España y Venezuela pactan retomar relaciones y el retorno de sus embajadores

Los Gobiernos de Mariano Rajoy y del venezolano Nicolás Maduro han acordado este miércoles, tras casi tres meses de crisis diplomática bilateral, abierta y descontrolada, recuperar sus relaciones más básicas y restablecer el funcionamiento normal de sus embajadas con el regreso a sus puestos de los embajadores destinados en ambos países expulsados a finales de enero. La semana pasada el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, entregó en Madrid a su homólogo español, Alfonso Dastis, a través de un emisario, una carta en la que pedía esa tregua política y la normalización de esas relaciones. Desde entonces se han producido varias negociaciones que se han concretado hoy sobre la base de una frase que es toda una declaración de intenciones y que se ha introducido al final del segundo párrafo pactado en el comunicado: "En el marco del respeto mutuo y del Derecho Internacional". Es decir, España se reserva su derecho a discrepar de nuevas y futuras actuaciones del Gobierno de Maduro.

En el texto con el que se ha anunciado este miércoles, a última hora, el pacto se especifica que "el Reino de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, han acordado iniciar un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas en beneficio de sus ciudadanos, que están unidos por estrechos vínculos que deben preservarse".

El anuncio explica a continuación que como consecuencia de ese acuerdo los dos países "han convenido el regreso en los próximos días de sus embajadores, con el fin de restituir los canales de diálogo diplomático entre los dos gobiernos, en el marco del respeto mutuo y del Derecho Internacional". Maduro ha celebrado la decisión en un vídeo que ha publicado este miércoles en Facebook y ha asegurado que recibirá "con afecto" al embajador español. "Ojalá las relaciones mejoren, así debe ser", ha añadido.

Fue el Gobierno de Venezuela el que decidió el pasado 25 de enero expulsar de ese país y declarar persona non grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, con el argumento de que se le acusaba de "continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos" del país sudamericano, según un comunicado del Ministerio de Exteriores venezolano aunque en realidad se responsabilizaba al diplomático español por delegación y como represalia por el último paquete de sanciones adoptado por la Unión Europea y que se presumía que había liderado Mariano Rajoy.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español, liderado por Alfonso Dastis, confirmó a continuación la expulsión Fernández y anunció que en el siguiente Consejo de Ministros tomaría "medidas de reciprocidad proporcionadas", que en el lenguaje diplomático avanzaba la inmediata expulsión a su vez del embajador venezolano en Madrid, Mario Isea.

Dastis habló la semana pasada con Jorge Arreaza, tras recibir su carta durante un viaje gira por diversos países de la UE y desde entonces se estableció una negociación para asegurar que pese al retorno respectivo de los embajadores, cada país guardaría su autonomía para disentir y mostrar sus discrepancias sobre distintas actuaciones políticas. El embajador español ya estaba alertado de la posibilidad de este acuerdo desde hace días y está preparado para volver a su despacho incluso este mismo fin de semana.

Este acercamiento obedece también a la necesidad de mantener una vía de comunicación abierta con el ejecutivo de Maduro ante la realidad de que en Venezuela hay más de 200.000 españoles censados pero no varía la postura de España tampoco con respecto a las sanciones europeas ni a los ataques contra los derechos y libertades de numerosos dirigentes venezolanos en la oposición.

En el Gobierno interpretan que esta petición ahora de Maduro tiene que ver con que cada vez está más aislado en el panorama internacional y quiere dar la sensación de que hace algún gesto de apertura de cara a las elecciones presidenciales tan criticadas, que ha convocado unilateralmente y sin garantías para el próximo 20 de mayo. Unos comicios que han sido cuestionados duramente por el propio Rajoy, como hizo precisamente la semana pasada durante su viaje oficial a Argentina en compañía del presidente Mauricio Macri.