Prohibido el uso privado de las ‘narcolanchas’

El Gobierno ha aprobado este viernes un anteproyecto de ley para prohibir el uso privado de las embarcaciones neumáticas y semirígidas de alta velocidad usadas por las mafias del contrabando que operan especialmente en Campo de Gibraltar, las denominadas narcolanchas, lo que permitirá su decomiso aunque no lleven droga cuando sean detectadas. A partir de ahora, este tipo de lanchas solo podrán ser usadas por organismos públicos o entidades encargadas de tareas de salvamento.

Según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este anteproyecto reforma la ley orgánica de represión del contrabando. El uso privado de estas embarcaciones será ilegal con esta reforma legal, impulsada por el Ministerio de Hacienda en coordinación con Interior. Además, se creará un registro en el que inscribir estas lanchas semirígidas. Según ha explicado, estas embarcaciones sólo podrán ser utilizadas por organismos o entidades públicas y aquellas que se encargan de labores de salvamento y de asistencia marítima.

Montero ha subrayado que el objetivo es avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco. "El Gobierno va a poner todos los instrumentos en su mano para poder combatir esta situación y dar tranquilidad a esta zona de la comunidad andaluza", ha subrayado Montero, vinculando esta iniciativa con la lucha contra las mafias que operan en Campo de Gibraltar.

"Con esta iniciativa se penalizará el uso ilegítimo de las embarcaciones que se utilizan para el contrabando, se podrán hace decomisos de embarcaciones cuando sean detectadas aunque no lleve carga ilícita e incoar sanciones", ha informado la titular de Hacienda, en un movimiento que ha dicho que está coordinado con el Ministerio de Interior.

Montero ha admitido que el contrabando plantea "importantes problemas y retos" para los órganos públicos que lidian con este asunto. Además, la ministra ha hecho hincapié en que produce "alarma social y problemas de seguridad publica", por lo que considera que se convierte en un "caldo de cultivo para el deterioro social".