La violencia no determina el delito en EE UU y Colombia

La regulación de los delitos sexuales y sus consecuencias varia ostensiblemente por países. En España, el Código Penal diferencia entre el abuso sexual continuado por el que fueron condenados los miembros de La Manada a nueve años de prisión y la agresión sexual o violación, en la que se requiere violencia o intimidación.  En América, casos recientes han encendido el debate.  

Estados Unidos. Salvando ciertas variaciones estatales, el uso de la violencia o intimidación no es un requisito necesario para que concurra el delito de agresión sexual. La clave para su aplicación es la falta de consentimiento. Así se ha visto en el juicio del humorista Bill Cosby, de 80 años. Un jurado de Filadelfia le ha considerado esta semana culpable de tres delitos de “asalto indecente agravado (aggravated indecent assault)” en la forma de penetración sin consentimiento, penetración mientras la víctima estaba inconsciente y penetración después de la administración de una droga. Los tres cargos pueden acarrear hasta 30 años de cárcel. En ninguno de los casos, Cosby golpeó ni amenazó a la víctima para lograr su propósito. Pero no tuvo su consentimiento, le administró además un sedante muy potente y realizó el acto sexual estando la mujer inconsciente. “Estaba mareada y no pude enfrentarme a él”, declaró la víctima, cuya insistencia en que no dio su aprobación a las relaciones sexuales ha tenido un valor determinante en el veredicto.

Colombia. Al menos dos mujeres cada hora fueron víctimas de una agresión sexual en Colombia en los dos primeros meses de 2018 y 13 sufrieron algún tipo de violencia. Los datos del instituto de Medicina Legal del país andino muestran un panorama aterrador y reflejan un aumento exponencial de los casos, sobre todo contra menores: un 22%. Las penas previstas por el Código Penal colombiano para estos delitos están en fase de revisión en sede parlamentaria y han generado un intenso debate político.

La legislación actual equipara el castigo para los supuestos de violación y de abuso sexual. Es decir, tanto “el que realice el acceso carnal mediante violencia” como quien lo cometa “con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento” se enfrenta a prisión de 12 a 20 años. Lo mismo ocurre con otras tipologías de agresión sexual. Las penas van de ocho a 16 años si el agresor recurre a la fuerza y a la intimidación o si pone a la víctima “en incapacidad de resistir”. Igualmente, con respecto a los que la ley califica de “actos sexuales abusivos”, establece que “el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de doce a 20 años”. El acoso y el hostigamiento están penados de uno a tres años.

Esta semana se llevó a cabo en el Senado el primer debate sobre un proyecto de ley que contempla la castración química para violadores de menores si los condenados aceptan someterse a ese procedimiento. Esta norma propone, además, que todo culpable de violencia sexual contra niños se enfrente a un castigo de 180 a 360 meses. Esta iniciativa, presentada en comisión por una senadora del Partido Social de la Unidad Nacional, una formación de centro que sostiene al actual mandatario, Juan Manuel Santos, deberá pasar al pleno del Senado y después a la Cámara de Representantes.

Este proyecto de reforma es una consecuencia de la enorme indignación que a finales de 2016 provocó el caso de violación y asesinato, en un barrio acomodado de Bogotá, de una niña indígena de siete años. El responsable del crimen, un arquitecto de 39 años, fue condenado a 58 años de prisión.

México. En México cada hora al menos una mujer está siendo víctima de una violación, 35 al día, según las cifras del año pasado recogidas por la Secretaría de Gobernación (Ministerio de Interior). Y si se tiene en cuenta que el 90% de los delitos no se denuncia por la falta de confianza en las autoridades, esta cifra podría aumentar trágicamente. La cantidad de mujeres que sufren algún tipo de agresión sexual, que no consiste en una violación, es, además, casi el doble.

En este país, más de siete mujeres al día mueren asesinadas por la violencia machista. Y pocas pueden decir que no han sufrido en toda su vida algún tipo de abuso sexual, la mayoría (el 66%) se han reconocido víctimas, según los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística.

En este contexto de violencia de género, que ha colocado al país en los peores momentos de su historia, superando la etapa más dura de Ciudad Juárez, el caso de un grupo de jóvenes adinerados del sureste mexicano, Los Porkys de Veracruz, supuso un punto de inflexión para una sociedad que observó cómo los ricos y poderosos iban a salirse, una vez más, con la suya. La violación en grupo de estos cuatro a una menor de edad en 2015 y cómo habían podido huir de la justicia, escaló las cotas más altas de indignación social. Y estos días, tras el juicio de La Manada, muchos han recordado aquel suceso y han criticado que México no es el único país que lo permite.

De los cuatro Porkys, solo dos han sido detenidos. Pues no hubo ninguna acción de la justicia hasta un año después, lo que les permitió a otros escapar. Uno fue absuelto porque mientras agredían a la chica él solo conducía el coche, no se tuvo en cuenta si fue o no cómplice de los hechos. Otro está en paradero desconocido, aunque los familiares de la víctima sospechan que se encuentra tranquilamente en su casa. Y los otros dos, uno extraditado por España el año pasado, todavía no han recibido una sentencia condenatoria.

En México el delito de violación está tipificado a nivel federal —en el caso de que se cometa, por ejemplo en un aeropuerto— y a nivel estatal. De manera que cada entidad impone diferentes penas. En Veracruz los agresores se enfrentan de seis a ocho años; y en la capital, que es una de las más duras, de seis a 17. La ONU ha advertido, no obstante, en diferentes ocasiones sobre la impunidad que existe: apenas el 20% de los casos se resuelve.

Información elaborada por Jan Martínez Ahrens (Washington), Francesco Manetto (Bogotá) y Elena Reina (México).