Los presos endurecen su discurso

La ronda de comparecencias esta semana en el Tribunal Supremo de los nueve procesados por rebelión que están en prisión preventiva ha revelado un cambio de estrategia judicial de algunos de los principales encausados. Tras intentar sin éxito convencer con mensajes conciliadores al juez Pablo Llarena de que les dejara en libertad, han endurecido su discurso y han cuestionado la actuación del juez ante el propio instructor. El último en hacerlo fue este miércoles el exconsejero de Presidencia y excandidato a la investidura Jordi Turull, que reprochó al juez que pretenda decidir quién puede presidir la Generalitat y quién no.

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 En sus primeras declaraciones ante Llarena, todos se mostraron partidarios de abandonar el pulso al Estado, aseguraron acatar el artículo 155 de la Constitución y algunos convirtieron en “simbólica” la declaración de independencia aprobada en el Parlament. El objetivo era convencer al instructor de que les dejara libres. Los primeros en hacerlo fueron los exmiembros de la Mesa del Parlament, encabezados por la presidenta Carme Forcadell. Ellos acudieron a declarar al Supremo una semana después de que la Audiencia Nacional (que entonces instruía la causa contra el Govern) hubiera mandado a prisión al exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exconsejeros.

Los miembros de la Mesa temían correr la misma suerte, pero Llarena les concedió un último turno de palabra antes de decidir si les encarcelaba y todos se comprometieron a acatar la legalidad, tras lo que el juez les permitió eludir la cárcel.

Unas semanas más tarde, cuando el Supremo asumió la causa contra todos los investigados por rebelión y les citó a declarar, los exconsejeros se sumaron a la estrategia de los miembros de la Mesa para demostrar que no existía riesgo de que volvieran a delinquir. Algunos renunciaron a la vía unilateral y otros, como Junqueras, se limitaron a trasladar su compromiso con el diálogo. Tras estas declaraciones, Llarena dejó en libertad a Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Meritxell Borrás, pero mantuvo en prisión al exvicepresidente, a los líderes de ANC y Òmnium (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente) y al extitular de Interior Joaquim Forn.

Los que salieron a la calle, en plena campaña electoral, trataron de medir sus palabras para no incumplir el compromiso adquirido ante el juez, pero la decisión del instructor de volver a encarcelar a cinco de ellos el pasado 23 de marzo tras procesarles por rebelión ha hecho saltar por los aires la estrategia conciliadora.

Las declaraciones de esta semana ante el juez revelan que en el cambio de discurso han influido también las dudas vertidas hacia la instrucción por el tribunal alemán que debe decidir si entrega a Puigdemont (a las que han aludido varios investigados) y los vetos de Llarena a las investiduras de Sànchez y Turull. Ellos han sido dos de los que se han mostrado más críticos con el juez y han coincidido en denunciar que se está vulnerando la separación de poderes y la “libertad ideológica”. El exlíder de la ANC reprochó al instructor su “falta de objetividad”, mientras que Rull le acusó de actuar “coordinado” con el Gobierno.

Fuentes de las defensas y de las acusaciones que han asistido a las comparecencias señalan que algunos procesados están siendo “muy duros” con el trabajo de Llarena y se han vivido momentos de tensión, aunque el juez no se lo ha recriminado y se ha limitado a invitarles a recurrir sus decisiones. El abogado de Turull (que también lo es de Rull y Sànchez), Jordi Pina, aseguró este miércoles, sin embargo, que el ambiente en la sala es cordial y que su defendido solo había mostrado su desacuerdo con las resoluciones del juez. “No hay ningún enfrentamiento”, afirmó el letrado.