El cubo mágico hispano-catalán a final de marzo y primeros de abril

He aquí los nuevos elementos que complican la resolución de un rompecabezas más multidimensional que el cubo de Rubik tridimensional. Por orden cronológico:

1. La Fiscalía del Tribunal Supremo pospuso del viernes a hoy lunes, día 19 de marzo, la elevación de un escrito dirigido al magistrado instructor, Pablo Llarena, en el que se solicita que dicte una resolución para invalidar los pasaportes de los seis investigados que se encuentran fuera de España.

2. El Tribunal Constitucional celebrará un pleno de tres días —martes, miércoles y jueves— en el que se examinará una segunda petición del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) para que dicte una medida cautelar que haga correr el reloj de los dos meses a fin de que haya investidura o se celebren nuevas elecciones.

El TC también resolverá esta semana una nueva solicitud de la defensa del diputado encarcelado Jordi Sánchez para que le deje en libertad.

3. La Sala de Recursos del Tribunal Supremo examinará este martes, día 20, los recursos de apelación del exconsejero Joaquim Forn y del diputado y candidato Jordi Sánchez contra la decisión del magistrado Llanera de mantenerles en prisión.

 4. El magistrado instructor, Pablo Llarena, que ya ha incoado sumario ordinario (el delito de rebelión se castiga con penas de prisión superiores a nueve años) se dispone a dictar los autos de procesamiento en Semana Santa.

5. Una vez que estos autos sean firmes, tramitación breve, el magistrado reabrirá la euroorden de detención y entrega de Puigdemont y los procesados que se encuentren en el extranjero.

6. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido finalmente aprobar el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2018 tres días más tarde de lo previsto con anterioridad. El consejo de ministros dará la luz verde el 27 de marzo y el documento entraría en las Cortes el 3 de abril.

7. Si para primeros de abril la investidura catalana sigue sin resolverse y, por tanto, no se forma Govern, seguirá vigente el artículo 155 de la Constitución de intervención de la autonomía. En estas condiciones, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) continuará con su posición contraria a apoyar los presupuestos de Rajoy.

Todos estos elementos —sin contar otros que sin duda pueden aflorar— permiten perfilar las crecientes —no decrecientes— dificultades de resolver el rompecabezas.

Veamos por orden cronológico.

El Palacio de la Moncloa sigue con detalle los movimientos de Carles Puigdemont y los exconsejeros que se han sustraído a la acción judicial y viajan a distintos países.

La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió dos comunicados, uno el lunes 12 de marzo y otro el pasado jueves, con mensajes diametralmente opuestos.

En el primero de ellos, en línea con la orientación del magistrado Llarena, se anunciaba que “respecto a la situación de los investigados que se encuentran fuera del territorio nacional el, Ministerio Fiscal procederá a ejercitar las oportunas peticiones una vez que se haya dictado auto de procesamiento en la causa”.

El anuncio de un viaje de Puigdemont —y de la exconsejera Meritxell Serret— de Bruselas a Ginebra para participar en un debate sobre el derecho de autodeterminación este pasado domingo, día 18 de marzo, y en un acto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como ya ocurriera en enero con el traslado de Puigdemont a Copenhague, Dinamarca, movilizó al Gobierno de Rajoy.

La FGE, a su vez, anunció que pediría, a través del Ministerio del Interior “en colaboración con Interpol, que se realicen las gestiones necesarias ante las autoridades competentes en Suiza a los fines de determinar la viabilidad de la detención de los fugados y de su reclamación a efectos de extradición” y, además, solicitarían al instructor “la adopción de medidas cautelares…. consistentes en limitación de la validez del pasaporte de los fugados”.

Sabido es que aún si se informa a las autoridades administrativas de los países de la Unión Europea y de los que están en el acuerdo de Schengen (Suiza sigue dentro), aquellos que permanecen fuera del radar de la justicia española pueden viajar a esos países con el DNI. Por tanto, la medida de limitar la validez del pasaporte sería inocua si lo que se busca —y de eso se trata— es confinarles a los países en los que residen.

Vayamos a los dos grandes asuntos: investidura y procesamientos.

