La fiscalía pide el ingreso en prisión del guardia civil de La Manada que quiso solicitar el pasaporte

La Fiscalía de Navarra ha solicitado esta tarde el inmediato ingreso en prisión de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil en libertad condicional condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales continuados a una joven en los Sanfermines de 2016 junto con los otros miembros de La Manada, por solicitar un pasaporte el pasado lunes 25. "La Fiscalía solicitará la medida cautelar de ingreso en prisión ante el riesgo de fuga manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida expresamente acordada en el auto de que no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro", indica el Ministerio Público, que también solicita a la Audiencia Provincial de Navarra que investigue "si los hechos pudieran ser constitutivos de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa"

Guerrero se presentó este lunes 25 en las dependencias de la Policía de Tablada-Sevilla para obtener un pasaporte. Su petición fue rechazada, según ha informado la Policía Nacional en un tuit que acompaña de un gif animado en el que Batman dice no con el índice y la cabeza. El guardia civil y los otros cuatro miembros del grupo llevan seis días en libertad porque, entre otras razones, el tribunal entendió que no había riesgo de fuga. Su abogado sostiene que el joven intentó tramitar el documento porque lo ha extraviado y lo tiene que entregar como parte de las medidas cautelares impuestas por el tribunal. El suceso no ha sido comunicado de manera oficial a la Audiencia de Navarra que debe estudiar los recursos a la libertad provisional de los condenados, presentados hoy por las partes. 

"Pillado uno de los miembros de LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado", dice el mensaje junto a la etiqueta AsíNO. El joven, según el atestado al que ha tenido acceso Efe, había solicitado cita previa para realizar ese trámite y acudió a la oficina a las 11.30 del pasado lunes. La jefa del equipo de expedición de esos documentos en la oficina de Tablada-Sevilla le comunicó la imposibilidad de realizar ese trámite por tener prohibida la salida del territorio nacional.

El abogado del guardia civil, Jesús Pérez, ha explicado a EL PAÍS, que los hechos que denuncia la Policía se debieron "a un exceso de celo". "Guerrero no encontraba su pasaporte y debía entregarlo en cuatro días. Se asustó y yo le recomendé que acudiera a la Policía", sostiene. "Las condiciones para su libertad son muy minuciosas y cualquier fallo puede ser utilizado en su contra", dice el letrado que ya ha remitido un escrito relatando lo sucedido a la Audiencia de Navarra. Pérez no cree que este episodio pueda poner en riesgo la libertad de su representado y se muestra extrañado por el hecho de que la Policía lo haya hecho público en Twitter.

La retirada del pasaporte es una de las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Provincial de Navarra para la puesta en libertad de Guerrero y del resto del grupo —José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militar), Jesús Escudero y Ángel Boza— mientras se tramitan los recursos presentados por sus defensas. Una hora después de fracasar en el intento de hacerse con un pasaporte, el condenado se personó en el juzgado de guardia de Sevilla para cumplir otro de los requisitos.

Los cinco condenados salieron en libertad provisional el 22 de junio tras depositar la fianza de 6.000 euros que se les impuso. Estaban en prisión —tres en la cárcel de Pamplona y el militar y el agente en la prisión castrense de Alcalá de Henares, en Madrid— desde el 7 de julio de 2016 y los jueces podían haber prorrogado esta situación otros dos años y medio.

Pero la Sala, con el voto a favor de dos de los tres magistrados que la forman, optaron por excarcelar a los jóvenes bajo fianza. En su auto, los jueces consideran que el hecho de que los condenados hayan perdido el anonimato hace “menos que impensable” el riesgo de que reincidan en su delito y complica la posibilidad de que se fuguen. Este riesgo se aminora además, por el hecho de que carecen “de medios económicos para procurarse una fuga eficaz”. El tribunal, además, alegó que los miembros de La Manada viven a más de 500 kilómetros de la víctima, que no tienen antecedentes por delitos sexuales y que la alarma social que ha generado el caso ya no es un criterio legal para justificar la prisión preventiva. La decisión de dejarlos libres desencadenó protestas en las calles de muchas ciudades del país.

Los condenados tienen que comparecer todos los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia más cercano a su domicilio, tienen prohibido acercarse a la víctima ni entrar en la Comunidad de Madrid (donde reside la joven), se les ha retirado el pasaporte y no pueden salir del territorio nacional sin autorización judicial. La medida de libertad provisional es revocable.

Hoy era el último día para presentar los recursos a la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de decretar la libertad bajo fianza y tanto la fiscal Elena Sarasate, como la representación de la víctima y las acusaciones populares de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona han registrado ya esos recursos de súplica sin conocer el intento de Guerrero de renovar su pasaporte. Los recursos estaban previstos desde el momento en que se anunció la medida de la libertad provisional.

La negativa policial a tramitar ese pasaporte aún no ha sido comunicada de manera oficial al tribunal que debe estudiar los recursos, pero que sí podría ser tenida en cuenta a la hora de resolverlos. Tanto la Fiscalía como la propia Sección Segunda pueden añadir este hecho a la causa y revocar la medida comunicada el viernes, ya que técnicamente la prisión provisional se prorrogó ante la próxima caducidad del plazo máximo de dos años, pese a fijarse la fianza para eludirla, con lo que sigue en vigor.