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El juicio de la silla azul con los apellidos Borbón y Grecia

El insólito proceso celebrado hace dos años en Palma rompió algo en la relación de los españoles con la monarquía, pero demostró que no hay impunidad

Urdangarin
Iñaki Urdangarin durante su intervención en una sesión del juicio del 'caso Nóos'.

El juicio del caso Nóos, celebrado hace dos años en la Audiencia de Palma, fue casi peor en el plano simbólico que el de los hechos, siendo muy graves: venía a ser la familia real la que era juzgada, aunque no era así, pero sí fuera de la sala, y en realidad también dentro, en los sobreentendidos. Era insólita aquella silla azul reservada, en un austero edificio de un polígono industrial, con un papelito que parecía fuera de lugar, una equivocación: “Cristina de Borbón y Grecia”.

Los periodistas tenían allí delante a la infanta, a dos metros, obligada, expuesta durante horas a su mirada, sin poder rechistar. Separada de su marido, el exduque de Palma, por unas sillas, mezclados los dos en una multitud de acusados de todo tipo, incluido uno que venía todos los días de prisión con dos agentes. Otro compañero de banquillo le pasaba un bocadillo y él saludaba todas las mañanas a la infanta con educación, preguntándole si había descansado. Fue entonces, con aquellas imágenes, esos interrogatorios, una inimaginable situación, cuando se rompieron varios andamios del respeto institucional, la relación rutinaria de los españoles con la monarquía y algo en España dejó de ser como era. La sentencia definitiva del Supremo, con la cárcel casi segura para Iñaki Urdangarin, lo certifica. Y vuelve a hacer incómodamente actual una frase de su esposa en el juicio, pronunciada contra su propia familia: “Estoy plenamente convencida de su inocencia”.

Felipe VI estaba en el juicio, pero en fotografía. En un cuadro delante de su hermana y su cuñado, sobre el tribunal, vestido con una toga y el gran collar de la Justicia. Menos mal que para entonces se había producido un corte con el pasado, a diferencia de lo ocurrido a otros, y era él quien presidía la sala, y no su padre, Juan Carlos I, que ya había abdicado. Porque el nombre del rey emérito, de su época, de cómo fue posible aquello, de por qué se toleró, flotaba en el juicio. Y lo más sorprendente es que era el propio Urdangarin y la infanta, además de su exsocio en Nóos, Diego Torres, quienes alimentaban una sospecha insidiosa, en contra de lo que habían declarado en instrucción: la Casa Real sabía. Y, más aún, un argumento sibilino enormemente destructivo: a ellos aquello les parecía normal y que estaba bien precisamente porque el Palacio de la Zarzuela le daba el visto bueno, o lo que es lo mismo pero bastante peor, que eso lo convertía en bueno si no lo era. Impunidad, se llama. Pero la sentencia de hoy, que deja un reguero de destrozos en los mecanismos del sistema, les corrige esa percepción.

El juicio, no obstante, empezó con una escena que se hizo famosa y causó indignación. La abogada del Estado diciendo: “El lema Hacienda somos todos es solo publicidad”. Si se recuerda había cierta sensación general de que el plan oculto, en una conspiración del sistema, era salvar a la pareja real. El fiscal Pedro Horrach contra el juez José Castro. Lo más incómodo es que el papel de paladín de la Justicia recayera encima en el vituperado seudosindicato Manos Limpias, único responsable como acusación popular de que la infanta se sentara en el banquillo, y que acabó como acabó. Con sus responsables en la cárcel y la acusación de haber pedido tres millones a su defensa para retirarse de la causa.

El proceso fue devastador mediáticamente para sus protagonistas. “Fue muy duro, había gente muy empastillada para soportarlo”, recordó luego Mercedes Coghen, que después quedó absuelta. Las sucesivas vistas completaron un demoledor retrato del instituto Nóos, un chiringuito pensado como cajero automático para sacar dinero con la sola mención del nombre del duque de Palma. “Me dedicaba a lo que me dedicaba”, resumió al fiscal cuándo le preguntó en qué consistía su trabajo. La declaración de Urdangarin, demacrado, con un mechón blanco, una voz frágil, mostró un hombre caído desde lo más alto. También el nombre de la infanta debía funcionar como “escudo” fiscal, según explicó el notario que creó la sociedad de ambos: colocaron primero su nombre porque debía actuar de salvoconducto, como si al ver el número 14 del DNI de la Infanta cualquier inspector de Hacienda saliera corriendo. El notario contó en el juicio lo que le dijo el asesor fiscal de los duques, acerca de una turbadora enumeración: “Según le habían dicho, porque él se codeaba con altos funcionarios de Hacienda, los DNI del uno al 10 eran de la familia de Franco, y del 11 al 100, de la familia real”.

Se amontonaban a diario implicaciones que no eran objeto de juicio, pero sí debían serlo, y lo eran, de la consternación pública. Decenas de empresas que pagaban, y han salido en silencio de puntillas del caso, y una forma de hacer las cosas, de relacionarse con la realeza, que parecía muy establecida. Urdangarin cobraba 15.000 euros al mes de Motorpress Ibérica SL por “analizar tendencias en el mundo del motor, a través de visitas a salones del automóvil”. Asesoraba a entes marcianos como la Confederación Andina de Fomento y entre los informes que elaboró para unos posibles Juegos del Mediterráneo en Valencia había uno impagable que definía qué era el fútbol: “El fútbol, denominado oficialmente balompié…”. Y a continuación lo explicaba. El juicio Nóos puso la guinda real a una época obscena en España con el deporte como negocio, los congresos como tinglado, la élite como saqueo.

El espectáculo inédito fue ver mezclada a la familia real en esto. Los exduques de Palma tuvieron que someterse en el juicio al escarnio de la revelación de detalles íntimos, documentos privados que daban a los presentes en la sala incomodidad de fisgones. Que Urdangarin llamaba Kid a su mujer en los correos, o facturas en la peluquería Llongueras. Y un aspecto siempre humillante, la constatación de que la Infanta, al parecer, no se enteraba de nada y no hacía nada. Que “era decorativa, simbólica”, como dijo un testigo.

En su declaración, Diego Torres no escatimó ocasiones para recordar que tenía más de 300 correos electrónicos y documentos de la Casa Real, igual que en su libro contaba que él mismo y Urdangarin compraron el anillo de pedida de Felipe VI a su esposa en una joyería de Barcelona. O comentarios que querían hacer ver lo metido que él estaba en ese círculo cerrado, como su mención a la tía Pecu, la princesa Irene de Grecia, hermana de doña Sofía, a quien llamaban así porque era “peculiar”. En el juicio habló en algún momento de “la señora Corinna” como de pasada, y todo el mundo aguzaba el oído a ver hasta dónde llegaba.

Cada vez que Torres o algún testigo bordeaba el núcleo del asunto, aquello en lo que estaba pensando toda España, la tensión en la sala se disparaba, como si se estuviera a punto de hacer historia. Uno de los momentos de mayor nerviosismo fue cuando le preguntaron a Torres si Juan Carlos I estaba al corriente de lo que pasaba en Nóos. Torres pareció caer presa del pánico por la responsabilidad: “¡No voy a entrar en esos juegos!”. Fue entonces cuando la presidenta del tribunal, Samantha Romero aclaró que aquello no era un juego y dijo, sin que nadie se lo preguntara: “¡El tribunal va a blindar su independencia!”. Las tres juezas vivieron la vista como si estuvieran constantemente vigiladas por todos en un examen crucial de la pulcritud de la Justicia española, y realmente lo fue.

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