La justicia belga rechaza la entrega de los exconsejeros Comín, Serret y Puig por defectos en la euroorden

Varapalo judicial a los tribunales españoles. El juez belga ha rechazado este miércoles la entrega a España de los exconsejeros huidos a Bélgica, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig. El tribunal de primera instancia ha escuchado la petición de la fiscalía, que considera que la euroorden no cumple con los requisitos necesarios para su tramitación. "El ministerio público ha pedido al tribunal declarar las tres órdenes de detención europeas irregulares dada la ausencia de órdenes nacionales de arresto adecuadas. El tribunal ha aceptado esta petición", ha afirmado la fiscalía de Bruselas en un comunicado. Como todas las partes han estado de acuerdo, no habrá recurso, si bien nada impide que la justicia española pueda cursar una nueva euroorden si así lo estima conveniente.

La justicia belga ha argumentado su rechazo en que la euroorden no está sustentada en ninguna orden de detención nacional emitida por el magistrado del Supremo Pablo Llarena, sino que se basa en la lanzada meses antes por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Es decir, cuando Llarena emitió la nueva euroorden, la orden nacional en la que esta se apoyaba no se actualizó, lo que ha supuesto que tanto la fiscalía como el juez belga estimen que no estaba vigente. "Un auto de procesamiento no tiene el valor de una orden de detención y, por lo tanto, no puede constituir una base válida para ejecutar una orden de detención europea", afirma un escrito de la fiscalía belga del mes pasado, al que ha tenido acceso este diario.

Bélgica ya advirtió al juez Llarena en abril de que la segunda euroorden era incompatible con la orden nacional de detención al no existir equivalencia entre ambas en el relato, la estructura, las acusaciones o la descripción de los hechos. "El texto de la euroorden es muy distinto del de las órdenes nacionales, en realidad no son compatibles en absoluto", decía el escrito. Ello motivó que las autoridades judiciales belgas solicitaran más información al respecto, lo que provocó el aplazamiento de la vista del pasado 18 de abril en Bruselas apenas media hora después de su comienzo.

Este miércoles, los exmiembros del Govern llegaron a la vista separados. Puig fue el más madrugador, lo hizo a las 8.15 horas luciendo una corbata amarilla. Serret llegó media hora después. Y Comín, pasadas las nueve de la mañana. Aguardándoles a la entrada para arroparles antes de la vista estaban los eurodiputados Josep María Terricabras y Jordi Solé (ERC), junto a Ramon Tremosa (PDeCAT). Una hora y media después de internarse en los pasillos del mastodóntico Palacio de Justicia, volvían a la entrada visiblemente satisfechos.

Preguntado al respecto, Antoni Comín eludió referirse a la oferta del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de incorporarse como conseller a su nuevo Gobierno. En su lugar, lanzó un recado al Tribunal Supremo y al Gobierno español. "Basta ya de abusar del código penal. Basta ya de abusar del sistema de euroórdenes. No está funcionando. No les está sirviendo judicializar la política. El prestigio de la justicia española ante Europa está cayendo gravemente". Para Gonzalo Boye, uno de los abogados de los líderes independentistas, el próximo paso en la estrategia judicial española aparece claro: "Estamos seguros de que habrá una tercera euroorden", ha afirmado contundente.

Con su petición de hoy, el ministerio público belga ha cambiado su posición respecto al pasado 17 de noviembre. Aquel día, tras analizar la euroorden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, sí se mostró favorable al envío a España de los políticos independentistas, aunque desestimó uno de los delitos. El error de forma no solo supone un golpe para la justicia española en Bélgica, también abre la puerta a nuevos escenarios en la situación judicial de todos los huidos. Las euroórdenes cursadas por Llarena han sido emitidas conjuntamente para todos los políticos fugados, por lo que los abogados defensores no descartan que Alemania y Reino Unido también puedan detectar problemas similares en los casos de Carles Puigdemont y Clara Ponsatí, si bien los letrados no aseguran que la decisión de ambos países vaya a ser idéntica.

Serret (ERC), antaño responsable del área de Agricultura de la Generalitat, y Puig (JxCAT), su homólogo de Cultura en el Govern, están acusados en España de malversación y desobediencia. Mientras que Antoni Comín, exconsejero de Sanidad por ERC, se enfrenta a los cargos de malversación y rebelión. Este último delito es el que conlleva penas de cárcel más graves, de hasta un máximo de 30 años de prisión.

Los tres políticos independentistas llevaban en libertad sin fianza desde el pasado 6 de abril, cuando un juez belga decretó que podían quedar libres con varias condiciones: no salir de Bélgica, comunicar una dirección fija, y presentarse ante las autoridades cuando les sea requerido. Dichas medidas cautelares han quedado suspendidas este miércoles, aunque en caso de que alguno de ellos decidiera viajar a otro país europeo existe el riesgo de que la justicia española emita una nueva euroorden en un país donde la legislación sea, al menos sobre el guion, menos favorable para sus intereses judiciales.