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Detenido un educador del centro de menores de Melilla acusado de apuñalar a uno de los chicos

La agresión desató un auténtico motín, pero los empleados de La Purísima informaron en un principio que el adolescente había sido herido en la calle

Un grupo de niños saluda desde el centro de menores de La Purísima, en Melilla, un antiguo fuerte militar.
Un grupo de niños saluda desde el centro de menores de La Purísima, en Melilla, un antiguo fuerte militar.

Un nuevo incidente vuelve a poner en tela de juicio el polémico centro de acogida de menores de La Purísima, en Melilla, y los criterios de selección del personal que atiende a los niños migrantes que llegan solos a la ciudad autónoma. Un educador del centro fue detenido la semana pasada acusado de apuñalar a uno de los chicos internos y causarle heridas en la espalda y en un glúteo en el transcurso de una discusión, según consta en la resolución judicial. La agresión, tal como figura en el relato indiciario recogido en el documento, se produjo la noche del pasado 16 de junio cuando el empleado intervino en una pelea entre varios adolescentes en el patio del módulo de primera acogida. En el intento de separarles habría acabado agrediendo a uno de ellos con al menos dos puñaladas, hasta que fue bloqueado por los vigilantes de seguridad.

El suceso es confuso y ha tardado en salir a la luz porque inicialmente fue encubierto por dos empleados de seguridad del centro, que en un principio informaron en su parte de incidencias que el menor llegó herido de la calle y decidieron llamar a una ambulancia. Han declarado que actuaron así en un primer momento por temor a la reacción del educador bajo sospecha. El chico fue atendido en un servicio de urgencias con puntos de sutura. No obstante, la investigación posterior de la Guardia Civil y las primeras tomas de declaraciones indicaron a uno de los educadores como presunto autor de la agresión.

Según los testimonios recogidos por la Guardia Civil, que constan en la causa, tras la agresión el chico salió del centro pero cayó desplomado al suelo a los pocos metros. Miembros del personal intentaron entonces trasladarlo en coche a un hospital, ante la demora de la ambulancia, pero se originó un auténtico motín en las puertas del centro. Una docena de chicos, amigos de la víctima, impidieron el paso del vehículo y quisieron atacar al educador sospechoso de la agresión, hasta el punto de que los empleados se vieron obligados a cerrar el acceso para protegerse y llamar a la Guardia Civil, mientras los menores aporreaban la puerta.La llegada de los agentes calmó la situación.

El Gobierno del PP criminaliza a las ONG que dan comida a los niños de la calle

EL PAÍS reveló la semana pasada que uno de los educadores de niños de la calle de Melilla había sido acusado de abusos en 2015 y otro era un expolicía condenado por narcotráfico en 2008, pero la reacción del consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, del PP, que confirmó la información, fue atacar a las ONGs que asisten a estos menores. Se refiere a varias asociaciones y grupos de voluntarios que se citan todos los días a la misma hora en un punto de la ciudad, cerca del puerto, para dar bocadillos y dispensar cuidados médicos a los niños que viven en la calle, cuyo número oscila entre los 50 y los 100.

El consejero lanzó sospechas sobre estos voluntarios.  Aseguró que “no sabemos quiénes son”, ni si “están incumpliendo la normativa”, por no pedir permiso para hacerlo. Además, haciendo una referencia al educador despedido, añadió que “no han presentado certificados de penales” para saber si tienen antecedentes, que se desconoce si tienen carné de manipulador de alimentos y que “dan medicamentos y no sabemos su procedencia”. Por todo ello señaló que ha informado a las fuerzas de seguridad para que intervengan. También criticó a los medios que van a la ciudad “no a hacer reportajes sobre la belleza de Melilla o la interculturalidad, sino a buscar porquería”.

No es la primera vez que desde el Gobierno de la ciudad autónoma se cuestiona la actividad de estos voluntarios. La Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla ya denunció ante el Defensor del Pueblo que agentes de policía identificaron a los voluntarios que daban comida a los niños el 25 de marzo y el 2 de junio de 2017, “con la finalidad de intimidar a unas personas solidarias”. En esta ocasión, su portavoz, el abogado Pepe Alonso, ha lamentado “las cínicas e insultantes declaraciones” del consejero. “Resulta una infamia dudar de las motivaciones de las personas solidarias y fraternas que reparten comida a los necesitados”.

El presunto agresor, de 32 años, fue detenido el pasado martes y el juzgado de instrucción número 2 de Melilla ordenó su ingreso en prisión provisional, acusado de un delito de lesiones. Pasó una noche en la cárcel y quedó en libertad provisional tras el pago de una fianza de 6.000 euros. La instrucción del caso aún está en marcha.

Portavoces del Gobierno de la ciudad autónoma no han respondido a las llamadas de este periódico para informar y valorar lo ocurrido. El abogado de la empresa que gestiona el centro tampoco ha querido hacer declaraciones, y solo ha precisado que el educador ha sido suspendido cuando se ha tenido conocimiento de los hechos.

En los últimos años se han producido otros apuñalamientos en La Purísima, aunque siempre en peleas entre los propios menores, y el Gobierno de Melilla ha lamentado la imposibilidad de controlar la entrada de cuchillos y objetos punzantes en el centro. La Purísima, un antiguo cuartel militar, es la principal instalación de tutela de menores de la ciudad autónoma, sobrepasada por la llegada de niños y niñas no acompañados desde Marruecos. El centro, con capacidad para 180 personas, está saturado con cerca de medio millar de chicos. Otros muchos prefieren vivir en la calle, esperando la oportunidad de colarse en un barco para llegar a la península.

El criterio de selección del personal que debe atender a unos menores tan vulnerables y, en general, la política de atención a estos niños, muy criticada por las ONG, también quedó bajo sospecha la semana pasada. EL PAÍS reveló que uno de los educadores de calle contratados por el ayuntamiento para ocuparse de los niños que vagan por la vía pública había sido acusado de abusos en 2015 por internos del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), de donde fue despedido. La denuncia fue sobreseída solo por el traslado a la península de los dos inmigrantes que le acusaron, que quedaron en paradero desconocido y a quienes no se llegó a tomar declaración. También trabajaba en los nuevos equipos de educadores de niños de la calle un expolicía municipal condenado por tráfico de hachís en 2008 y expulsado del cuerpo. La consejería de Bienestar Social confirmó que acababa de despedir al hombre acusado de abusos.

Al cierre de 2017 estaban registrados 917 menores solos en Melilla, según datos oficiales, sin contar los de la calle, una cifra que supone el 14,3 % de todos los niños no acompañados de España. Las llegadas de estos menores crecieron un 60 % el año pasado. Además de La Purísima, en Melilla hay otros dos centros de menores, La Gota de Leche, con unos 150 niños, y Divina Infantita, con 34 niñas. A ellos se suma El Baluarte, un centro de internamiento para menores que han cometido delitos.

La Purísima y otros centros son continuos focos de críticas de las ONG, que denuncian condiciones inadecuadas y tratos vejatorios. El Defensor del Pueblo, que en numerosas ocasiones ha mostrado su preocupación por la situación de los menores en Melilla, abrió en enero sendas investigaciones por la muerte de dos adolescentes en un lapso de 15 días. Uno apareció muerto en su habitación del centro de acogida La Gota de Leche nueve días después de ser internado. Había permanecido dos meses en el hospital tras perder un pie al intentar colarse en un barco rumbo a la península. El otro sufrió varios ataques al corazón en el centro judicial de menores El Baluarte.

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