trasladarlo al Supremo.

Los puntos bajo sospecha de trato de favor a Casado son dos y la universidad no ha sabido aclararlos: las 18 convalidaciones que obtuvo y que no hiciera el trabajo final, con un tutor y defendido ante un tribunal. Sobre estos dos aspectos insistió precisamente la juez que instruye el caso en el interrogatorio del rector de la URJC, Javier Ramos, el pasado 21 de junio. Una de las claves de este asunto es bajo qué legislación se desarrolló el máster, en un momento de transición hacia el modelo europeo del plan Bolonia. Según Casado, fue un real decreto de 2005, que le permitió no hacer trabajo final, requisito que ya se pedía en el siguiente real decreto de 2007. Pero bajo cualquiera de las dos normativas, se habría incurrido presuntamente en irregularidades. La juez hizo leer a Ramos el Real Decreto de 2005 y el rector concluyó: “Si he entendido bien no se le pudo convalidar nada, es irregular que se le convalidase”. Y en cuanto al trabajo final, le preguntó: “¿Le consta si en la edición del señor Casado hubo defensa pública del trabajo de fin de máster?”. “Lo desconozco”, contestó el rector.

Lo cierto es que hasta tres alumnos han confirmado a EL PAÍS que sí hubo trabajo final con defensa ante un tribunal. Y dos estudiantes del año anterior, regulado con la misma normativa, han contado lo mismo. Los compañeros de Casado, llamados a declarar como testigos la semana que viene, poseen incluso un correo de Álvarez Conde con la convocatoria del tribunal el 29 de junio de 2009 y los profesores que lo componían. Si bien cuando llegaron les dijeron que no era necesaria la lectura pública, porque los trabajos ya habían sido examinados. Los miembros de aquel tribunal, titulares y suplentes, según ese correo electrónico de la convocatoria, fueron los profesores Enrique Álvarez Conde, Florentina Navas Castillo, Elena Pérez Martín, Manuel Arenilla Sáez, José Fernando Merino Merchán y Jesús Primitivo Rodríguez González. Ninguno de ellos ha respondido a los mensajes o llamadas de este periódico, Merino Merchán no ha podido ser contactado.

Todos los profesores que dieron clase en aquel máster, contactados por este periódico, también guardan silencio y, mientras tanto, las tensiones en la universidad en torno al máster de Casado han ido creciendo. Por un lado, la investigación de la juez Rodríguez-Medel ha sacado a la luz que el actual rector estaba en la comisión que tomó entonces la decisión de convalidar a Casado 18 asignaturas. Por otro, la obligación de aportar información al juzgado ha causado roces internos. Según fuentes del rectorado, el cese del vicerrector de másteres José María Álvarez Monzoncillo, el 27 de junio, estaría relacionado con el caso. Él no ocupaba ningún puesto en la época de los hechos, pero como actual responsable de posgrados ha enviado al juzgado la información requerida. Ha colaborado con fluidez, aunque encontraba obstáculos para obtenerla. Tras ser llamado a declarar, fue cesado y dejó de tener acceso al sistema informático. Según estas fuentes, insistía en aportar todos los datos necesarios.

Más información