El Poder Judicial pide protección para el juez Llarena y los magistrados en Cataluña

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida en sesión extraordinaria, pidió este domingo al Ministerio del Interior medidas para proteger al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y a su familia, después de conocer que su casa en Das (Girona) apareció con pintadas que lo acusan de “fascista”.

El CGPJ pidió asimismo extender la protección a todos los jueces y magistrados en Cataluña. Según el comunicado, las acciones contra la residencia de Llarena, el juez que ha procesado a los responsables del intento secesionista, “entrañan una manifiesta coacción sobre el magistrado y su familia que atentan contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como miembro y servidor del Poder Judicial”.

El CGPJ también insta a la Fiscalía General del Estado para que se proceda a la investigación de los delitos que se pudieran haber cometido con esta acción. El Consejo hizo, asimismo, un llamamiento “a la sensatez y la calma a la ciudadanía en Cataluña para que cualquier discrepancia que mantenga con el contenido de las resoluciones judiciales se exprese por cauces civilizados y dentro de la ley”. En ese sentido, subrayó, que “solo en la ley y con respeto a la ley es posible expresar la discrepancia”.

El órgano también advierte en el comunicado de que “amparará y defenderá la independencia del Poder Judicial y de quienes lo ejercen en Cataluña”. La declaración fue aprobada con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y de los vocales Fernando Grande-Marlaska, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, José María Macías y Pilar Sepúlveda. La vocal Concepción Sáez ha votado en contra.

Seguridad reforzada

Fuentes del Ministerio del Interior aseguraron ayer que durante la mañana, antes de conocerse los hechos, se tomó la decisión de reforzar la seguridad del juez Llarena, informa Óscar López-Fonseca.

No es la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial interviene con motivo del conflicto independentista catalán. La comisión permanente del Poder Judicial, también en una sesión extraordinaria, aprobó recientemente una declaración en la que reprochaba al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, que se refiriera a los detenidos por su participación en el procés como presos políticos en un acto institucional. En ese acto, la cúpula judicial catalana abandonó la sala como protesta.

Entonces consideró que “las manifestaciones realizadas en un ámbito institucional por quien ostenta la representación de un Parlamento autonómico” lo obligaban a “recordar a las instituciones y a la sociedad que el Poder Judicial actúa siempre desde la más absoluta independencia”.

El Consejo también multó con 600 euros al juez de Barcelona Federico Vidal, por haber difundido en su correo corporativo expresiones como “terrorismo policial” y “terroristas de uniforme” para referirse a la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.