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Melilla despide a un acusado de abusos al que contrató como educador de niños de la calle

Es un exempleado del CETI que fue expulsado tras ser denunciado por inmigrantes en 2015, aunque el caso fue sobreseído, y la empresa afirma que ya ha sido despedido

Dos miembros del equipo de educadores de calle de Melilla, caminando por la ciudad en junio.
Dos miembros del equipo de educadores de calle de Melilla, caminando por la ciudad en junio.

La Ciudad Autónoma de Melilla, bajo el gobierno del Partido Popular, ha incluido en su nuevo equipo de educadores de calle, que atiende desde mayo al centenar de niños solos extranjeros que malviven en la vía pública, a un antiguo empleado del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que fue acusado por dos internos de abusos sexuales en octubre de 2015. Fue un caso con mucha repercusión en los medios, la Fiscalía abrió una investigación y fue expulsado del centro, dependiente del ministerio de Empleo y Seguridad Social. Además de los dos inmigrantes que interpusieron una denuncia, otros 78 alojados en el centro también firmaron un escrito acusándole de malos tratos y vejaciones.

Los dos denunciantes, solicitantes de asilo de nacionalidad siria, aseguraban que cuando llegaron al CETI les tocó los genitales y les prometía acelerar los trámites para salir más rápidamente del centro. Este trabajador negó las acusaciones y afirmó que era “un montaje” para echarle de su puesto de trabajo. El proceso judicial se demoró y, mientras tanto, los 80 inmigrantes involucrados en las denuncias fueron trasladados a la península y quedaron en paradero desconocido. También los dos denunciantes de la causa penal abierta en un juzgado de Melilla, "a quienes nunca se ha recibido declaración sobre tales hechos", según confirma el auto de la Audiencia de Málaga que decidió el sobreseimiento de la causa, en marzo de este año. Dos meses después, esta persona ha reaparecido en las calles de Melilla con el peto naranja que distingue al nuevo equipo municipal y se dedica a recorrer la ciudad en busca de menores que necesiten atención.

El Defensor del Pueblo, que visita Melilla el lunes, ha denunciado el "estado lamentable" de estos menores

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que ha denunciado en numerosas ocasiones su preocupación por la situación de los menores en Melilla, hará una visita oficial a la ciudad autónoma mañana lunes, día 9, durante dos días. Luego viajará a Ceuta el miércoles. En su última comparecencia en el Senado, el pasado 19 de junio, se detuvo en la denuncia de los niños y niñas que vagan por las calles “en estado lamentable”. “Confío en que el programa anunciado por la ciudad autónoma dé resultados en breve”, dijo. Se refería precisamente a los equipos de educadores de calle.

Ya el pasado mes de febrero, en su anterior visita al Senado, declaró: “Me preocupa mucho lo que está pasando con los niños en Melilla, mucho, mucho, mucho”. También incluye entre sus inquietudes el caso de un grupo de menores, nacidos en la ciudad e hijos de extranjeros en situación irregular, "que quieren ir al colegio pero no se les facilita la escolarización". Serían unos 160, según ha denunciado la ONG Prodein, que ha recogido 100.000 firmas para que el ministerio de Educación, que tiene la competencia, acceda a regular su situación.

El Defensor del Pueblo también abrió en enero sendas investigaciones por la muerte de dos menores en Melilla en un lapso de 15 días. Uno apareció muerto en su habitación del centro de acogida La Gota de Leche nueve días después de ser internado. Había permanecido dos meses en el hospital tras perder un pie al intentar colarse en un barco rumbo a la península. El otro sufrió varios ataques al corazón en el centro judicial de menores El Baluarte.

No sería el único caso llamativo. Según fuentes de colectivos que trabajan con inmigrantes, también formaría parte del equipo un expolicía municipal de la ciudad, de 59 años, que fue detenido en Málaga en 2008, enviado a prisión y luego condenado tras ser sorprendido con 400 kilos de hachís. En los noventa había sido chófer y guardaespaldas de dos expresidentes de Melilla, Ignacio Velázquez y Enrique Palacios, ambos del PP. Al cabo de una década, también ha sido visto estas semanas con el peto naranja ocupándose de los menores de la calle.

El Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla ha declinado explicar cómo es posible que una labor tan delicada y que requeriría una preparación específica, como la atención a menores tan problemáticos, haya recaído en personas con este perfil. "La Ciudad no va a hacer declaraciones porque el servicio está externalizado y no se inmiscuye en las contrataciones de la empresa adjudicataria", señaló un portavoz. En cambio, la empresa adjudicataria del servicio sí ha respondido. En conversación telefónica Cristóbal Sánchez, responsable de Clece, la empresa que obtuvo el contrato por 425.000 euros, replicó el viernes sobre el extrabajador del CETI: “Esta persona ha dejado de trabajar hoy mismo”. “Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero se nos ha colado”, ha admitido, tras explicar que “es complicado encontrar los perfiles para contratar en trabajos sociales”.

Asegura que para la selección se hicieron una serie de entrevistas y que se pide el certificado de antecedentes penales. Sin embargo, "hace unos días saltó la alarma” cuando tuvieron noticias del incidente de esta persona en el CETI y al finalizar su periodo de prueba, cosa que habría sucedido el jueves, no se le ha renovado el contrato. En cuanto al expolicía, Sánchez asegura no tener constancia de antecedentes, pues mantiene que los certificados penales de los 18 empleados actuales son correctos. No obstante, el certificado que se pide en estos casos, en empleos relacionados con menores, suele ser solo sobre delitos sexuales.

"Es habitual que en Melilla pasen estas cosas, no es el primer caso de este tipo. Ante casos mucho más graves el máximo castigo es cambiarlos de sitio, se les coloca en otro. Nadie quiere tirar de la manta. Esta es la realidad de Melilla", lamenta José Palazón, de la ONG Prodein, dedicada a defender los derechos de la infancia.

El servicio de los llamados educadores de calle, un intento del Gobierno melillense de salir al paso del grave problema de los menores solos, fue presentado oficialmente el pasado 17 de mayo. Fue un acto presidido por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, que posaron con algunos de los 16 empleados para las cámaras. El exempleado del CETI no estaba presente, porque se incorporó a la plantilla el mes pasado.

Los llamados menas, abreviación coloquial de las siglas de menores no acompañados, que llegan a Melilla para intentar alcanzar luego la península son un problema creciente en la ciudad y constante fuente de polémicas. Además de los que viven en la calle, los centros de tutela de menores están saturados y son foco de críticas de las ONG, que acusan a las autoridades de desinterés e intentar simplemente echarlos del país cuando cumplen 18 años. La Purísima, el centro principal, cuenta con unos 500 internos, cuando tiene solo 180 plazas. El pasado mes de marzo ingresó en prisión, denunciado por cuidadores del centro, un hombre acusado de ofrecer dinero a cambio de actos sexuales a menores tutelados.

El número de niños solos en Melilla ascendía a 917 al final de 2017, según datos oficiales, sin contar los que viven en la calle, una cifra que supone el 14,3 % de todos los que hay registrados en España.

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