Este martes 20 de marzo, el Tribunal Constitucional analizará, según se apuntaba, una segunda petición del PSC para que se ponga en marcha el periodo de dos meses establecido por el Reglamento del Parlamento catalán cuando hay una investidura fallida, a fin de que si en dicho plazo no se ha producido sean convocadas nuevas elecciones.

EL PSC presentó recurso de amparo y pidió al TC que hiciera correr los dos meses cuando se “aplazó” la sesión de Puigdemont, el pasado 30 de enero. El TC admitió a trámite el recurso, pero no adoptó ninguna medida cautelar ya que prometió resolver el fondo de la solicitud en sentencia. Al aplazarse la investidura de Sánchez, el PSC volvió, la semana pasada, a la carga.

El TC insistirá, según fuentes judiciales, nuevamente en que va a resolver el recurso de amparo sin adoptar hasta entonces una medida cautelar.

Por ejemplo, sin resolver que el pasado 30 de enero el reloj empezó a mover sus agujas, con lo cual el plazo de los dos meses terminaría el próximo 30 de marzo.

En otros términos, el TC no va a disolver o adoptar una medida que supondría la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones.

Pero en el pleno que celebrará después de la Semana Santa, ya en el mes de abril, el TC estará en condiciones de dictar sentencia sobre el recurso de amparo del PSC. Y en dicha sentencia resolvería sobre el plazo de dos meses. Una posibilidad sería la de que el reloj se pondría en marcha a partir del día de la notificación de la sentencia. Esto prolongaría el vencimiento de los dos meses aproximadamente a primeros de junio.

Es probable, empero, que los acontecimientos se precipiten a finales de marzo y primeros de abril.

Como se ha apuntado, el TC resolverá esta semana un recurso de súplica de la defensa de Sánchez para obtener la libertad, una petición que será denegada. Y el recurso de apelación de Sánchez para conseguir la libertad u obtener permiso penitenciario para acudir al Parlament que se verá este martes, día 20, ante la Sala de Recursos del Supremo, conocerá idéntica suerte.

Esto supondría, pues, el final del Plan B o la candidatura de Jordi Sánchez y el plácet para pasar, a últimos de marzo y primeros de abril —Semana Santa mediante— al Plan C: la candidatura de Jordi Turull.

Este plan se cruza con la agenda del magistrado Llarena, qué prevé dictar los procesamientos precisamente en Semana Santa.

Los autos de procesamiento incluirán, según ya ha anticipado Llarena en sus resoluciones anteriores, la aplicación del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dicho artículo, introducido en 1988, prevé que cuando el auto de procesamiento es firme —tras ser ratificado por el instructor y la Sala de Recursos— y se investiga a personas relacionadas con bandas armadas, terroristas o rebeldes “decretada la prisión provisional el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

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Por tanto, Llarena al aplicar este artículo a los procesados provocará la suspensión de su condición de diputados a aquellos que se encuentran en prisión —Oriol Junqueras y Jordi Sánchez— y de Carles Puigdemont y Toni Comín —para quienes se ha decretado ya la prisión y se ratificará en el procesamiento—, lo que obligará a hacer correr la lista para seguir contando con los escaños.

Turull no está, por tanto, en este caso ya que se encuentra en libertad provisional bajo fianza. Será procesado por Llarena pero solo si el juez considera que no ha cumplido los compromisos y ha incurrido en reiteración delictiva decretaría su prisión

Por tanto, Turull podría técnicamente ser candidato, aunque no para cumplir el programa de proceso constituyente para llegar a la república, según el acuerdo suscrito entre Junts pel Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para obtener el apoyo de la CUP.

Pero es que si son inhabilitados Puigdemont y Comín y corre la lista de diputados, los dos partidos soberanistas asegurarían la mayoría con sus 66 escaños, sin necesidad del respaldo de la CUP.

Todo esto nos lleva, pues, a una situación compleja a primeros de abril. Si no hay investidura y no se forma Govern, el proyecto de presupuestos que Rajoy quiere llevar a las Cortes en esos días seguiría sin contar con el respaldo del PNV para salir adelante, habida cuenta de la vigencia del artículo 155 de la Constitución.