La fiscalía se opone a dejar en libertad a los exconsejeros encarcelados

Las tres acusaciones personadas en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes del procés han pedido este miércoles al juez Pablo Llarena que mantenga en prisión a los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. La Sala de Apelaciones del alto tribunal ha celebrado la vista por los recursos de los cinco líderes independentista contra la decisión de Llarena de encarcelarles el pasado 23 de marzo tras procesarles por rebelión y, excepto en el caso de Forcadell, por malversación. La Fiscalía, el abogado del Estado y Vox se han opuesto a que salgan de prisión.

El Supremo dio la oportunidad a los cinco procesados cuyos recursos iba a revisar de estar pendientes en la vista junto a sus abogados, pero son Turul y Forcadell han querido acudir. Ambos han sido trasladados al alto tribunal desde prisión a primera hora de la mañana. Durante su comparecencia, Turull ha sostenido, según las fuentes consultadas, que el juez Pablo Llarena le encarceló para evitar que fuera investido presidente de la Generalitat. El exconsjero catalán y excandidato de Junts per Catalunya, ha asegurado ante los tres magistrados que revisarán su recurso que su ingreso en prisión se precipitó tras ser designado candidato a la investidura, lo que le hace dudar de la imparcialidad del instructor en este procedimiento. “Es la primera vez que vemos que un país democrático, en medio de una investidura, encarcela al candidato para evitar que sea investido”, ha dicho Turull, según ha explicado su abogado, Jordi Pina, a la salida del Supremo.

Por su parte, Forcadell ha explicado que ya renunció a su acta y no va a seguir en la vida política, por lo que no cabe pensar que pueda haber reiteración delictiva.

Todas las defensas han pedido que se cambie la prisión por medidas alternativas, como comparecencias diarias, entrega de pasaporte e incluso una pulsera telemática, una opción que por ahora no ven posible las acusaciones, que consideran que sigue habiendo riesgo de fuga y de reincidencia delictiva.