El Gobierno deja la solución en manos del juez Llarena

El Gobierno ha decidido dejar en manos del Tribunal Supremo la solución para evitar que Jordi Turull pueda ser presidente de la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo señala que un debate de investidura como el de ayer no puede ser impugnado porque es completamente legal. Por tanto, para evitar que Turull se convierta en molt honorable sólo caben dos opciones: que el juez Pablo Llarena le envíe a prisión hoy viernes, y que así no pueda acudir al debate del sábado, o que pierda esa segunda votación porque no consiga los apoyos suficientes.

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Si el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena toma hoy medidas cautelares contra Turull, la segunda sesión de investidura no podría celebrarse, como ya ocurrió en su momento con la de Carles Puigdemont, fugado en Bruselas.

El Gobierno sostiene que el pleno de ayer se convocó acorde con el Reglamento del Parlamento de Cataluña y, al menos hasta ayer, el candidato que pidió el voto para su investidura, Jordi Turull, estaba en condiciones de poder solicitarla, según fuentes gubernamentales. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitió que el pleno de investidura se convocó "reglamentariamente" y que, por lo tanto, no podía ser impugnado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Y el Ejecutivo considera improbable que pueda poner obstáculos a que el sábado vuelva a intentarlo y obtenga la mayoría suficiente si antes no ingresa en prisión.

Esta es la tesis que ha prevalecido en el Ejecutivo y ninguna otra de carácter jurídico constitucional que le hubiera podido llevar a tratar de impedir este jueves la investidura de Jordi Turull. Catalá anticipó en el programa Más de Uno, de Onda Cero, los posibles supuestos que pueden darse y admitió que el Gobierno no podía impugnar el pleno. A esas horas tempranas el Gobierno daba por supuesto que Turull sería nombrado este jueves presidente de la Generalitat por el voto favorable de la CUP. Todo cambió cuando esa formación aunció que no prestaría su apoyo a Turull y, por tanto, el candidato tendría que presentarse ante el juez sin ser president.

La situación para el Gobierno no es la misma con investidura o sin ella como presidente de la Generalitat de Jordi Turull. El Ejecutivo estaba preparado para que la próxima semana este dirigente fuera nombrado presidente sin que pudiera hacer nada para impedirlo. El movimiento de juez Pablo Llarena de convocarle este viernes y la respuesta del presidente del Parlamento catalán de convocar un pleno urgente para investirle, trastocó los planes iniciales del Gobierno.

Por otro lado, el artículo 155 de la Constitución se mantendrá vigente hasta que en la Generalitat no haya un gobierno "conforme a Derecho", según anunció el Ejecutivo. Si el juez Llarena dictara contra Turull medidas de privación de libertad no se levantaría el artículo 155 aunque el Parlament fuerce la situación para investirle.

En caso de que Turull no fuera a la prisión, Felipe VI tendría que firmar su nombramiento en el caso de conseguir los apoyos suficientes en la votación porque "los actos del Rey son formales, que no aportan un elemento de voluntad", según Catalá. No obstante, para que Turull pueda ejercer también necesita la firma del presidente del Gobierno y la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, algo que está en manos del Ejecutivo.

Es más, el Gobierno también podría presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional acogiéndose a la ley que le permite impugnar disposiciones autonómicas sin fuerza de ley. Eso dejaría en suspenso el nombramiento durante cinco meses, si bien ayer el Ejecutivo no comentó esta posibilidad entre las opciones que barajaba.

Lo mejor de todo esto, según el Gobierno, es que se ha puesto en marcha el reloj reglamentario para que, si ningún candidato obtiene la mayoría suficiente, se convoquen elecciones dentro de dos meses para celebrarse 54 días después. Este desbloqueo es lo único positivo que el Ejecutivo encuentra en esta situación de pulso de los independentistas al Estado.