México admite la impunidad ante la violencia sexual

Los delitos sexuales en México son todavía un misterio. No hay una institución que pueda ofrecer cifras exactas de la incidencia de este delito, pues todas estiman que la mayor parte no se denuncia y que lo que se sabe de este problema es apenas la punta del iceberg. Lo que las organizaciones —y ahora el Gobierno federal— sí tienen claro es la causa de esta cifra negra: la desconfianza de las víctimas en la justicia.

“Muchas de las personas no quieren denunciar porque dicen que las autoridades no les creen. Atendemos a unas 140 por vez primera al mes; de esas, tal vez el 10% denuncia”, indica Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac).

El Gobierno federal también ha advertido de las fallas de su propio sistema judicial y de los de las 32 entidades del país frente a este flagelo. La Comisión de Atención a Víctimas realizó su primer diagnóstico sobre la atención por violencia sexual, pero advierte de que no permite un acercamiento, ya que acusa la cantidad de investigaciones y no el número real de violaciones y abusos. “Se están integrando menos de 20.000 averiguaciones previas por delitos sexuales por año, de promedio. Ello claramente indica que la impunidad en estos delitos es de grandes dimensiones”, afirma.

La Comisión estimó en 1.414.627 la cifra negra (número de casos no reportados) de delitos sexuales de 2010 a 2015 en los 16 Estados (la mitad del país) que le enviaron información. Duplicando la cifra para determinar el total nacional, lo calculó en 2.996.180, lo que significa casi 600.000 delitos sexuales al año. El organismo señala como causas la desconfianza de las víctimas hacia los operadores de la justicia penal, el maltrato de algunas autoridades y un marco jurídico que atenta contra la dignidad de las víctimas, al no otorgar una atención especializada para estos delitos. “Existe aún un amplio desconocimiento por parte de los operadores del sistema de justicia penal (fiscales y jueces) en materia de derechos de las víctimas de delitos sexuales, que deriva en violencia institucional violatoria de sus derechos humanos. Aunado al desconocimiento se suma la falta de sensibilidad”, detalla el informe.

Burocracia clave

El diagnóstico señala que, si existiera un registro completo y preciso de información sobre este delito, ayudaría a mitigar la necesidad de repetir entrevistas en diferentes servicios, lo que evitaría revictimizar a quienes ya sufrieron agresiones. “De acuerdo a nuestra experiencia, tienen miedo de denunciar porque hay doble victimización. No les creen o no les integran bien la denuncia, no se las redactan bien y entonces la mayoría pasan a reserva”, explica la directora de Adivac.

La burocracia juega un papel fundamental en la precisión de esta información, según el reporte, pues el registro de los casos debería ser realizado por el mismo personal que atiende a la población para disminuir los errores de captura; pero ello supone contemplar el tiempo para el registro en las jornadas laborales del personal. Otro de los fallos es la heterogeneidad en los códigos penales de los Estados, que a veces son distintos del Código Federal. Como muestra, los códigos de cuatro entidades aumentan las penas en los casos de violación impropia (la que se lleva a cabo con algo ajeno al cuerpo del agresor) y otros cinco disminuyen la sanción, aunque en los tres tipos de violación —propia, impropia y equiparada— el bien jurídico que se afecta es el mismo, por lo que debiera recibir igual sanción, según la Comisión.

“En México todavía nos dejamos llevar por la soberanía de cada Estado, pero la violencia contra las mujeres es la misma en todos lados. ¿Por qué no llegar a un consenso de manejar los mismos tipos penales en toda la República?”, expresan desde Adivac. El acoso sexual está tipificado como delito en la mitad de las entidades, y el Código Penal Federal tampoco lo considera. Según la Comisión, ni siquiera las comisiones de derechos humanos estatales registran los mismos datos sobre las denuncias.