Los 13 gestores del “fanatismo violento” de la rebelión

El juez Llarena individualiza los hechos que imputa a los cabecillas del proceso independentista

Carles Puigdemont durante una conferencia en la Universidad de Helsinki.Juanjo Galán (efe) / atlas (atlas)

En su resolución, el magistrado del Supremo individualiza las responsabilidades de los 13 procesados por rebelión. En el caso del expresident Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn, el juez recuerda que pese a ser informados por los jefes de los Mossos de posibles “incidentes violentos” y de ser conscientes de la decisión judicial de prohibir el referéndum y de la movilización de 6.000 policías y guardias civiles para evitarlo, “prefirieron ordenar la continuación del proceso”. Los tres “llamaron a la población a la movilización y a la participación, e impulsaron el diseño de un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”, afirma Llarena.

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Respecto a los líderes de las entidades soberanistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el juez considera que gracias a su capacidad de convocatoria en medios y redes sociales, “impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir la votación, de retirar el material electoral, y de alcanzar el recuento el día 1-O”.

Estos cinco procesados conforman una suerte de núcleo director de la supuesta rebelión. Junto a ellos, el magistrado cita a otro grupo de políticos que contribuyeron a “garantizar la realización de la votación”, conscientes de que era la “llave para la proclamación de la independencia” en los términos recogidos en las leyes de ruptura aprobadas en septiembre de 2017.

Sobre Marta Rovira, ex secretaria general de ERC fugada este viernes, el juez Llarena afirma que su participación "ha sido esencial a lo largo de todo el proceso” en dos vertientes. Por un lado, participó "en la ideación de los mecanismos de actuación", y por otro dio "impulso parlamentario" a las leyes de ruptura y coordinó políticamente los "esfuerzos de múltiples sectores de la administración" para organizar el referéndum ilegal. Según el juez, Rovira "asumió una responsabilidad rectora para lograr la plena disponibilidad de los centros de votación el día 1 de octubre, tal y como reflejan las conversaciones telefónicas aportadas".

Sobre Jordi Turull, candidato de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat y exportavoz del Govern, el juez recalca que “gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum, además de coordinar las infraestructuras informáticas puestas al servicio de la celebración del referéndum”. Se encargó también del reclutamiento de miles de voluntarios para constituir las mesas electorales y de elaborar el registro de catalanes en el exterior.

Raül Romeva, ex consejero de Exteriores, trató, según el auto, de “favorecer el reconocimiento de la república catalana en el extranjero a través de Diplocat” y “asumió la llegada de distintos observadores internacionales que dieran legitimidad al referéndum”.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que ayer dimitió como diputada autonómica, tuvo una “participación medular” en el procés. “Sometió a la decisión de los diputados la aprobación de la legislación de soporte que sirve de coartada legitimadora al proceso, aun contrariando para ello las reiteradas prohibiciones y requerimientos del Tribunal Constitucional”, señala Llarena. El magistrado recuerda que Forcadell “puso la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república”, además de arengar a las movilizaciones del 20 de septiembre y del día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Los exconsejeros Toni Comín (Salud) y Dolors Bassa (Trabajo) “asumieron el control de todos los locales dependientes de sus respectivas consejerías, para garantizar su puesta a disposición del referéndum y asegurar su éxito”, y “permitieron la utilización de sus departamentos para soportar parcialmente el gasto derivado” de la consulta ilegal. La exresponsable de Educación, Clara Ponsatí, impulsó la ocupación de los colegios catalanes para celebrar el referéndum.

Finalmente, sobre Josep Rull, exconsejero de Territorio, además de participar en múltiples reuniones de la estrategia separatista, el juez destaca que “impidió que un ferry que estaba destinado a acoger a una parte importante de los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña, pudiera atracar en el puerto de Palamós”.

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