Una agenda, pinchazos y correos para desmontar el ‘procés’

En su informe definitivo al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la Guardia Civil establece las responsabilidades individuales que observa en cada uno de los principales actores del proceso independentista catalán. Esta labor de desbroce de los hechos atribuidos a cada uno de los imputados es indispensable para que el magistrado pueda dictar su auto de procesamiento y para que posteriormente las acusaciones y las defensas pueden redactar sus escritos de calificación. Los investigadores han tenido en cuenta todos los elementos del sumario, aunque destacan la agenda Moleskine intervenida al ex secretario general de la Consejería de Economía, Josep Maria Jové y el análisis de los correos electrónicos y las copiosas declaraciones públicas de los imputados en los dos años anteriores a la declaración de independencia. Lo que sigue son las conclusiones referidas a los principales investigados.

Carles Puigdemont: la Guardia Civil considera al expresidente fugado a Bélgica “máximo responsable”, junto al exvicepresidente Oriol Junqueras, de “activar la vía unilateral” que desembocó en la declaración de independencia del 27 de octubre. Ambos están catalogados como principales organizadores del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre, junto al exconseller de Exteriores Raül Romeva.

Del análisis de sus correos electrónicos se desprende que como máximo dirigente de la Generalitat, Puigdemont difundió el “relato independentista” a organismos y autoridades internacionales, así como a políticos estadounidenses influyentes. “Se ha comprobado que mostró su agradecimiento a Josep Lluís Trapero [exjefe de los Mossos] por no impedir el referéndum” a pesar de las órdenes judiciales que lo prohibían. De sus declaraciones públicas, los agentes denuncian que Puigdemont “participó en una estrategia de descrédito de las instituciones del Estado” y propuso contar con un “ejército que garantizase la seguridad de una hipotética Cataluña independiente”.

Oriol Junqueras: Además de su papel en la organización del referéndum, su departamento “fue clave en la implementación de las estructuras de Estado” como el Centro de Tecnologías de la Información (CTTI), el banco central catalán, la Seguridad Social o la Hacienda propia. Tras el referéndum, Junqueras rechazó convocar elecciones autonómicas anticipadas y declaró que se debía proclamar la independencia “lo antes posible”. El documento también contempla como indicios de su actuación presuntamente delictiva las declaraciones del exvicepresidente catalán desde la cárcel de Estremera. “Fue una de las personas que puso en marcha los ataques y el descrédito a las instituciones del Estado”. Junqueras facilitó, según los correos, 3,43 millones de euros desde la Consejería de Hacienda para la campaña del referéndum ilegal a petición de Jordi Turull.

Jordi Turull: El ayer candidato a la Generalitat es calificado por la Guardia Civil como un personaje “extraordinariamente relevante” del procés. Los investigadores le consideran integrante de los comités “estratégico” y “ejecutivo” de los independentistas, y destacan su papel en la organización del referéndum, incluido el pago de parte de los gastos a través de la Consejería de Presidencia que encabezaba. El documento lo sitúa en seis reuniones claves y enumera tres llamadas que lo incriminan.

Marta Rovira: La portavoz de Junts pel Sí y número dos de ERC, en libertad bajo fianza, participó en las reuniones sobre la “hoja de ruta” independentista. Los pinchazos telefónicos resaltan su papel en la organización del referéndum del 1 de octubre, en especial en la movilización de los alcaldes para instalar las mesas electorales en Ayuntamientos de toda Cataluña. Josep Maria Jové, número dos de la Consejeria de Hacienda “daba cuenta” a Rovira de los avances en la infraestructura de la consulta ilegal, según la Guardia Civil. El informe recuerda sus manifestaciones, que nunca llegó a probar, de que alguien le advirtió de que el Estado estaba dispuesto a usar “armas de fuego” y al Ejército para evitar la independencia, y que habría “sangre y muertos”.

