Un juez ordena devolver los restos de Sanjurjo al monumento a los caídos

El titular del juzgado contencioso administrativo número 2 de Pamplona, Antonio Sánchez, ha ordenado devolver los restos del general Sanjurjo al monumento a los caídos de Pamplona del que fueron exhumados en noviembre de 2016, junto a los del general Mola y otros seis combatientes franquistas. La exhumación se llevó a cabo tras un acuerdo entre el Arzobispado y el Ayuntamiento de Pamplona, que pactaron que la cripta del monumento dejara de ser un lugar de enterramiento. El Consistorio, que dirige Joseba Asiron (EH Bildu) ya ha anunciado que recurrirá la sentencia que estima el recurso presentado por la hija del general franquista.  

Tras la exhumación en el monumento a los caídos de Pamplona, los restos del general Sanjurjo fueron enterrados en marzo de 2017 en el Panteón del Regimiento de Regulares de Melilla en una polémica ceremonia porque a la misma asistieron el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, del PP, y el comandante general de Melilla, el general Fernando Gutiérrez.

El magistrado Antonio Sánchez considera que la cripta donde se encontraban los restos es "un lugar de culto privado, separado del resto del edificio conocido como monumento a los caídos, no accesible al público y sobre el cual la parroquia de Cristo Rey tiene un derecho de usufructo, por lo que el Ayuntamiento carece de competencia para acordar el cierre de los enterramientos". El juez rechaza el acuerdo al que llegó el Consistorio con el Arzobispado de Pamplona para clausurar el cementerio ubicado en el monumento a los caídos y niega, asimismo, que mantener allí los restos contravenga la ley de memoria histórica porque, según él, "la condición de las personas que allí se encontraban enterradas no puede tomarse como mención o símbolo [de exaltación franquista]". 

Sanjurjo protagonizó en 1932 un golpe de Estado frustrado contra el Gobierno de la República por el que fue condenado en consejo de guerra a pena de muerte, que le fue conmutada por cadena perpetua. Tras pasar unos años en prisión, se exilió a Estoril (Portugal). Murió en un accidente de avioneta cuando volaba a Burgos para sumarse al golpe de julio de 1936, lo que facilitó el ascenso de Franco como líder supremo de las fuerzas rebeldes.

El juez también alude, como argumento para estimar el recurso de la familia de Sanjurjo, así como de los familiares de Aznar Zozaya (también exhumados), a las normas de protección urbanística. Según la sentencia, todas las intervenciones en el monumento deberían "respetar los valores del edificio y la integridad de sus elementos de interés".

Los servicios jurídicos del consistorio consideran que los reclamantes "no tienen derecho alguno" a que los restos de sus familiares permanezcan en la cripta del monumento a los caídos "porque el edificio es un bien propiedad del Ayuntamiento de Pamplona con un derecho de usufructo del Arzobispado", las dos instituciones que acordaron que dejara de ser lugar de enterramiento. "Ninguna otra persona tiene derecho a que la cripta sea un cementerio", argumentan.

El Ayuntamiento considera que la sentencia "no se ajusta a derecho" porque estima que no es aplicable la normativa sanitaria y mortuoria que el Consistorio siguió para dictar la resolución de la alcaldía por la que finalmente obtuvo autorización del Gobierno de Navarra para exhumar y cerrar la cripta como lugar de enterramiento.

La sentencia del juez de Pamplona se conoce cuando el Gobierno ultima el plan para exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos, a lo que se opone la familia.