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El Gobierno tiene dificultades jurídicas para no publicar la lista de los consejeros

No hay precedente de una situación similar, por lo que de momento el Ejecutivo solo invoca “el sentido común” para mantener que no pueden ser consejeros

Mariano Rajoy, a su llegada a la inauguración de la Asamblea General de Socios del Círculo de Empresarios de Galicia.
Mariano Rajoy, a su llegada a la inauguración de la Asamblea General de Socios del Círculo de Empresarios de Galicia. EFE

El Gobierno no encuentra el encaje jurídico que justifique su negativa a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat los nombres de los consejeros propuestos por el presidente, Quim Torra, al estar dos de ellos presos y otros dos fugados. No hay precedente de una situación similar, por lo que de momento el Ejecutivo solo invoca “el sentido común” para mantener que no pueden ser consejeros. El Gobierno está a la espera de que el juez Pablo Llarena responda a la petición de libertad de los encarcelados para que puedan tomar posesión mañana.

Personas que están en prisión o fuera de España, con una orden de detención dentro del territorio nacional, no pueden ser consejeros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, ni de ningún otro. Este es el argumento que reiteran fuentes gubernamentales para defender la decisión de no publicar los nombres de los cuatro de los consejeros propuestos por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que están en esa situación, dos en la cárcel (Josep Rull y Jordi Turull, procesados por rebelión y malversación) y dos en Bruselas (Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y, el primero, por rebelión y, el segundo, por desobediencia). Sin embargo, la situación no progresa al no encontrar el encaje legal.

Los servicios jurídicos del Estado están en esa tarea en tanto que, desde otros ámbitos, desde abogados hasta asociaciones de juristas, proclaman que la decisión del Gobierno de paralizar la publicación de los nombres no se ajusta a derecho al ser “un acto debido” y, por tanto, no discrecional. Fuentes gubernamentales reconocen que hay diferencias de opinión al respecto e incluso matices entre los que están presos y los ausentes de España. Estos últimos presentan menos dificultades ya que no han comparecido ante la Justicia cuando han sido reclamados, por lo que nada más pisar suelo español serían detenidos y puestos a disposición judicial. Los encarcelados provisionalmente, sin embargo, no tienen suspendidos sus derechos, por lo que hay muchas dudas de que sus nombres no puedan aparecer en una publicación oficial.

“El Gobierno de España, a través de su secretariado, que es el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto de nombramiento propuesto, analizará la viabilidad del nuevo Govern anunciado, dadas las circunstancias personales de algunos de los designados”, comunicó el Gobierno el sábado. El domingo decidió paralizar el decreto de la presidencia de la Generalitat en el que venían todos los nombres de los consejeros. Lo que sí se ha publicado ha sido el decreto de la nueva estructura del Ejecutivo, formado por una vicepresidencia y 13 consejerías.

Cohabitación indeseada

Entre tanto, el Gobierno aspira a que las presiones internas entre los independentistas obliguen a rectificar a Torra y este sustituya a estos cuatro consejeros por otros sin cargas judiciales, para que así se levante el artículo 155 de la Constitución y Cataluña recupere su autogobierno. Por esta vía podría venir la solución, así como por la judicial, aunque sin abandonar la búsqueda de un amparo legal, señalan las fuentes consultadas.

El problema está en la premura del tiempo, toda vez que Torra sigue adelante con su intención de convocar y nombrar a los consejeros en una ceremonia que se celebrará mañana. Para entonces, es posible que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya dado respuesta a la petición de los encarcelados Rull y Turull de salir de prisión para tomar posesión como consejeros. De momento, continúan los requerimientos al president para que reconsidere “su estrategia frentista”, señaló este lunes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “La dinámica que ha iniciado es absolutamente perversa y no conduce a ningún sitio”, apostilló. Y es que la situación conduce a una indeseada cohabitación entre Torra y Rajoy, que es quien tiene todas las competencias al estar en vigor el artículo 155 de la Constitución.

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