Anna Gabriel: La Guardia Civil recuerda una reunión de noviembre de 2016 de la denominada “War Room”, registrada por Jové en su agenda Moleskine, en la que la exportavoz de la CUP, fugada a Suiza, supuestamente advirtió que no renunciarían a la estrategia de la desobediencia y pidió que algún mando policial avisase a los antisistema en caso de que fueran a ser detenidos. De sus declaraciones “queda patente” que su voluntad era “una declaración unilateral de independencia efectiva y sin dilaciones”. Gabriel hizo llamamientos a la movilización el 1 de octubre para “desbordar la acción del Estado” y también para la huelga general convocada el 3 de octubre en las que se bloquearon las principales infraestructuras de Cataluña, y destacó el papel de los llamados Comités de Defensa de la República en ese paro.

Jordi Sànchez: El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana participó y “marcó el camino a seguir” en el desarrollo de la hoja de ruta para la independencia. Su entidad fue “un pilar básico en la construcción del proceso independentista” y Sànchez ejerció una posición de “clara influencia” en las decisiones del Govern. El documento destaca las movilizaciones ciudadanas protagonizadas por la ANC, en especial el control de los colegios electorales el 1 de octubre, y los altercados ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre, cuando una multitud hostigó a los guardias civiles que trabajaban en la Operación Anubis de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum. Un correo suyo lleva como archivo adjunto un documento sobre los preparativos de una acampada alrededor del Parlament con estrategias para ejercer resistencia a las fuerzas policiales.

Jordi Cuixart: el presidente de Òmnium Cultural, entidad que cuenta con 70.000 afiliados, participó, junto con otras agrupaciones soberanistas, en enero de 2016, en una reunión en la que se discutió “ni más ni menos que la presidencia del Govern”. La Guardia Civil destaca su “elevadísima implicación” en la organización del referéndum. El poder de convocatoria de Òmnium se empleó, según los agentes, para el asedio a la comisión judicial que el 20 de septiembre dirigía la Operación Anubis. Del contenido de los correos intervenidos se infiere que Òmnium “está interesada en promover a nivel internacional el conflicto catalán” presentando a España “como un estado opresor en el que no se respetan las leyes ni los derechos civiles”.

Carme Forcadell: como presidenta del Parlament autorizó las votaciones de las leyes de desconexión y permitió que se votase la declaración de independencia el 27 de octubre, frente a los informes contrarios del letrado mayor y el secretario general de la Cámara autonómica. Participó en reuniones preparativas del proceso independentista. Recibió a una delegación de una treintena de observadores que vigilarían la correcta celebración del referéndum “y tuvo palabras de agradecimiento para los alcaldes y los Mossos por haberlo hecho posible”.

Artur Mas: durante su presidencia suscribió con Oriol Junqueras el acuerdo para la “transición nacional” de Cataluña en 2012 y se pusieron las bases para la creación de las llamadas estructuras de Estado. También se celebró la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, por la que fue condenado a inhabilitación por un delito de desobediencia. Actuó como ideólogo y consejero del procés, lanzó advertencias al Estado de que no podría parar el referéndum y se anticipó a la inacción de los Mossos al advertir que el 1 de octubre se debía ir con mucho cuidado porque habría mucha gente en la calle.

Raül Romeva: participó en la organización del referéndum y tuvo una participación fundamental en la venta del relato en el extranjero, en lo que se denominó la internacionalización del procés. Dio instrucciones y destinó presupuesto para que Diplocat, la red de embajadas de la Generalitat en diferentes países, lograra apoyo internacional para el referéndum. Pagó 200.000 euros a los observadores internacionales de la consulta del 1 de octubre.

Joaquim Forn: Como consejero de Interior y máximo responsable de los Mossos, su tendencia marcadamente independentista “tensionó el cuerpo policial llevándole a desobedecer las resoluciones judiciales”, sobre todo a la hora de evitar el referéndum, pero “procurando enmascarar esa desobediencia” para “no incurrir en responsabilidad penal”. La cúpula política de Interior fue la que decidió “cómo y de qué manera” actuarían los Mossos. Forn manifestó que para Cataluña era “indispensable” contar con una agencia de inteligencia propia.