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El guardia civil de La Manada queda en libertad a la espera de la decisión de la Audiencia de Navarra

La vista en la que Guerrero ha explicado por qué solicitó un pasaporte se ha prolongado más de cuatro horas

Antonio Manuel Guerreo, a su salida de los juzgados, tras declarar por la renovación de su pasaporte
Antonio Manuel Guerreo, a su salida de los juzgados, tras declarar por la renovación de su pasaporte

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La Manada condenado a 9 años de prisión por abusar de una joven en los Sanfermines de 2016, deberá esperar todavía para saber si regresa en prisión o sigue disfrutando de su libertad bajo fianza. Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra han decidido aplazar su deliberación para dictaminar si el joven vulneró las medidas cautelares para salir de la cárcel al tratar de obtener un pasaporte el pasado 25 de junio, como ha pedido la Fiscalía.

Parece difícil que la Audiencia de Navarra resuelva antes de la próxima semana sobre la petición de la fiscal y las acusaciones, según confirman fuentes judiciales. Mañana arrancan los Sanfermines y los juzgados trabajan a medio gas durante las fiestas.

La vista en la que el guardia civil debía aclarar lo sucedido ese día, cuando acudió a las oficinas de DNI de Tablada (Sevilla) para renovar el pasaporte, se ha prolongado más de cuatro horas. Guerrero se marchaba tal y como había venido, cubierto con una gorra y gafas de sol y con aspecto bastante sereno. A la salida de la sede judicial, su abogado, Jesús Pérez, ha comentado que habían tratado de “explicar el malentendido”.

Guerrero y los testigos de la defensa, su padre y la novia de Pérez, también letrada, y que acompañaron al condenado cuando fue a solicitar el pasaporte, han declarado por videoconferencia. Los tres funcionarios que los atendieron también intervinieron desde la capital andaluza. En Pamplona estaban presentes los abogados de las acusaciones: el letrado de la víctima y los del Gobierno de Navarra y Ayuntamiento, personados en la causa como acusación popular. 

Todos han pedido la vuelta a la cárcel de Guerrero ya que consideran que la intención de obtener el pasaporte supone la ruptura de las medidas cautelares dictadas el pasado 22 de junio. “Hay motivos suficientes para revocar el auto de libertad provisional y que tenga que ingresar en prisión, fundamentalmente por el riesgo de fuga" remarca Víctor Sarasa, abogado del Ayuntamiento de Pamplona. Sarasa ha confirmado que la defensa de Guerrero ha aportado a la causa la resolución del juez del Supremo Pablo Llarena, que instruye el caso del Procés, en la que no consideró que el exconseller Jordi Turull hubiese violado las medidas cautelares por tratar de obtener el pasaporte. “No es el mismo supuesto, ni muchísimo menos”, asegura Sarasa, que no ha tenido acceso al documento presentado por el abogado defensor Jesús Pérez, ya que se ha presentado en el mismo día en Sevilla.

La Policía Nacional denunció a través de Twitter el intento de renovación de pasaporte de Guerrero. La Fiscalía reaccionó inmediatamente pidiendo la prisión para el guardia civil por entender que existía “riesgo de fuga ante el riesgo de fuga manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida expresamente acordada en el auto de que no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro", según el escrito que presentó el miércoles 27.

En el oficio que el comisario jefe de la Policía de Andalucía Occidental remitió a la Audiencia de Navarra para explicar lo sucedido, se señalaba que Guerrero solicitó renovar su pasaporte porque lo había perdido y que en ningún momento exhibió el auto de su puesta en libertad. Su abogado alegó posteriormente que el guardia civil no había quebrantado ninguna de las medidas cautelares y que acudió a la policía a preguntar qué debía hacer ya que las condiciones para su salida de prisión le exigían entregar su pasaporte y no lo encontraba. “Fue un exceso de celo”, subrayó a este diario.

Guerrero salió en libertad provisional el pasado 22 de junio tras abonar 6.000 euros de fianza. La decisión de la Audiencia llega en vísperas de que arranquen las fiestas de San Fermín y un día después de que todos los condenados de La Manada cumplieran con la obligación de acudir a firmar a los juzgados. Mañana viernes, el guardia civil y el resto de los compañeros deberán volver a repetir este trámite.

Vista hoy, chupinazo mañana

Mañana a las 12 dos miembros del grupo musical Motxila 21, perteneciente a la Asociación Síndrome de Down, encenderán la mecha del cohete que iniciará los Sanfermines 2018. Fiestas en las que las instituciones vuelven a poner en marcha el dispositivo para evitar la repetición de casos como el de La Manada. Protocolo de prevención que incluye el estreno de una aplicación móvil que servirá tanto para la denuncia de una posible agresión sexista como para el acompañamiento virtual de usuarias mediante geolocalización para darles tranquilidad en su vuelta a casa.

El caso de La Manada marca también el inicio festivo con la llamada de colectivos feministas a nivel nacional a que las mujeres no acudan a los Sanfermines o rompan el uniforme festivo con vestimenta negra en protesta por la sentencia del caso. Llamamiento con el que discrepan grupos feministas locales, que recuerdan que la ciudadanía de Pamplona llevaba trabajando en la denuncia de estas agresiones mucho antes de que se produjera el suceso del 7 de julio de 2017.

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