Montón promete recuperar la universalidad de la sanidad
La ministra eliminó el copago de los pensionistas cuando fue consejera en Valencia
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tiene un amplio campo de actuación. Durante sus dos años de consejera en Valencia ha mostrado sus líneas favoritas, y muchas son fácilmente aplicables a nivel estatal.
Un reto de especial relevancia es el de la dependencia. Los datos indican que hay 360.000 personas esperando ser evaluadas para recibir la correspondiente prestación. El problema de esta situación es su coste. Según el Observatorio de la Dependencia, harían falta unos 600 millones de euros.
Mucho menos (en verdad, no se sabe cuánto porque nadie lo ha medido) costaría volver a ofrecer una sanidad universal, que incluya a los extranjeros en situación irregular. En su discurso tras tomar posesión del cargo, Montón repitió varias veces esta idea. Según los datos del padrón, en España hay más de 500.000 personas sin tarjeta sanitaria. En Valencia, Montón ya ha revertido esta situación, y muchas otras comunidades han tomado la misma decisión, aunque el Gobierno ha recurrido ante el Constitucional las medidas.
La idea de eliminar el copago de los medicamentos de los pensionistas, que Montón ha puesto en marcha en Valencia, costaría unos 400 millones de euros, según acaba de publicar el Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacias de España (FEFE). Otra opción sería modularlo para que los que tienen menos renta paguen menos, y los que ingresan más abonen más.
Otra de sus medidas estrella en Valencia, la renacionalización de la atención privatizada, no podrá ponerla en práctica en el ministerio porque las competencias están transferidas a las comunidades.
Aparte de cuestiones concretas, Sanidad tiene que enfrentar problemas endémicos: a falta de un ministerio con capacidad ejecutiva en muchos aspectos transferidos a las comunidades, las asociaciones de pacientes y profesionales critican la falta de equidad en las prestaciones, y, ligado con esto, la de transparencia: el sistema trata de manera diferente a los enfermos según la comunidad e, incluso, dentro de esta, aunque muchas veces ni siquiera hay datos para explicar lo que sucede o para medirlo.
Y hay que recuperar la inversión y el personal perdido (4.000 millones y 10.000 contratados desde 2009). Y hay campos (salud mental, salud pública) en los que hay que revisar las estrategias nacionales.
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