La fiscalía alemana alega no tener medios legales para recurrir la libertad de Puigdemont
El Gobierno alemán insiste en que el caso está exclusivamente en manos de la Justicia
La Fiscalía General del estado federado alemán de Schleswig-Holstein, donde se encuentra encarcelado el expresidente catalán Carles Puigdemont, ha asegurado este viernes a la agencia de noticias DPA que no tiene "ningún medio legal" para recurrir la decisión del tribunal de desestimar la acusación de rebelión ni la libertad bajo fianza de 75.000 euros.
"No existe medio legal alguno para que la Fiscalía recurra la decisión de dejarle en libertad o la desestimación de la acusación de rebelión", ha explicado a DPA una portavoz de la Fiscalía de Schleswig-Holstein, rechazando así las informaciones aparecidas en las últimas horas que apuntaban a esa posibilidad.
Por su parte, el Gobierno alemán ha insistido este viernes en que el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont está exclusivamente en manos de la Justicia y negó que la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig Holstein afecte a las relaciones con España.
"No hay nada nuevo que se pueda decir sobre el tema, se trata de un caso que está en manos de la Justicia y que no afecta a las relaciones entre los dos gobiernos", dijo en rueda de prensa la viceportavoz del Ejecutivo alemán, Ulrike Demmer.
El Tribunal Regional Superior dictaminó el jueves libertad con medidas cautelares para Puigdemont y descartó imputarle el delito de rebelión por el que está procesado en España.
La justicia germana, no obstante, mantiene contra el político soberanista la acusación de malversación de fondos públicos, el segundo de los delitos incluidos en la orden de detención europea (OEDE) activada por el Tribunal Supremo español y autorizó la salida de prisión de Puigdemont condicionada al pago de una fianza de 75.000 euros, una cantidad que, según la ANC, ya habría sido transferida.
Se espera su salida de la cárcel a lo largo de la mañana de este viernes.
Una vez libre, el líder soberanista no podrá abandonar el país y deberá personarse ante la Policía en Neumünster una vez por semana e informar de cualquier cambio en su domicilio.
El político de 55 años lleva más de cinco meses fuera de España, país que abandonó tras ser cesado como presidente catalán para instalarse en Bélgica.
No hay un plazo determinado para que la justicia alemana se pronuncie sobre su entrega a España, aunque lo recomendado es 60 días ampliables a 90 en casos excepcionales.
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