El Supremo aboca a la cúpula del ‘procés’ a dejar sus escaños

La cúpula del procés, incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ya están procesados en firme por rebelión y malversación. El Tribunal Supremo rechazó ayer miércoles los recursos presentados por 15 investigados y la acusación que ejerce Vox contra los procesamientos dictados por el juez Pablo Llarena, decisión que implica la suspensión automática como diputados de Puigdemont, Junqueras y otros cinco parlamentarios, que deberán renunciar al acta si no quieren arriesgarse a dejar en minoría a los dos partidos que sostienen el Govern.

La confirmación del auto de procesamiento de la cúpula independentista es uno de los últimos pasos que quedaban antes de la apertura del juicio que el Supremo prevé celebrar en otoño. La Sala de Apelaciones rechazó ayer los recursos presentados por 15 investigados y la acusación que ejerce Vox contra los procesamientos dictados por el juez Pablo Llarena, lo que ratifica los indicios de delitos contra todos ellos y los otros 10 que no habían recurrido. El Supremo ha confirmado los 25 procesamientos de Llarena por delitos que van de rebelión a malversación de caudales públicos y desobediencia.

Esto significa que el Supremo prevé juzgar por rebelión a los principales líderes independentistas (Puigdemont, Junqueras y otros 11 investigados), un delito que puede castigarse hasta con 30 años de cárcel, aunque la Sala de Apelaciones no descarta que en la sentencia definitiva los hechos puedan ser calificados penalmente de otra forma y cita expresamente el delito de sedición (hasta 15 años de prisión).

Aunque en un auto notificado ayer el Supremo insiste en esa posibilidad, la sala, formada por los magistrados Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Vicente Magro, considera que sí hay indicios "suficientemente" razonables para procesarles por rebelión porque existieron las dos circunstancias que definen este delito: hubo un alzamiento y fue violento

, aunque no se utilizaran armas. Sobre este aspecto, alegado por las defensas de los procesados para rechazar la existencia de violencia, el Supremo sostiene que aunque el término "rebelión" evoca los pronunciamientos militares, "ejecutados ordinariamente con armas", el actual artículo 472 del Código Penal no exige este requisito, sino que basta el hecho de que los autores hayan llegado a esgrimirlas. "Cabe una rebelión sin armas", afirman los magistrados.

El procesamiento firme por rebelión implica la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone la suspensión automática para ejercer como diputados de los procesados por rebelión sobre los que se haya decretado la prisión provisional. En esta situación están Junqueras, el ex líder de la ANC Jordi Sànchez y los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. El Supremo va a extender también esta suspensión a Puigdemont y al exconsejero Toni Comín, a los que la justicia alemana y belga ha dejado en libertad provisional pero que tienen la prisión preventiva decretada en España. La suspensión tiene que activarla el instructor de la causa, en este caso Llarena, que dictará un auto y se lo comunicará al Parlament para que la ejecute.

Los magistrados consideran también acreditado el delito de malversación al considerar que la Generalitat creó "un sistema de engaño" que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal de 1 de octubre.