El CNI niega al juez datos sobre la supuesta contratación de un imputado del ‘caso Púnica’

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha remitido al juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, un escrito en el que rechaza facilitarle información sobre los supuestos tratos que mantuvo durante 2013 y 2014 con el experto informático Alejandro de Pedro, imputado en la causa de corrupción por el supuesto cobro de dinero público para mejorar la reputación en Internet de políticos del PP. El magistrado quería saber si era cierto, como afirma De Pedro, que este estuvo una decena de veces en la sede del CNI y fue contratado por el organismo.

García-Castellón había pedido al CNI que certificase en qué fechas se habían producido esas supuesta visitas de De Pedro a las oficinas centrales del servicio secreto en Madrid. También solicitaba el detalle de los supuestos trabajos que una de las mercantiles del informático, Eico Online Comunicación SL, había realizado “bien directamente, bien bajo supervisión” para el CNI en el mismo periodo. Finalmente, el juez reclamaba información sobre las “cantidades económicas que el CNI o persona o entidad relacionada con el citado centro abonó” al experto informático y a su empresa. De Pedro asegura en sus escritos que buena parte de los 82.250 euros en metálico que la Guardia Civil encontró en su domicilio en Valencia cuando fue detenido en octubre de 2014 procede, precisamente, de pagos efectuados por el servicio secreto “por determinados servicios que afectan a la seguridad nacional”.

En su respuesta, el CNI evita pronunciarse sobre la veracidad de las afirmaciones de De Pedro, y se escuda, para no informar, en el artículo 5.1 de la ley que regula su funcionamiento desde 2002. Dicho punto determina que la “organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias” están consideradas “información clasificada con el grado de secreto”. Fuentes de la institución añaden que la misma solo puede ser facilitada a un juez previa autorización del Consejo de Ministros.

La petición de García-Castellón se produce después de que el propio De Pedro reclamase dicha información en sendos escritos de los pasados 22 de diciembre y 1 de febrero, en los que pedía que se le devolviese el dinero que se le intervino en su domicilio al considerar que este tenía “procedencia lícita” precisamente por ser supuestos pagos del CNI.

Esos supuestos pagos se produjeron, según ha reiterado el informático, por realizar trabajos para hacer frente a los mensajes lanzados en las redes sociales contra España por diversos colectivos. Entre ellos, yihadistas, independentistas catalanes y la izquierda abertzale. De Pedro afirma que el resultado de su trabajo se plasmó en varios informes que guardaba, junto a los mensajes de correo electrónico que intercambió con agentes del CNI, en los ordenadores que le intervino la Guardia Civil. Denuncia que ninguno de ellos se ha incorporado al sumario.

Ya anteriormente, el experto informático de la trama había pedido que se aportara a la causa otro material que, según él, demostraría sus tratos con el servicio secreto. En concreto, el contenido de los 25 SMS y 12 llamadas de teléfono que supuestamente intercambió con integrantes del CNI hasta pocos días antes de su detención. De Pedro aseguraba que dichas comunicaciones fueron interceptadas por la Guardia Civil durante la investigación del caso Púnicapero que nunca fueron incorporadas a la causa.

Alejandro de Pedro ha pedido hasta en tres ocasiones que estas llamadas y mensajes sean tenidas en cuenta en la investigación al considerar que demuestran que los trabajos que hizo para mejorar la imagen en internet de políticos y cargos públicos del PP de Madrid, Valencia, Murcia y León eran absolutamente legales y que, de hecho, fue su “especial profesionalidad y capacitación” la que llevó al CNI a contratarle. Estos contactos se registraron supuestamente entre el 1 de julio de 2014 —día en el que se inició la intervención de su teléfono por orden judicial— y el 8 de octubre de ese año, dos semanas antes de que fuera detenido. El informático siempre ha declinado detallar el contenido de estos contactos.