La policía detiene a parte del equipo directivo de la antigua directora de la Alhambra

En grupos de tres y a primera hora de la mañana, agentes de la Policía Nacional se han presentado hoy en el domicilio de diversas personas relacionadas con el antiguo equipo directivo del Patronato de la Alhambra. En la operación han detenido a 24 personas para ser interrogadas por presuntos delitos de organización criminal, fraude a la Administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias tanto por el caso de las irregularidades en las audioguías como por la ampliación que el juez solicitó para aclarar la gestión de contrataciones en el monumento. Todos han sido puestos en libertad con cargos, entre ellos la exdirectora de la Alhambra, su antigua secretaria general y el anterior responsable de Economía del monumento, además de varios funcionarios, personal de confianza del antiguo equipo directivo y algunos empresarios. Ahora quedan a la espera de ser convocados por el juez del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno.

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La actuación policial de este martes, que podría proseguir con nuevas detenciones, es el resultado de un auto judicial en el que se ampliaba la investigación sobre un posible delito vinculado con la gestión y explotación del sistema de audioguías de la Alhambra, según ha aclarado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El origen del caso surgido en julio de 2015 y en el que se detectaron supuestas irregularidades en la concesión por parte del Patronato de la Alhambra del servicio de audioguías a una empresa que dejó de abonar el canon al que estaba obligado, se amplió un año después en cuanto al objeto de la investigación, el número de personas supuestamente implicadas y los posibles delitos cometidos. La policía ha valorado el fraude por esta ampliación en siete millones de euros.

El operativo de hoy, denominado Colina Roja II, surge a raíz del análisis de la totalidad de los contratos adjudicados en la Alhambra a ocho empresas entre los años 2007 y 2015, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado. La policía sostiene que en la gestión de las audioguías se realizaron supuestamente adjudicaciones ilegales a empresas con el objetivo de que ciertos trabajadores fueran contratados por esas empresas para realizar su cometido en el recinto. A partir de ahora, según las fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, le toca al juez Moreno analizar “la voluminosa documentación intervenida y requerida en su momento al Patronato de la Alhambra y a otras instituciones” antes de llamar a declarar a los hoy detenidos.

La Junta de Andalucía, que forma parte de la acusación en el caso original de las audioguías,realizó una auditoría en el monumento a través de la Intervención General a petición de la Consejería de Cultura en agosto de 2015. En ella se detectaron "importantes debilidades" en los procedimientos de gestión y control del monumento en el Patronato de la Alhambra y el Generalife que, según se exponía, "han permitido la existencia de graves irregularidades en los expedientes tramitados", recoge Europa Press.

Del informe definitivo de esta auditoría se desprendía que estas irregularidades habrían significado "múltiples contratos públicos mediante el incumplimiento reiterado de los principios básicos de la contratación administrativa de publicidad, transparencia y concurrencia". A ello se sumaba la posibilidad de "un importante menoscabo de ingresos públicos en beneficio de determinadas empresas adjudicatarias". Ese informe fue remitido en su día al Juzgado de Instrucción 4 de Granada y se refiere al periodo 2011 a 2014, aunque también se revisaron hechos acaecidos en ejercicios anteriores y posteriores cuando se han considerado relevantes o que podían "no ser conformes a derecho".