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El Supremo reprocha la “ausencia de compromiso” de la justicia belga

El alto tribunal acusa a Bélgica de "desconocer el ordenamiento jurídico" por rechazar la entrega de los exconsellers

El juez Pablo Llarena, el pasado 10 de abril en el Liceo de Salamanca.

El Tribunal Supremo reprocha la falta de compromiso de la justicia belga, que este miércoles ha rechazado entregar a España a los exconsejeros huidos Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig al considerar que la euroorden dictada por el magistrado Pablo Llarena no cumple con los requisitos necesarios para su tramitación. El alto tribunal está pendiente de recibir la resolución de Bélgica para estudiarla, pero fuentes de la Sala Penal señalan que, de lo que se conoce hasta ahora por la prensa, no se comparte la motivación por la que se deniega la entrega, “que podría interpretarse como una ausencia de compromiso con prestar la colaboración judicial pedida”.

Estas fuentes recuerdan que el 21 de marzo de 2018 se dictó un auto de procesamiento en el que se expresaban los hechos y los argumentos jurídicos por los que se les consideraba ya procesados a Comín, Serret y Puig y por los que ese mismo día el instructor adoptaba la medida cautelar de prisión contra ellos. Según la Sala, sobre esa misma argumentación del auto de procesamiento y a petición de la Fiscalía, el día 23 de marzo se dictó un auto ordenando librar las órdenes europeas de detención. Estas órdenes, afirma el Supremo, tienen “una clara resolución de soporte”, que es el auto de procesamiento, la resolución que, según el ordenamiento jurídico español, recoge los hechos con más “desarrollo argumental”, al margen de la sentencia. “Solo el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, pese a la explicación dada como información suplementaria, permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden”, señala la Sala Penal.

La Fiscalía de Bruselas solicitó a Llarena en abril información complementaria a la euroorden que había dictado el instructor el 23 de marzo. En esa petición, el ministerio público belga ya advertía de que faltaba la orden de detención nacional. En la respuesta remitida por el instructor el 17 de abril, de siete páginas, Llarena aclaró que el auto de procesamiento en el que se basa la euroorden refleja su decisión de no modificar la orden de prisión que había acordado el 3 de noviembre de 2017 la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que entonces instruía la causa contra los exconsejeros catalanes, incluidos Puig, Serret y Comín. Aunque las órdenes de Lamela se mantuvieron, Llarena aclaró a Bélgica que las razones para mantenerlas no eran las que constaban en el auto de Lamela, sino las que se recogen en el auto de procesamiento. En este auto, el instructor atribuye a Comín delitos de rebelión y malversación y a Serret y Puig, de malversación y desobediencia.

En el escrito enviado a Bélgica como información complementaria a la euroorden, el magistrado del Supremo explica que, tras dictarse el auto de procesamiento, la Fiscalía solicitó que, para cumplir la medida cautelar de prisión provisional, se emitiera una orden europea de detención y entrega de los fugados. “En respuesta a esta petición, el 23 de marzo de 2018 se dictaron las órdenes subyacentes para la orden europea de detención y entrega que ustedes conocen. En dichas órdenes subyacentes expresamente se recoge que los hechos y las participaciones por las que se ordena la prisión y se emite la euroorden contra los investigados Lluís Puig Gordi, Antoni Comín Oliveres y María Meritxell Serret Aleu, son los que se recogen en el auto de procesamiento”.

El Supremo, según las fuentes consultadas, va a esperar a recibir la resolución de la justicia belga para estudiar las opciones que tiene a su alcance. Según estas fuentes, el alto tribunal podría enviar una nueva petición de entrega de los tres fugados adjuntando la orden de detención nacional.

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