El guardia civil de La Manada seguirá en libertad provisional pese a que intentó renovar el pasaporte

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha rechazado en un auto hecho público este martes el reingreso en prisión solicitado por la fiscalía y las acusaciones para el guardia civil de La Manada, Antonio Manuel Guerrero, quien intentó renovar el pasaporte en Sevilla el 25 de junio pese a tenerlo expresamente prohibido por decisión de este mismo tribunal. La sala cree la versión del condenado y entiende que no intentó quebrantar la medida cautelar.

El fallo ha sido adoptado por mayoría de dos a uno y cuenta de nuevo con el voto particular discrepante del presidente de la Sección Segunda, que aboga por mandar a prisión al joven, condenado a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual en los sanfermines de 2016, al estimar que este quebrantó la medida cautelar impuesta en el auto dictado el 21 de junio.

En su auto, el tribunal sostiene que no aprecia en la actuación del condenado "causa suficientemente justificada para modificar la situación de libertad provisional". Para la sala, “la prueba practicada pone de manifiesto que la actuación” del procesado “en ningún momento estuvo encaminada a procurar el incumplimiento de las medidas acordadas” en el auto del 21 de junio.

Entre otros argumentos, la Audiencia destaca que "ninguno de los funcionarios que intervinieron en el intento de renovación del pasaporte reaccionaran, ni dieran aviso de inmediato a este tribunal, ni se elaborara tampoco un atestado policial, ni se remitiera comunicación alguna a la autoridad judicial".

Para los dos magistrados, que la única reacción policial haya sido la publicación de un tuit por parte de la Policía Nacional tres días después “hace dudar seriamente de que lo sucedido hubiera dado lugar en su momento a la más mínima alarma”, y hace pensar que la comparecencia del encausado  “desde un punto de vista lógico y racional, atendiendo al sentido común, no generó ninguna respuesta porque en ningún momento se dio a la misma la importancia que ahora pretenden atribuirle las acusaciones, quienes tampoco han acreditado suficientemente el elemento intencional indispensable para poder extraer de lo ocurrido las consecuencias que ahora se pretenden”.

En su voto particular, el presidente de la Sección califica de “contradictoria” e innecesaria la actuación llevada a cabo por el procesado. Recalca que, de haber conseguido el pasaporte, se hubieran incrementado las posibilidades del riesgo de fuga del encausado.

“Estamos satisfechos dentro de la cautela que hemos tenido siempre respecto de esta situación”, ha manifestado a este diario Jesús Pérez, el abogado de Guerrero. Ahora dependerá del guardia civil decidir si toman medidas contra la persona que denunció la presencia del miembro de La Manada en las oficinas de pasaporte y DNI de la Policía Nacional. “Es una anomalía que no se conozca su identidad y es decisión de mi cliente determinar cómo procedemos al respecto”, ha indicado Pérez. La defensa de la víctima ha decidido no hacer valoraciones hasta que se dicte una sentencia firme sobre el caso.

La defensa del guardia civil siempre sostuvo que lo sucedido ese día se debió a un malentendido y ese argumento es el que ofreció en la vista del 5 de julio en la que la Audiencia Provincial de Navarra debía dirimir si mantenía la libertad provisional o aceptaba la petición de la fiscalía y las acusaciones de su reingreso en prisión por vulnerar una de las condiciones de salida de prisión impuestas por los magistrados. Guerrero, según su defensa, acudió a solicitar un nuevo pasaporte porque no encontraba el suyo y debía entregarlo para cumplir con las medidas cautelares establecidas. 

Sin embargo, la Policía mantuvo en un informe, elaborado a petición de la Audiencia de Navarra, que Guerrero pidió renovar su pasaporte y se marchó cuando se le comunicó que el sistema alertaba de que no podía hacerlo ya que tiene prohibido salir del país y debe entregar su pasaporte en los juzgados.

Guerrero, que ha vuelto al servicio activo en la Guardia Civil “por imperativo legal”, al haber quedado en libertad provisional y haber cumplido los seis meses que como máximo se puede estar suspendido de funciones, esperará así en libertad a la resolución de los recursos a la sentencia planteados al Tribunal Supremo, junto con el resto de los miembros de La Manada, para quienes la Audiencia también desestimó las peticiones de reingreso en la cárcel. Los cinco condenados se encuentran en libertad desde el 22 de junio, al día siguiente del auto notificado por el tribunal, tras abonar cada uno los 6.000 euros de fianza.