La juez de la caja b del PSOE valenciano imputa a dos cargos de la exministra Beatriz Corredor

La juez de Madrid Mercedes Pérez Barrios imputó este viernes a Nicolás Mateos y Marcos Vaquer, altos cargos del Ministerio de Vivienda durante la etapa de la socialista Beatriz Corredor, en la investigación sobre un contrato de este departamento con la agencia de comunicación Crespo Gomar SL, eje de una supuesta trama de financiación ilegal del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) para las elecciones autonómicas de 2007. Durante su mandato, Crespo Gomar obtuvo un contrato de 126.000 euros para publicitar el Plan de Vivienda y Suelo 2009-2012 a través de un procedimiento de adjudicación supuestamente irregular.

Nicolás Mateos fue jefe de Gabinete de la ministra Corredor y Vaquer ejerció como máximo responsable de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Su imputación, por delitos de prevaricación y malversación de fondos, llega después de que la magistrada Pérez Barriostitular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, interrogara, también como imputados, a tres miembros de la Mesa de Contratación que dio luz verde a aquel expediente.

La magistrada, en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, imputa a otras siete personas, entre ellas Eva Cuesta, la que fue directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda en aquellos años y a la abogada del Estado en aquel departamento ya extinto Irene Domínguez-Alcahud.

Causa compleja

El contrato del Ministerio de Vivienda forma parte de la investigación que la juez de Valencia Nieves Molina remitió el pasado 19 de enero a diversos juzgados de Benidorm (Alicante), Gandía (Valencia) y Madrid capital y que deriva de una denuncia sobre supuesta financiación irregular del PSPV y Bloc —formación mayoritaria en Compromís—.

Según la investigación, Crespo Gomar SL, mercantil presidida por el hijo del exteniente de alcalde de Gandía Antoni Gomar, prestó servicios de comunicación a ambos partidos que fueron pagados en realidad por empresas adjudicatarias de contratos de administraciones gobernadas por los socialistas. Además del contrato con el Ministerio de Vivienda, otro juzgado de Madrid investiga un acuerdo con el Ministerio de Sanidad en 2008 por valor de 184.138 euros. La causa abierta en Benidorm tiene que ver con el suministro de un sistema de participación ciudadana electrónica —los llamados opinómetros— por 193.000 euros. Finalmente, la investigación de Gandía se refiere a la compra, por la Federación Valenciana de Fútbol, de un local propiedad del yerno de Antoni Gomar por importe de 525.000 euros, de los cuales 257.000 procedían de una subvención municipal.